La aprobación fast track de la minuta proveniente de la Cámara de Diputados no pudo hacerse la semana pasada en el Senado. El pasado viernes 8, presionado por el propio colectivo de defensores de derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil” y para “poder escuchar todas las voces”.
Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro y crítico con la ley porque “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. “Esta ley no debe prosperar”, sentenció en medio del aplauso generalizado.
La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl, en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto.
El sábado 9 en la mañana, mediante un escueto comunicado, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda determinaron posponer la cita del lunes 11 de diciembre con el objetivo de “atender el exhorto” del Ejecutivo federal para ampliar el diálogo.
Este lunes y martes, el “diálogo incluyente” en realidad resultó una grotesca “cargada” de siete gobernadores que acudieron al Senado a hablar a favor de una minuta mal redactada, mal planteada y que atenta contra sus propias entidades.
Los gobernadores de Jalisco, Aristóteles Sandoval; Colima, José Ignacio Peralta; Guerrero, Héctor Astudillo; Tlaxcala, Marco Mena; Querétaro, Francisco Domínguez; Durango, José Rosas Aispuro, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, acudieron a reiterar las verdades a medias bajo el guión que la Secretaría de la Defensa y su cabildero principal, el senador Roberto Gil Zuarth, han dicho en las reuniones de la Junta de Coordinación Política: que la ley no “militariza”, que establece una “adecuada coordinación” entre los tres niveles de gobierno, que sería mayor el daño si no se aprueba, que el Ejército necesita “certeza jurídica”.
La “cargada” de los gobernadores estuvo acompañada por algunos alcaldes y organizaciones civiles de “amplio prestigio” como la señora Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, quien advirtió que no se le debe hacer ningún cambio a la minuta y que la ley es necesaria para que el Estado pueda actuar en contra “de las manifestaciones violentas”.
Acudió también Orlando Camacho, de México SOS, para advertir que las Fuerzas Armadas ya tienen presencia en 27 entidades y que es necesario “normalizar y regularizar sus labores”.
Sólo algunas voces fueron más críticas y problematizaron esta ley, como el propio jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien advirtió que la ley “contiene varios artículos en los que se pasa de la coordinación a la subordinación, y eso es un riesgo para la soberanía de los estados”.
Tania Reneaum, de Amnistía Internacional, hizo un llamado para rechazar este proyecto, mientras que Ana Laura Magaloni, del CIDE, subrayó que esta ley no dará certeza jurídica al Ejército, y José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, advirtió que con esta norma se fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerza política, algo muy riesgoso en medio de un proceso electoral.
Las voces críticas han sido sistemáticamente ignoradas por legisladores y funcionarios priistas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la Ley de Seguridad Interior es “absolutamente indispensable” y criticó a muchas personas que “no han leído ni siquiera el primer artículo”.
Campa ignora el documento presentado por abogados, opositores y organismos de derechos humanos que reiteran los diez puntos más peligrosos de esta ley.
El último pronunciamiento, firmado el pasado viernes por más de 40 doctores y doctoras en Derecho de la UNAM, Colegio de México, CIDE, Ibero, ITAM, Anáhuac y FLACSO, es un duro reproche al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues viola los artículos 1, 8, 21, 29, 73 y 129 constitucionales.
Diez Puntos en Contra
Los principales diez puntos de estos juristas señalan que la Ley de Seguridad Interior “es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas”.
Argumentan que “la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan”.
De igual manera, destacan que la iniciativa “vulnera el equilibrio de poderes” al otorgar excesivas facultades al titular del Ejecutivo federal y “permitiría la intervención de la Federación para la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa”, atentando contra el federalismo.
Consideran como “vaga e imprecisa” la definición que la ley hace de seguridad interior, “por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conducta como riesgosas a la misma”.
“La información generada derivada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior será reservada y clasificada. En contraste con ello, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligados a proporcionar cualquier información (que podría ser de cualquier persona) que les requieran las autoridades facultadas por la ley”, advierten.
La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a implementar políticas, programas y acciones de prevención y de investigación del delito, “que de acuerdo con el artículo 21 constitucional corresponde sólo a las autoridades civiles”.
Contiene disposiciones que “violarían garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas”. Y tampoco se definen mecanismos “que garanticen de forma fehaciente el respeto a los derechos humanos durante las acciones derivadas de la aplicación de la ley”.
En contra de la argumentación de que es una ley para permitir el retorno de las fuerzas armadas, los juristas subrayan que “otorgar facultades a las fuerzas armadas a través de una Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad pública, las habilitará de forma permanente en la realización de dichas actividades, lo que se traduce en un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales, y otras instituciones civiles, encargadas de la seguridad pública”.
Los firmantes demandan una “discusión pública, incluyente y reflexiva”, y sentencian que esta ley “no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país”.
Entre los firmantes se encuentran las doctoras y doctores en derecho Ana Georgina Alba, Marisol Anglés, Elena Azaola, José Luis Caballero Ochoa, Jaime Cárdenas, Hugo Concha Cantú, Javier Cruz Angulo, María del Pilar González Barreda, Issa Luna Pla, César Nava Escudero, Ricardo Raphael, Pedro Salazar Ugarte, Miguel Sarre, Carlos Silva, Javier Treviño y Ricardo Balero, entre otros.
Por supuesto, ninguno de estos doctores en derecho ha sido convocado en esta vergonzosa “cargada” para legitimar la aprobación de una ley golpista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/514712/cargada-de-ultima-hora-favor-de-la-ley-de-seguridad-interior