Así se consumaba una respuesta a la petición del Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda de regularizar las operaciones que el Ejército realiza en las calles desde el 2006. Sin embargo, no es hasta este jueves 30 de noviembre que la Comisión de Gobernación ha convocado a la discusión de un dictamen sobre Seguridad Interior.
Organizaciones civiles alertaron que el marco jurídico que se pretende aprobar agravaría la crisis de violencia por la que atraviesa el país.
La propuesta cuenta con el respaldo del Gobierno federal. El 12 de diciembre del año pasado fue el propio Presidente Enrique Peña Nieto quien abogó por un marco de seguridad interior. Y hoy, a la espera de la sesión en la Cámara de Diputados, ha vuelto a reiterar este mensaje.
“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo durante la inauguración de la onceava Brigada de la Policía Militar.
“Lo que se quiere es poner en papel lo que actualmente está haciendo el Ejército en tareas de seguridad pública. Se quiere regular una práctica que lleva más de diez años y que es notoriamente inconstitucional y contraria a las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos”, explicó José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH).De acuerdo con aquella propuesta de Camacho, se entienden como amenazas a la seguridad interior los actos violentos que quebranten la gobernabilidad, los fenómenos naturales y cualquier acto que ponga en peligro la estabilidad o la paz del país.
A finales de agosto, 240 organizaciones civiles que integran la iniciativa #SeguridadSinGuerra, pusieron sobre la mesa una propuesta alternativa a la que se pretende aprobar por la Comisión de Gobernación.
“Aquí el problema es que se le quiere dar un carácter de permanente a lo que es extraordinario. Hemos tenido acercamientos con varios legisladores. Ofrecieron un debate y no lo ha habido. Dicen que hay un dictamen y no es público. No hay transparencia”, reclamó Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos humanos y Democracia (IMDHD).
En vez del uso de las fuerzas castrenses, las organizaciones civiles destacaron la necesidad de dejar las tareas de seguridad pública en manos de la policía como lo marca la Constitución, dejar las medidas excepcionales con base a los artículos 29 y 119; la profesionalización de las policías civiles; un programa de regreso a los cuarteles del Ejército; e implementar mecanismos de justicia y verdad.
El investigador de la UNAM señaló que “la idea de la ley no son las Fuerzas Armadas, sino es establecer con toda claridad y precisión a qué ámbito de la autoridad le toca la responsabilidad de la materia de la seguridad pública”, acompañada de plazos para que las tareas se cumplan.
Mientras que en el artículo 21 de la Constitución se señala que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil, el investigador recordó que existe un reconocimiento constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea auxilie a las autoridades civiles.
Datos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez dan cuenta de que la labor de las Fuerzas Armadas ha estado acompañada de un aumento en las quejas por violaciones a los derechos humanos.
Durante el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas. En tanto que el sexenio calderonista y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto presentaron 10 mil 751 quejas.
Asimismo, entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la Secretaría de la Marina y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a ser 22 mil 473.
“Ha quedado más que demostrado que en 10 años la militarización no ha ayudado a mejorar la seguridad pública. En sí misma esta estrategia de seguridad fracasó. En términos particulares si uno mira los pormenores de la ley en realidad está dándole mayor discrecionalidad al Ejército para no rendir cuentas y abrirle la puerta para cometer nuevas atrocidades como Tlatlaya”, dijo Michael Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC.
No solo son los grupos civiles mexicanos los que se oponen a esta normativa, este día 11 organizaciones internacionales llamaron al Congreso de la Unión a no avalarla debido a que “levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional.
El pronunciamiento fue firmado Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights, World Organisation Against Torture (OMCT).
La oposición de izquierda ya dio la espalda a la iniciativa que se pretende discutir mañana.
“El tema de seguridad interior, que el PRI y sus aliados se han empeñado en sacar en este periodo legislativo y que seguramente el día de mañana estaremos viendo una especie de albazo legislativo” vaticinó Clemente Castañeda jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano esta mañana.Al interior de la comisión de Gobernación que discutirá el dictamen el PRI cuenta con 12 integrantes y el Partido Acción Nacional (PAN) con siete, ambos partidos a favor de la Ley de Seguridad Interior suman 21 de 32 votos posibles, suficientes para mandar el dictamen al pleno la Cámara de Diputados.
“El PRI, el Verde y sus aliados, tienen la mayoría simple que es lo que se requiere para aprobar una ley en el Congreso. Y por lo que hemos escuchado la van a empujar”, advirtió el Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRD) Rafael Hernández Soriano.Con 2 mil 371 carpetas por homicidio doloso, octubre es ya el mes más violento de los últimos 20 años. Y el anuncio de la sesión de la Comisión de Gobernación se da sólo tres días después de que el PRI anunciara a José Antonio Meade como el futuro candidato presidencial.
“En materia electoral lo que quiere hacer este Gobierno es aprovechar el miedo, el temor de la población de la inseguridad que vivimos para decirles yo sí me preocupo por ustedes y aquí está el Ejército, sin embargo, hemos visto que en cinco años no han hecho absolutamente nada, todos los índices han crecido”, apuntó Guevara.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
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