CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Parte de la fortuna y del imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, se gestó desde el paraíso fiscal de Bermuda, sede del despacho de servicios offshore Appleby.
La sociedad de Bermuda resultó una pieza clave de Slim para asentar su imperio en el sector de la telefonía móvil en Sudamérica Brasil. En febrero de 2001, Telecom Americas Ltd. compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess, S.A., que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente, América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas Ltd., y se quedó sola al frente.
Esa fue la primera incursión de Slim en la telefonía móvil latinoamericana, y abrió el camino a un próspero negocio: América Móvil es ahora la empresa líder en las telecomunicaciones del subcontinente, donde cuenta con 362 millones de clientes.
En 2008, la empresa de Slim se acercó por segunda ocasión a Appleby, con el propósito de establecer la sociedad Claro Caimán en las Islas Caimán, para registrar nombres de dominio en la jurisdicción.
Una revisión exhaustiva de los más de 6 millones de archivos internos del despacho Appleby muestra que Slim sólo fue uno de los actores relevantes del poder en México que acudieron al mundo offshore, a veces desde hace más de tres décadas, y ello con distintos propósitos.
Del análisis de los documentos se desprende que Appleby tiene dos tipos de clientes: el primero, en general conformado por particulares, busca en sus servicios offshore la opacidad y la garantía de anonimato de las jurisdicciones secretas, con el objetivo de esconder parte de su dinero o de sus negocios.
El segundo tipo de clientes, integrado en su mayoría por empresas y corporaciones, no pretende actuar en las sombras: incorpora entidades de papel en paraísos fiscales para aprovechar las tasas de recaudación casi nula, como parte de complejas estructuras de ingeniería fiscal diseñadas por firmas de abogados fiscalistas. Ése es el caso, por ejemplo, de América Móvil.
En ambas circunstancias, la incorporación de estructuras offshore es una práctica legal, siempre y cuando el dinero tiene un origen lícito y que los beneficiarios de las sociedades –ya sean individuos o empresas– reporten sus entidades al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex, e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo –la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado– encontraron en Appleby un aliado para incorporar estructuras offshore y maximizar sus ganancias en los paraísos fiscales.
El nombre de Alberto Baillères González, dueño del conglomerado de empresas comerciales, mineras, financieras y aseguradoras que conforman el Grupo Bal y segundo hombre más rico del país, también se encuentra en la lista de clientes de Appleby, aunque no aparece vinculado con ninguna sociedad offshore.
Los archivos internos de Appleby forman parte de “Paradise Papers”, una investigación global basada en 13.4 millones de archivos filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos la revista Proceso.
Escondidos en el paraíso
El empresario Javier Miguel Afif acudió a Appleby en 2007, en medio de una compleja operación de defraudación al IMSS. Los Miguel Afif forman parte de la familia Miguel, de origen libanés, cercana al poder desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que obtuvo numerosos contratos de obra pública en la administración actual.
El 20 de marzo de 2007, Javier Miguel Afif incorporó una sociedad llamada JM Real Estate Limited en las Islas Vírgenes Británicas.
Utilizó esta sociedad de papel para asegurar un préstamo de 5 millones de dólares –de la filial de la Royal Bank de Canadá en Miami– a una de sus empresas en México, llamada Operadora de Centros de Esparcimiento, S.A. de C.V., la cual operaba el centro vacacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Alfredo López Mateos” de Oaxtepec, en Morelos.
En ese entonces, el centro vacacional estaba en un estado deplorable: la empresa de Miguel Afif tenía la concesión desde 1998 y no le había invertido dinero, aludiendo problemas de liquidez, y estaba demandada por incumplir un pagaré de 15.2 millones de pesos que le había “prestado” otra empresa, llamada Infomin, S.A. de C.V.
Sin embargo, había una trampa: Infomin pertenecía también a Javier Miguel Afif y a su padre, Javier Miguel Nader, quiénes, en otras palabras, se habían demandado a sí mismos. Infomin ganó el juicio y embargó los bienes de la empresa concesionaria del IMSS.
Al revisar los expedientes, el equipo legal de la institución se percató que la familia Miguel Afif estaba detrás de ambas empresas y que había simulado la bancarrota de Promotora de Centros de Esparcimientos. El 8 de abril de 2010, el IMSS demandó a las dos empresas por “simulación”.
El caso se encuentra en un limbo desde que el juez Noveno del Primer Distrito en Materia Civil se declaró incompetente para juzgarlo, en noviembre de 2014. Habían transcurrido cuatro años, un periodo anormalmente largo para que un juez se declare incompetente.
Desde hace más de dos décadas y media, Appleby gestiona una sociedad de tenencia incorporada en las Islas Caimán, creada por el regiomontano José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, la mayor embotelladora de Coca Cola en América Latina, que vende actualmente cerca del 55% de los productos de la refresquera en el país.
Gracias a la herencia de su padre, quien falleció en 2005, y a su participación en los consejos de administración de algunas de las empresas más poderosas del país –entre ellas Femsa–, los hermanos José Francisco y José Calderón Rojas entraron en 2013 en la muy exclusiva lista de las mil personas más ricas del planeta, que integra Forbes cada año. La revista estimó entonces que su fortuna rodeaba los 2 mil 300 millones de dólares.
Calderón Ayala fundó la sociedad Monte Verde Properties el 16 de septiembre de 1982 en el paraíso fiscal caribeño. Lo hizo bajo la modalidad de acciones al portador, que garantiza el anonimato completo de los dueños de la compañía. A lo largo de la última década, la mayoría de las jurisdicciones offshore prohibieron las acciones al portador ante la presión internacional, ya que mafiosos, políticos y terroristas las utilizaban para lavar dinero.
Al fallecer Calderón Ayala, su hijo Francisco José Calderón Rojas asumió la sucesión de los bienes, entre ellos la sociedad incorporada en las Islas Caimán. En septiembre de 2013, él y once de sus hermanos todavía aparecían como accionistas y beneficiarios de la entidad, vinculada a una cuenta bancaria en la Frost National Bank de San Antonio, en Texas, según documentos del despacho.
A principios de los años 80, Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex, incorporó tres sociedades –Holidays Clubs, Ltd., Holiday Club International e International Resorts Marketing Ltd.– en las Islas Caimán, para operar centros hoteleros de tiempo compartido en México.
González Carbonell eligió la isla caribeña como domicilio de las sociedades por “propósitos fiscales” y las fundó con acciones al portador, según documentos internos de Appleby consultados. En mayo de 2003, la escritora Gabriela Vargas Guajardo –esposa de González Carbonell– se sumó a la compañía, como directora.
Vargas Guajardo pertenece a la familia que explota la concesión de MVS Radio, de donde la periodista Carmen Aristegui fue despedida en marzo de 2015. El diferendo entre la concesionaria y la periodista se mantiene en tribunales.
Uno de los personajes clave en la estructura offshore que armó González Carbonell en los años 80 fue el polémico financiero Manuel Zubiria Maqueo, cuyo paso por la administración pública, como director de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en la administración de Vicente Fox Quesada, fue marcado por actos de corrupción en la reconstrucción de la Autopista del Sol.
El 3 de diciembre de 2007, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Zubiria había autorizado una indemnización indebida de 100 millones de pesos a la empresa Gutsa –una de las dos corresponsables del socavón en el “Paso Exprés” de la autopista México-Cuernavaca– por retrasos en la construcción de la carretera. La institución lo inhabilitó a servir en el sector público durante 11 años y le impuso una multa de 42 millones de pesos.
En los archivos internos de Appleby, Zubiria aparece como director de varias entidades offshore y del propio Grupo Costamex, y en 2006, cuando el despacho de Bermuda asumió la administración de las sociedades, el hombre todavía aparecía como director de Costamex.
Entre 2003 y 2008, su hermano José Manuel Zubiria Maqueo dirigió el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el organismo encargado de recaudar impuestos, incluso en algunas entidades incorporadas en paraísos fiscales por ciudadanos mexicanos.
Fue en la década de los ochenta –precisamente el 28 de marzo de 1984– que el banquero y empresario petrolero regiomontano Alfonso Adame Barocio creó un fideicomiso, llamado The Adame Barocio Settlement. En paralelo, creó las empresas Fidelity Investments Inc., Termtec Ltd. y Baron Resorts Ltd., también en la isla caribeña.
Estas entidades, que fueron disueltas en 2008, no sólo tenían cuentas en bancos de Bahamas y las Islas Caimán, sino también algo más valioso: eran dueñas de las acciones de cuatro compañías inmobiliarias, incorporadas en Nevada –Baron Real Estate Inc y Baron Properties–, Texas –Cimarron Properties Ltd– y las Islas Caimán –Madryl Ltd–.
Al cabo de los años, el hijo de Adame Barocio, el empresario tamaulipeco Gerardo Luis Adame Jenkins, se convirtió en codueño de las sociedades, hasta que en julio de 2007, Sharon Klein, abogada de la filial californiana del despacho Greenberg Traurig, informó a Appleby que las entidades serían eliminadas después de transferir a Adame Jenkins todas las acciones y bienes que tenían.
El político priista Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) del 2005 hasta su muerte –ocurrida en enero de 2016–, utilizó un esquema similar al de Barocio: en 1982, incorporó el fideicomiso Burma 200 Trust en las Islas Caimán, el cual tenía las acciones de una sociedad panameña que llegó a tener inversiones por cerca de 19 millones de dólares en 2004.
Marcelo Zambrano Alanis, residente en Texas, también forma parte de las acaudaladas familias de empresarios regiomontanos: es nieto de Marcelo Zambrano Hellion, quien presidió el consejo de administración de la cementera Cemex entre 1979 y 1995, y sobrino de Rogelio Zambrano Lozano, el actual presidente del mismo.
Junto con Diego Guzmán Treviño, hijo del abogado Guillermo Guzmán de la Garza, Zambrano Alanis creó una estructura offshore en julio de 2012, la cual involucró a una sociedad en Bermuda y otra en el paraíso fiscal de Mauricio, una jurisdicción considerada “de alto riesgo” por el propio Appleby.
De acuerdo con los documentos internos de la firma, la sociedad de Mauricio, llamada Imperium Capital Management Limited, operó durante dos años como fondo de inversiones con altos rendimientos de capital, pues sirvió para especular en productos derivados. Zambrano aseveró que el dinero provenía de su salario, obtenido de su labor en el sector de la finanza inmobiliaria.
Otro empresario mexicano que acudió a las Islas Caimán para incorporar un fideicomiso fue Arturo Iván Gamboa Rullan, el fundador de los laboratorios Ifusa, cofundador y exvicepresidente de la empresa Genomma Lab, quien creó Pride Generation Trust el 27 de junio de 2013 con fines de “planeación fiscal y de sucesión”, según los documentos internos de Appleby.
Gamboa Rullán no es un desconocido en el mundo offshore. Posee estructuras en Bahamas, como lo reportó Proceso en la investigación Bahamasleaks, publicada en septiembre del año pasado.
Como “protectores” del fideicomiso –es decir, las personas encargadas de controlar sus gestión–, Gamboa Rullán nombró a dos de sus hermanos, el financiero Mauricio y el abogado Víctor Manuel, así como al inversionista guatemalteco Fernando Paiz Andrade, quien fue su socio en una sociedad de Bahamas.
Genomma Lab, la empresa que el hombre cofundó con Rodrigo Herrera Aspra, tampoco es novata en la operación de estructuras offshore: en septiembre de 2015, formó parte de un complejo esquema de triangulación para vender Grupo Marzam –entonces número dos del sector farmacéutico– a una sociedad ligada con Grupo Nadro –el número uno– a espaldas de la Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Según la investigación global Panama Papers –en la que también participó Proceso–, la estructura movilizó 12 compañías anónimas, una fundación, un fideicomiso y tres bancos. Gracias a esta ingeniería, la Cofece no se percató que la sociedad compradora adquirió Marzam con dinero de Marina Matarazzo, la esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Nadro.
En la información que Gamboa Rullán proporcionó a Appleby, el empresario indicó que los fondos del fideicomiso provenían de la “venta de acciones de Genomma Lab”.
Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal en las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles Berlanga, y secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Vicente Fox, aparece vinculado a la sociedad de inversión Jano Ltd., que incorporó su hermano Federico Gertz Manero, en septiembre de 1995 en las Islas Caimán, junto con su concubina Laura Morán Servín.
Durante una entrevista con Proceso en la oficina de la rectoría de la Universidad de las Américas, Gertz Manero aseguró que no sabía de la existencia de la sociedad, pese que fue designado vicepresidente de Jano Ltd. en febrero de 1998. El ahora rector supone que su hermano, quien gestionaba los bienes y la fortuna de la familia, decidió “hacer una naturaleza porque así convenía a sus intereses”.
Gertz Manero, quien condujo en México la llamada “Operación Cóndor” –una campaña antidrogas organizada por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) en América Latina en los años 70–, se encuentra en medio de un arduo proceso judicial, pues demandó a Morán Servín, a quien acusa de asesinar a su hermano y de robar dinero de la herencia familiar, según relató al periodista Jorge Carrasco (Proceso 2130).
Morán Servín es la madre de Laura Cuevas Morán, quien a su vez es suegra de Alfredo Del Mazo Maza, el actual gobernador del Estado de México.
Además de insistir en que no sabe acerca de la sociedad, Gertz muestra un gran interés para saber qué cuentas bancarias operan esta compañía. Recuerda que, a lo largo del juicio, se percató que Morán Servín emitió cheques para su hija de una cuenta bancaria que tenía su hermano en el Frost Bank.
El hombre reconoce que su hermano probablemente no indicó a las autoridades mexicanas que tenía una compañía en las Islas Caimán: “No creo que nadie que haga una empresa de esa naturaleza le va a avisar a las autoridades fiscales porque no tendría ningún sentido”, dice, pero afirma que esto “no es lo importante”.
Precisa: “Aquí lo importante es saber qué es lo que hay en el origen, que es la empresa que se fundó en las Islas Caiman. ¿Por qué? Porque tiene que haber cuentas bancarias, porque sin ellas no se puede operar. Y esas cuentas bancarias tienen que tener ingresos y egresos, estos ingresos vinieron de México o estos egresos salieron de ahí en favor de alguien, podría ser de mí, de la señora Morán, o de mi propio hermano”.
Según los documentos internos de Appleby, Jano Ltd., Federico Gertz Manero y Laura Servín Morán eran los dos beneficiarios finales de la estructura offshore. Proceso buscó a Servín Morán a través de sus abogados, pero no obtuvo respuesta.
Otro personaje con perfil político que acudió a Appleby fue el empresario panista Luis Fernando González Corona, quien fue alcalde de Puerto Vallarta, en Jalisco, entre 1995 y 1997, y posteriormente se volvió diputado federal. De acuerdo con los archivos del despacho, el polémico empresario hotelero e inmobiliario, nacido en Mazatlán, incorporó la sociedad Avenger Sportfishing Limited el 30 de agosto de 2000, año en que decidió retirarse de la política.
El mismo día, la sociedad acordó la compra del yate “Avenger” –con bandera de las Islas Caimán– por un millón 200 mil dólares, que obtuvo con un préstamo del Henry Ansbacher & Co Limited, ubicado en Londres, préstamo conseguido con relativa facilidad, pues el mismo banco, a través de su filial fiduciaria en las Islas Caimán, gestionaba la compañía.
González Corona, dueño de The Villa Group, también aparece en los archivos de Appleby como presidente de la sociedad de inversión G.H. Enteprises Ltd., creada en las Islas Caimán en 1991 y disuelta en 2006, lo que significa que la sociedad operó mientras el hombre ocupaba cargos públicos.
Desde el año pasado, González Corona –quien está casado con la exsenadora panista Eva Contreras Sandoval– anunció su intención de volver a la política en 2018: buscaría de nuevo la presidencia municipal del turístico puerto jalisciense, según medios locales.
Luis Berrondo Ávalos y Francisco Berrondo Lagos, quiénes integran los consejos de administración de grandes corporaciones industriales y financieras, crearon la sociedad Islote Limited en las Bermudas en agosto de 1989, cuando ambos eran ejecutivos en la empresa Controladora Mabe –que Berrondo Ávalos dirige desde 2003–. La entidad offshore fue disuelta en julio de 2001.
Los hermanos Agustin y Elmer Franco Macías, dueños del Grupo Infra, también utilizaron los servicios de la rama fiduciaria de Appleby en las Islas Caimán para registrar distintos barcos en el paraíso fiscal, entre ellos el yate “Los Esquinkles” o las naves “El Vigia” y “Simpático”, propiedades de las sociedades Y.O. Limited y Mareport Two, de las que los hermanos eran accionistas hasta por lo menos el mes de septiembre de 2013.
El banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank –donde desempeña, además, como director del banco corporativo y de inversión para América Latina– y su esposa Francesca D’Agata –presidenta de la Charity Coalition, A.C.–, eligieron las Islas Vírgenes Británicas para instalar Tobia Partners Ltd., una sociedad destinada a controlar una empresa estadunidense y “otras en otras partes”.
Entre los clientes del despacho de Bermuda destacan actores del sector energético, entre ellos exempleados de Pemex quienes pasaron al sector privado, donde se convirtieron en proveedores de la empresa productiva del Estado.
Fue el caso de la empresa Construcción y Perforadora Latina, que Appleby ayudó en constituir una red de tres entidades offshore en Bermuda el 6 de junio de 2013.
Estas compañías se convirtieron en las dueñas legales de plataformas petroleras, dos de las cuales –bautizadas Santa María y Covadonga– fueron rentadas a Pemex para el periodo 2014-2020, por un monto total de 760 millones de dólares. Los contratos, número 42100390 y 421003912, fueron adjudicados a la empresa de manera directa, es decir, sin licitación de por medio.
Durante la incorporación de las sociedades offshore y la renta de las plataformas a Pemex, Antonio Acuña Rosado laboraba como director de Constructora y Perforadora Latina, un cargo que ocupó después de 40 años al servicio de Pemex, en los cuales el hombre llegó a asumir la dirección del Proyecto Cantarell hasta 2001.
Acuña Rosado, ahora socio de Oro Negro –otra empresa que renta plataformas a Pemex–, aparece en los documentos de Appleby como director de las estructuras de Constructora y Perforadora Latina en Bermuda.
Appleby también proporcionó sus servicios a personajes del espectáculo. Adela Cristina Bach de Zurita, la actriz de origen argentina, quien protagonizó telenovelas en TV Azteca como Bodas de odio y De pura sangre, incorporó el fideicomiso The ABZ Settlement en la Isla del Hombre el 13 de noviembre de 1998 a través del despacho fiscal suizo Coutts & Co and Coutts Trustees (Switzerland) SA. El año siguiente, la mujer creó la sociedad de inversión ABZ Investment Pte Ltd. en Singapur.
Redes transnacionales
Con el afán de expandir su imperio en el mercado internacional de las apuestas en línea, el canadiense David Baazov, dueño del negocio de póker más importante del mundo, acudió al despacho mexicano de abogados fiscalistas Gil Elorduy, Yárritu y Asociados para representar una de sus sociedades de póker en línea destinada al mercado latinoamericano, creada en la Isla del Hombre en agosto de 2007.
Si bien el despacho provee servicios de asesoría fiscal y corporativa a sus clientes, uno de sus principales nichos de mercado es la defensa de los intereses de la industria de los juegos y sorteos en el país.
El 18 de diciembre de 2008 los administradores de la sociedad Latin American Poker Tour Limited –dos ciudadanos israelíes instalados en la Isla del Hombre– otorgaron poderes legales a algunos abogados del despacho, entre ellos Francisco Arturo Gil Elorduy, Alonso Ramírez Castañón y Sergio Yárritu González, para operar en México en nombre de la compañía.
En ese entonces, el político priista Ernesto Gil Elorduy, hermano del fundador del despacho, era titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), cargo que ocupó entre agosto de 2006 y mayo de 2013.
Gil Elorduy es el actual presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo. Tiempos atrás, fue secretario particular del expresidente Luis Echeverría Álvarez, operador político para el PRI en su estado, así como diputado y senador.
Baazov opera el negocio multimillonario de juegos y sorteos en línea desde una red de sociedades instaladas en la Isla del Hombre. Hasta 2016, poseía, entre otros, los sitios PokerStars y Full Titl Poker, dos de las páginas más exitosas y redituables en el mercado.
En las últimas dos décadas, los gobiernos de la Isla del Hombre multiplicaron los esfuerzos para atraer las compañías de apuestas en línea. Para ello, la pequeña jurisdicción, ubicada en medio del Mar de Irlanda, cuenta incluso con un “grupo de desarrollo” que diseñó leyes a la medida e impulsó incentivos fiscales.
El éxito fue tal que la industria de la apuesta en línea genera actualmente la primera fuente de ingresos del pequeño país y su tasa de crecimiento anual rebasa el 20%, de acuerdo con las cifras oficiales.
Aspen, empresa farmacéutica transnacional de origen sudafricano, que reportó ingresos de mil 800 millones de dólares el año pasado, recurre a una compleja red de entidades instaladas en paraísos fiscales para operar sus ocho subsidiarias en México.
Los documentos internos de Appleby revelan los esquemas operativos de la estructura global de Aspen, un laberinto de sociedades de papeles que poseen participaciones en empresas de verdad. Un ejemplo: una filial de la empresa en Mauricio controla PharmaLatina Holdings Ltd., una sociedad incorporada en Chipre, la cual a su vez dirige una subsidiaria en Uruguay, que es dueña al 80% de las empresas mexicanas Solara, S.A. de C.V. y Aspen Labs, S.A. de C.V.
Parte del negocio de Appleby consiste en el negocio del reaseguro, y de manera más específica en la incorporación de las llamadas sociedades “cautivas” en paraísos fiscales, principalmente en las Bermudas, que en las últimas cuatro décadas se convirtió en el tercer mercado de reaseguro más grande del mundo, después de Londres y Nueva York.
Las “cautivas” permiten a las empresas reducir sus gastos de seguros, al colocar directamente los bonos de riesgo que emiten en los mercados internacionales, o incluso al especular sobre ellos.
En 2012, dos empleados de Appleby realizaron una presentación ante empresarios latinoamericanos, en la que presumieron los beneficios de incorporar “cautivas” en las islas –a través de su despacho, obviamente–, entre ellos debido a su “eficiente sistema tributario”.
Los empleados aseveraron que su despacho administraba las sociedades cautivas de las corporaciones “más grandes e importantes de México, Colombia, Brasil y Venezuela”.
Los hechos los avalan: Pemex, Femsa, la embotelladora de Coca Cola más importante de América Latina, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de México, el grupo textilero Kaltex e incluso el propio gobierno mexicano contrataron a Appleby para gestionar sus respectivas “cautivas” incorporadas en paraísos fiscales.
Los hechos los avalan: Pemex, Femsa, la embotelladora de Coca Cola más importante de América Latina, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de México, el grupo textilero Kaltex e incluso el propio gobierno mexicano contrataron a Appleby para gestionar sus respectivas “cautivas” incorporadas en paraísos fiscales.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN