El Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán se pronunció contra la Ley de Seguridad Interior porque “constituye un golpe de Estado orquestado dentro del seno del poder para entregarle facultades desmedidas a las fuerzas armadas de México y a su comandante supremo, el presidente de la República”.
Señaló que se opone a la aprobación, sanción y promulgación del dictamen por buscar que se entreguen “capacidades inimpugnables a los mandos castrenses y continuar con la militarización del territorio nacional”, además de que se trata de una ley que intentará “someter cualquier manifestación popular, llamadas por los fascistas, ‘desorden público’”.
Acusaron que la seguridad interior ofrecida por el gobierno “es una seguridad de represión y totalirismo” y que la nueva ley pretende “hacer permanente el estado de excepción y entregarle al presidente de la República la única facultad para regirlo a su discreción”.
“Con una ley similar muchos dictadores han consolidado sus régimenes de horror y muerte”, aseguraron.
Los integrantes de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Tepalcatepec recordaron que en su territorio el ejército mexicano violó los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula el 19 de julio del 2015, cuando arrestó al comandante Cemeí Verdía, hirió a más de diez comuneros y asesinó a un menor de edad, sin que haya algún responsable detenido hasta la fecha. “Esta es la forma en la que las fuerzas armadas han custodiado la seguridad interior”, añadieron.
Explicaron que los pueblos que integran el Concejo se organizaron para ofrecer a la población seguridad pública a través de la autogestión y la “democratización” al promover la participación de los habitantes en la selección y nombramiento de los miembros policiacos. “Desde nuestra consolidación en 2013-2014, en nuestros territorios, los únicos que han hecho delitos han sido los soldados […] y que con anterioridad han cometido otras vejaciones en contra de la población”, señalaron.
Por ello, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que vete la Ley de Seguridad Interior y que cese la persecución contra los comandantes y líderes de la policía comunitaria, así como que sean castigados los responsables de los actos de represión contra los pueblos del Concejo.
Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
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