De acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el peor de esos cinco años fue 2016 con mil 431 desapariciones. La entidad donde han ocurrido más casos es el Estado de México.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 33 mil 482 personas registradas como desaparecidas en México desde 1979 y hasta julio de 2017, de los cuales 6 mil 079 son niños y adolescentes, lo que representa el 18.2% del total de desapariciones. De esa última cifra, el 70% ocurrió durante la presente administración, y la diferencia con las anteriores es dramática: durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) hubo 23 y en el de Felipe Calderón (2007-2012) hubo mil 584; mientras que a un año y medio de que concluya la gestión del priista Enrique Peña (julio 2017), se habían reportado 4 mil 394 desapariciones.
El año 2016 fue históricamente el más grave en materia de desaparición de menores con mil 431 casos reportados, casi una cuarta parte (23.5%) del total que registra el RNPED, y en 2017 las desapariciones de población de 0 a 17 años de edad suman ya 812 casos, denuncia la Red en el informe ‘La infancia Cuenta 2017’ que presenta este jueves. Para el grupo de organizaciones defensoras de la infancia se trata ya una “epidemia”, al ser una situación que el Estado no ha tenido la capacidad de reconocer ni de dar respuesta apropiada.
El Estado de México es la entidad con el mayor número de niños y adolescentes desaparecidos en el país: hasta julio de 2017 se registraron mil 498 casos. “El Estado de México representa el reino de la impunidad de este país. Claramente muestra cómo el crimen organizado puede capturar al Estado. Puede mostrar cómo la vida de las personas, literalmente, no vale nada”, dijo a Animal Político el director de Redim, Juan Martín Pérez.
Aunque el Edomex es la entidad más poblada del país, no se puede atribuir a este factor el gran número de desapariciones, ya que al calcular la tasa por cada 100 mil habitantes de entre 0 y 17 años de edad, sigue encabezando la lista: 10.4 por cada 100 mil sólo en 2016, seguido de su vecino Puebla con 9.6, así como de Sinaloa y Colima, ambos con 9.1, de acuerdo con los cálculos de Redim.
Sin embargo, la Red advierte que estos números son sólo una aproximación al problema, ya que la cifra negra (casos que no se denuncian) en delitos cometidos contra niños llegó hasta 93.6% en 2016. Las organizaciones atribuyen esta crisis a varias causas que se acentúan en un contexto de impunidad, “donde aun cuando se denuncia no pasa nada, donde hay omisión de las autoridades como forma intencionada de inhibir la denuncia, y donde no se considera a los niños como responsabilidad del Estado, sino de sus familias”, refiere Juan Martín Pérez.
No más ‘intocables’
El director de Redim indica que no hay evidencia de que esta ola de desapariciones de menores de edad tenga algo que ver con ellos, directamente; sino que es un “triste” síntoma de la gravedad de la crisis de seguridad que vive todo México. “Hay una ruptura terrible en 2011 en el marco de la lucha contra el narco, cuando se empezaron a fragmentar los grupos criminales rompieron sus códigos de relación: eso significaba no tocar a las familias y eso se rompió. Empezó a haber muchos homicidios de niños que iban con sus padres, para dar la lección de cobrar la vida de los seres queridos”, explica Pérez.
De acuerdo con el Instituto de Estadística (Inegi), en 2015 se registraron 20 mil 762 homicidios en México, de los cuales 5% (mil 057) corresponde a población de 17 años o menos. La tasa de mortalidad por esta causa en 2015 fue de 2.6 homicidios por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes. “En Guerrero documentamos venganzas en las que entregaban cuerpos mutilados de niñas y niños. Ya no hay límite en respetar la vida de niños, personas mayores, mujeres”, lamenta el activista y recuerda el caso de la familia ejecutada en septiembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde fueron asesinados un padre y sus hijos, uno de ellos de 16 años. Sus cuerpos aparecieron juntos con el tiro de gracia en un lote de ese municipio.
La guerra contra el narcotráfico ha impactado a los menores no sólo por los homicidios y desapariciones, advierte el informe de Redim, también por el reclutamiento forzado de niños y adolescentes en los grupos delictivos; la orfandad y el desplazamiento forzado.
Otra de las causas del aumento en las desapariciones es la trata de personas, flagelo que explica por qué la mayoría de los menores ausentes son de sexo femenino: de acuerdo con el reporte, seis de cada 10 casos son de niñas y adolescentes mujeres. “Este incremento está claramente asociado con una nueva vertiente de negocio criminal en la trata con fines de explotación sexual. Se dan cuenta de la vulnerabilidad de las mujeres adolescentes y los altos índices de impunidad”, indica Juan Martín Pérez.
Viajan solos
La desaparición de menores también ocurre con frecuencia en el contexto de la migración ilegal, particularmente cuando los niños viajan solos para encontrarse con sus padres en Estados Unidos. “Esto presupone una alta situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes, quienes en muchas ocasiones son violentados durante los trayectos, abandonados o utilizados dentro de actividades delictivas”, indica el informe de Redim. “Lamentablemente, las niñas, niños y adolescentes no acompañados se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a esta clase de delitos”.
El fenómeno de los menores que migran solos ha crecido exponencialmente en los últimos tres años, según diversos estudios de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y Human Rights Watch. La postura de México frente a este problema, como país de tránsito, ha sido deportar a más del 85% de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de Centroamérica, que huyen de la violencia en sus países. Al intentar evitar su deportación, los menores quedan a merced de los grupos criminales que prometen ayudarlos a cambio de dinero.
Adopciones ilegales
Una de las situaciones más graves que Redim ha identificado en los últimos años respecto a la desaparición de niños y adolescentes es su sustracción desde instituciones de cuidado –albergues y centros de reintegración- para entregarlos en adopciones ilegales, como fue el caso Casitas del Sur en 2008, cuando un grupo criminal vinculado a una secta “creó albergues para llevarse a los niños a otros países y algunos fueron entregados en adopción irregular a familias de la secta en el país, sin que hasta el momento haya autoridades sancionadas por estos hechos, mientras siguen desaparecidos la mayor parte de los chicos”, recuerda el director de la Red.
Pérez explica que el Estado mexicano no tiene albergues propios, sino que los 700 centros que dan refugio a 30 mil niños en el país son gestionados en instituciones privadas. Además, los anexos centros de tratamiento para adicciones en adolescentes se han convertido en blanco de ataques de la delincuencia, que los usa como espacios de reclutamiento.
Respuesta insuficiente
El informe 2017 de la Red por los Derechos de la Infancia advierte que la epidemia de desapariciones no disminuirá mientras el Estado no implemente mecanismos efectivos de búsqueda, ya que hasta ahora cuenta con herramientas insuficientes como la alerta Amber, que resulta inútil si los ministerios públicos retrasan las búsquedas bajo el pretexto de que el o la menor podrían haberse escapado. “Hay retardo en el inicio de las diligencias de investigación por parte de las autoridades ministeriales, así como el paradigma tutelar que aún impera en las autoridades de procuración de justicia que estigmatizan a las víctimas, especialmente cuando éstas son personas adolescentes, pues esta estigmatización limita las líneas de investigación”, refiere el texto.
Juan Martín Pérez propone dos herramientas iniciales: anular la investigación oficiosa e implementar una alerta similar a la de feminicidios en municipios con altos índices de violencia y desaparición de menores. “Se tiene que desatar la búsqueda sólo con el aviso. Un niño que no está con sus tutores está desaparecido y en riesgo, no extraviado. Este principio ayudará a que la autoridad actúe de forma inmediata. Si buscamos es porque no están, claro que puede pasar que los adolescentes se enojen y se vayan de su casa, pero al buscarlos por defecto no se pone en riesgo su vida”, advierte el director de Redim.
Además de crear mapas dinámicos para ubicar patrones regionales que pudieran anunciar un foco rojo, es necesario cruzar los datos de niños en albergues, ya que actualmente no existen directorios oficiales, según Juan Martín Pérez. También se requiere cruzar las bases de datos de los servicios forenses estatales, ya que muchas de las desapariciones podrían encontrar respuesta allí. “Lo importante es entender que es un tema grave que requiere respuesta institucional articulada, es un delito vivo, latente, son niños que mientras tanto pueden estar siendo víctimas de otros delitos”, concluye.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CLAUDIA LATAMIRANO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/11/desaparicion-de-ninos-pena-nieto/