En entrevista para SinEmbargo, Emilio Cruz, vocero de Reforestamos, recordó que hasta 2015 el Gobierno de México, a cargo de Enrique Peña Nieto, hablaba de una pérdida anual de 155 mil hectáreas forestales; no obstante, datos de Global Forest Watch revelan que en 2016 se perdieron al menos 255 mil hectáreas, lo que significa un incremento cercano al 40 por ciento.
“Son 100 mil hectáreas más de la tendencia de años anteriores. Esto es un asunto grave que hay que atender lo más pronto posible”, remarcó.
Chiapas y la Península de Yucatán –que comprende los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche– han sido las regiones más deforestadas a causa de la agricultura que incluye cultivos transgénicos, actividades mineras y en menor medida, construcción de infraestructura turística.
Campeche es el estado más deforestado de toda la Península de Yucatán, con 54 mil 761 hectáreas de selva tropical perdida, o sea 22 por ciento del total deforestado a nivel nacional. Ese territorio, junto al de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas suman 150 mil hectáreas deforestadas, que es casi el total de lo que mide la Ciudad de México.
Yucatán presentó una pérdida de aproximadamente 23 mil hectáreas y Quintana Roo reportó 17 mil 824 hectáreas. Por otro lado, informó, Guerrero tuvo su peor año en lo que va del siglo XXI, con 8 mil hectáreas deforestadas.
“Cuando se mide la deforestación se hace a través de los cambios de uso de suelo. El terreno cambia de actividad a temas agrícolas de transgénicos, forraje para el ganado y otros monocultivos. En menor medida está la infraestructura de complejos turísticos. Aquí lo impactante es el tema de agricultura”.
Recientemente, un análisis realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) con apoyo de Cartocrítica, señaló que en el país existen 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56 por ciento está concesionado a proyectos mineros, tanto de empresas nacionales como internacionales.
Ante este panorama, Cruz destacó que “la minería es un tema relevante. Según la Ley Minera, la actividad tiene preferencia sobre otras actividades. Siempre se privilegia a la minería aunque beneficie sólo a unos cuantos y no a la comunidad”.
Asimismo, manifestó que los cambios de uso de suelo son aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), por lo que subrayó la necesidad de desarrollar una estrategia en la que se determine en qué lugares se otorgan o se niegan.
HAY AVANCES, PERO SON INSUFICIENTES
–¿Se va a privilegiar la calidad de vida de las personas que viven en estas localidades, o se va a privilegiar el negocio de algunas empresas? –se le pregunta al especialista.
–Tenemos que lograr articular esta visión territorial, y eso se logra con mejor capacidad técnica, herramientas de análisis y personal calificado.
En contraste, las áreas más conservadas en términos de bosques están en Oaxaca, Michoacán, Durango y Chihuahua, donde se hace aprovechamiento maderable y manejo forestal sustentable. Además de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que cuentan con plan de manejo.
“Hay que recordar que en el país tenemos varias ANP; sin embargo, no todas tienen planes de manejo. Aquellas que se atienden sí se han logrado conservar. Entonces, ahí hay un tema pendiente para el Gobierno mexicano”, expuso.
En diversas ocasiones, organizaciones de la sociedad civil han destacado la importancia del manejo forestal comunitario, ya que actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos.
De acuerdo con la organización Greenpeace México, de las 181 ANP decretadas en el país únicamente 102 cuentan con un programa de manejo.
No obstante, reconoció, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Semarnat firmaron un compromiso para restaurar 8.5 millones de hectáreas antes de 2020.
Asimismo, hace un año, los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán y Campeche firmaron un Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), con el que se pretende reducir hasta en un 80 por ciento la deforestación para el mismo año y alcanzar la cero deforestación para 2030.
“El Gobierno mexicano ha dado pasos avanzados en el tema. Sobre todo con la firma del Acuerdo de la Península y con el convenio que la Sagarpa y la Semarnat firmaron para que las asignaciones de subsidios agrícolas del siguiente año no se den en lugares que se están deforestando”, dijo.Finalmente, hizo un llamado a las autoridades en turno a lograr concretar que las políticas públicas se ejecuten con una visión territorial.
Con visión a 2018, pidió al próximo Gobierno evitar que existan más recortes presupuestarios al sector ambiental y que las nuevas contrataciones tengan la capacidad técnica necesaria para trabajar “en el territorio y no desde el escritorio”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-11-2017/3354197