Así lo indican el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la asociación Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), las organizaciones que el martes 7 solicitaron la AVG por el aumento en las desapariciones de mujeres, los feminicidios y las irregularidades en las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) en los casos de violencia contra las mujeres.
Durante el foro “Los rostros de la impunidad: violencia feminicida en la Ciudad de México”, realizado esta mañana en el Hotel Imperial, Omaira Ochoa Mercado, directora de Fortalecimiento Institucional de Justicia Pro Persona e integrante del equipo jurídico de la Red de Otoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada, habló con Apro sobre los cuestionamientos que las tres organizaciones han hecho al mecanismo.
Lo anterior a escasos días de que se dé a conocer el informe con las recomendaciones que el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera deberá atender en un plazo no mayor a seis meses.
Los cuestionamientos
El primer cuestionamiento de los organismos sociales se refiere a que en la integración de Grupo de Trabajo de Expertas no hubo un proceso “abierto, transparente y público”, a pesar de que el 17 de octubre pasado se pidió por escrito a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, (SNPASEVM), Lorena Cruz Sánchez, publicitar la metodología de selección.
Ante la petición de las organizaciones para exigir la apertura del procedimiento, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres aplazó por seis días más la convocatoria para reunir al grupo de expertas entre el 11 y el 17 de octubre.
Sin embargo, narra Ochoa Mercado, fue el SNPASEVM el que designó a los expertos que elaborarán el informe en el que se defina la pertinencia o no de emitir la AVG solicitada por las tres organizaciones mencionadas.
El proceso no permitió que otras especialistas concursaran, pues no fue abierto ni se publicitó, insiste la entrevistada.
Al final, los cuatros representantes de instituciones académicas o de investigación locales y nacionales que intervinieron, según lo determina en Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron las representantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iris Rocío Santillán, y Martha Walkyria Torres Falcón, abogada y criminalística, la primera, y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en la mujer, la segunda.
También participaron la doctora en Derecho, Aleida Hernández Cervantes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor en Demografía, Carlos Javier Echarri Cánovas, del Colegio de México (Colmex).
Sobre el académico del Colmex, Ochoa Mercado comenta: “La selección de Carlos Echarri nos deja dudas pues fue compañero de Teresa Incháustegui Romero” en el colegio, quien a la postre llegó a la dirección del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres-CDMX).
“Además –comenta–, él ha recibido financiamiento a través de su trabajo como investigador del gobierno de la ciudad y del Inmujeres.
“Si bien no podemos poner en duda su trabajo como investigador y como especialista, sí nos deja un poco preocupadas por estas cercanías”.
Del resto de las elegidas, Ochoa Mercado señala que “han demostrado ser personas cercanas, sensibles a la problemática”.
Omisiones
Las tres organizaciones cuestionaron también la metodología a partir de la cual se elaborará el informe que en breve entregarán las expertas al gobierno de la CDMX.
“Los expertos deciden la forma en la que llevan a cabo sus acciones para implementar los mecanismos para la investigación. Nosotras no tenemos acceso a la metodología, es algo que también cuestionamos. Preguntamos cuál era la metodología que se utilizó para la investigación, simplemente para saber si es la adecuada o no, incluso para ver si las propias víctimas podían aportar más información.
“Hubo una petición para transparentar todo el proceso, expresa, formal, a través de un escrito presentado ante el sistema que se hizo al de elegir al grupo de especialistas”, relata la directora de Fortalecimiento Institucional de Justicia Pro Persona.
La dependencia nos pidió tener la confianza de que las especialistas iban a ser elegidas de manera meticulosa; también nos solicitó los nombres de las víctimas que podrían ser entrevistadas para que tener claridad del patrón sistemático y reiterado de una actuación deliberada de parte de las autoridades.
No obstante, al final, el grupo eligió a las personas que consideraron pertinentes, así como la metodología.
Ochoa Mercado estima que las recomendaciones que finalmente entregue el grupo de trabajo de expertas a Miguel Ángel Mancera, quien deberá atender de manera inmediata, deberá contener recomendaciones que consideren la extensión territorial de la capital, incluso de cada delegación.
“Desde mi punto de vista tendrían que ser generales, como propuestas de política pública. Pero si el grupo de expertas lo considera pertinente, urgente y necesario, también podría hacer recomendaciones particulares, ya sea de casos o de alguna zona de la ciudad con características específicas que requiera una atención muy especializada.
“La manera en que se podría garantizar que ese mecanismo no tuviera que pasar un proceso –que ya es en sí mismo largo–, es a través de una propuesta de reforma al reglamento, incluso a la propia ley general.
“Sí antes era prácticamente imposible acceder al mecanismo de AVG, ahora hay un huequito; sin embargo, no está la puerta abierta. Hay que estar todo el tiempo defendiendo el derecho de las organizaciones a solicitar la alerta”.
La violencia femenina
En el foro “Los rostros de la impunidad: violencia feminicida en la Ciudad de México”, Luz Estrada Mendoza, coordinadora del OCNF destacó que, de enero a junio de 2017, la organización registró 784 asesinatos de mujeres en 13 entidades: Estado de México, CDMX, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima.
De ese total, sólo 49% fue investigado bajo el delito de feminicidio.
La mayoría de las mujeres han sido encontradas con lesiones infamantes como estrangulamiento, golpes, heridas por objetos punzocortantes y quemaduras, ya sea por exposición directa al fuego o por agua hirviendo.
Estrada Mendoza subrayó que, a pesar de que la CDMX fue la primera en tipificar el feminicidio como un delito autónomo y cuenta con un protocolo especializado para la investigación ministerial, pericial y policial del delito de feminicidio, “actualmente vive un estancamiento y un contexto de violencia sexual, desapariciones y feminicidios que violenta la vida e integridad de las mujeres”.
Según los datos proporcionado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Persona y el OCNF, de 2012 a 2016 la PGJ-CDMX ha documentado 260 feminicidios.
De ese total, 59 se registraron en Iztapalapa, 29 en Gustavo A. Madero, 24 en Cuauhtémoc, 22 en Tlalpan, 17 en Álvaro Obregón, tres en Azcapotzalco, siete en Benito Juárez, 18 en Coyoacán, seis en Cuajimalpa, nueve en Iztacalco, cinco en Magdalena Contreras, 12 en Miguel Hidalgo, seis en Milpa Alta, 16 en Tláhuac, 11 en Venustiano Carranza y 16 en Xochimilco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARELI VILLALOBOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/512218/ong-repudian-irregularidades-en-mecanismo-alerta-genero-la-cdmx