Lo recuerdo bien: aquellas jóvenes se plantaron detrás de la rejilla de prácticas del Juzgado Segundo de lo Penal, ubicado en la cárcel de Santiaguito –algunas de ellas visiblemente lastimadas en sus rostros y brazos–, y desde ahí dieron cuenta de los hechos. En esa misma rejilla también se habían apilado los hombres detenidos durante ese mismo operativo. Y también se les veía muy golpeados.
Tocamientos, penetraciones con dedos u objetos, pellizcos… Todo fue denunciado desde aquellas primeras horas, aún sabiendo el estigma con el cargarían desde entonces; porque en México la criminalización de género es una realidad y a una mujer violada o abusada sexualmente siempre se le carga la culpa, sea por como viste o, en este caso, por andar de “revoltosas”.
Pero las valientes víctimas sostuvieron siempre sus acusaciones, a pesar de las campañas mediáticas desatadas en su contra, donde se les revictimizó sistemáticamente al tildarlas de mentirosas.
Revictimización
Aquellas denuncias dadas en la rejilla de prácticas caían en oídos sordos (como han seguido cayendo hasta la fecha): el juez Jaime Maldonado permanecía inerte en su oficina, decorada con una fotografía del entonces gobernador del Estado de México y actual presidente Enrique Peña. No escuchaba los abusos, no los quería ver a pesar de que estaban marcados en aquellas pieles amoratadas.
Peor aún, el juzgador fue parte de la cadena de victimarios que daban una “lección ejemplar” a los opositores de los megaproyectos, al dar cauce a una infundada averiguación previa –la 96/06– donde se les acusaba del delito de delincuencia organizada.
Pese a la insensibilidad del personal del Juzgado y de algunos reporteros que también cubrían la presentación de las decenas de detenidos durante aquel operativo, las mujeres continuaban narrando el terrible episodio que vivieron.
Botín de guerra
Históricamente, el cuerpo de la mujer ha sido desvalorizado y convertido en botín de guerra, ultrajado y sometido a los caprichos del agresor. Y eso fue lo que pasó con estas mujeres en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Por años, los oídos sordos y los ojos ciegos del gobierno –autor y principal responsable de esos abusos– se multiplicaron, pero las mujeres de Atenco no cejaron en su búsqueda de justicia. Y llegó el día en el que los representantes de este atroz sistema han tenido que dar la cara y, por primera vez, han sido obligados a escuchar.
Los testimonios
En total, 31 mujeres denunciaron tortura sexual. Sólo 11 llevaron sus casos ante la Corte Intermaericana de Derechos Humanos, en donde cinco de ellas dieron sus testimonios el pasado 16 de noviembre.
Gabriela Cuevas Jaramillo, sobreviviente, fue una de las portavoces, al tiempo que pidió a la Corte que se haga justicia en este caso para que esta brutalidad policial no se vuelva a repetir.
Durante su conmovedor relato, recordó el abuso que sufrió durante el traslado al penal de Santiaguito, una vez que fue detenida junto con decenas de personas que sólo ejercían su derecho a la protesta.
“Nos vuelven a subir en fila india al camión. En ese momento en el que nos suben, nos golpean. A mí me apilan encima de un montón de gente. Pierdo la conciencia durante varios minutos, porque aparte del olor de la sangre, que era muy fuerte, pues apilan a más gente arriba de mí. Vuelvo a recobrar la conciencia cuando van quitando a la gente y la empiezan a acomodar. Ahí empiezo a escuchar gritos, sigo con la cabeza tapada. Me hincan en uno de los asientos y ahí es donde empiezan a tocarme más: a tocar mis pechos muy fuerte. Realmente no era un error: lo que estaban haciendo estaba bastante bien planeado, porque yo oí que en cada momento [los policías] estaban esperando una señal. Todo estaba planeado. No creo que estas personas lo hayan hecho solas. Venía de un mando, de alguien que ya tenía rato pensando cómo deshacerse de periodistas, o de mujeres, o de reprimir esto. De verdad no sé en qué cabeza [cabe] hacerle esto a una mujer”.
Norma Aidé, otra de las víctimas, revivió también otro momento terrible: “Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Después la camioneta se detiene, me obligan a bajar. Me pasan con otros policías que visten totalmente distinto: todos de negro”.
Tras la tortura que vivieron a manos de agentes del Estado mexicano, estas mujeres se describen como rotas. Ellas fueron quebradas por quien debería haber garantizado su vida, su libertad, su salud, sus derechos, así que lo mínimo que el gobierno, que el Estado mexicano les debe es la reparación integral del daño. Pero lejos de eso, los mezquinos funcionarios volvieron a defender lo indefendible, a tildar de mentirosas a las sobrevivientes de esos tratos crueles, degradantes e inhumanos.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del gobierno peñista, aseguró ante los juzgadores de la Corte que desde 2013 el Eslado mexicano ha reconocido su responsabilidad, pero son las víctimas las que se han negado a aceptar la reparación.
“Es falso que no se han ofrecido medidas de reparación. Las víctimas decidieron no aceptar, pero el Estado las ofreció en todo momento. incluso en reuniones con ellas”, señaló el representante gubernamental. Nuevamente, vulneró a las víctimas.
El Estado es responsable y tiene que pagar. Los ejecutores de esta brutal agresión deben ser juzgados y sentenciados y se debe garantizar la no repetición estos ilegales actos. No basta con reconocer a medias, porque a estas mujeres les arruinaron la vida, y eso jamás se podrá remediar.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: NANCY FLORES