Después de 3 años y 5 meses de litigios, hoy llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proyecto “histórico” que busca regular la publicidad oficial que sirve como mecanismo de control hacia los medios de comunicación: al beneficiar a periodistas complacientes con el gobierno y perjudicar a los que son críticos.
Para entender un poco las cifras: la administración pública federal a cargo de Enrique Peña Nieto reportó un gasto acumulado de 2013 a 2016 de más de 34 mil millones de pesos, monto cercano a los daños materiales generados por los sismos registrados el 7 y el 19 de septiembre que ascienden a 38 mil millones y sobre ejerciendo un presupuesto en 15 mil millones de pesos.
De salir victoriosa la resolución, acarrearía consecuencias positivas incluso en materia internacional de cómo los amparos “que están a la mano de la ciudadanía, se pueden empujar y detonar cambios estructurales”, comentó Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
En el caso concreto de la publicidad oficial, explicó que “se podría mejorar la situación de los medios de comunicación para garantizar su independencia”, al evitar la “instrumentalización de los medios de comunicación, que repercute en el derecho de acceso a la información de las personas”.
FUENTE: EDUCA OAXACA
AUTOR: REDACCION
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