Un alboroto se armó en el Congreso local, durante la discusión el miércoles del paquete fiscal, después de que la petista Brenda Fabiola Fraga reprochara a sus compañeros legisladores la pírrica partida asignada a prevenir la violencia contra las mujeres en la entidad, que de enero a la fecha ha dejado 147 víctimas mortales.
En medio de sus alegatos, la diputada sembró la confusión cuando argumentó que las mujeres violadas tendrán ahora que pagar los estudios periciales para demostrar el abuso del que presuntamente fueron objeto y cuyo costo asciende en mil 500 pesos.
“En Michoacán, en vez de ayudar se discrimina más a las mujeres víctimas de violencia. Una mujer que haya sido agredida deberá de pagar un certificado de violencia física, uno de violencia psicológica y un estudio de visita domiciliaria con valor de 472 pesos cada uno, de acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno camaral”, argumentó.
Así las cosas, añadió, “si la mujer violentada va a demandar y quiere que se le dé continuidad al caso, tendrá que pagar alrededor de mil 500 pesos, cuando una de las cosas que nosotras hemos demandado en la violencia de género es el asunto de la opresión económica a la que se enfrentan las víctimas”.
Lo dicho por la legisladora del PT tuvo efectos inmediatos al punto que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) tuvo que frenar la avalancha de reacciones contra el dictamen aprobado por el Congreso, con un comunicado en el que aclaró que dicha versión era errónea. “Se trata de una confusión, una mala interpretación, de la diputada Fraga”, refutó.
“La diputada pidió una anotación a la ley para que se exentara de estos costos a las víctimas, pero los diputados no aceptaron la anotación porque la presentó fuera de tiempo. Siempre han aparecido estos servicios en la ley, solo que ahora la polémica surgió porque la diputada pidió que se añadiera la anotación”, explicó el vocero.
Y aclaró que todas las certificaciones médicas y valoraciones que realice con motivo de investigación y persecución del delito de abuso sexual son y seguirán siendo gratuitas.
La Ley Orgánica de la PGJ –prosiguió—prevé exclusivamente costos por pago de derechos de pruebas periciales requeridas por las autoridades o particulares ajenas a la investigación y persecución del delito y cualquier otra análoga, y son estos los que están considerados en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal del 2018.
Con base en lo anterior, ratificó que toda certificación que se lleve a cabo con motivo de investigación y persecución del delito, es y será totalmente gratuita, por lo que rechazó aseveraciones que advierten que ante denuncia de delitos de violencia cometidos en agravio de mujeres deberán de hacer algún pago.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia contra las mujeres en el país alcanza niveles alarmantes. El año pasado, un total de 2 mil 813 mujeres fueron asesinadas, la cifra más alta en 27 años.
De los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años en el país, “66.1% ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida”.
En lo que va del año en la entidad, 147 mujeres han sido asesinadas, la mayoría con impactos de armas de fuego, aunque también se registran casos de tortura y descuartizamiento.
Por tal razón, la Secretaría de Gobernación decidió decretar la alerta de género en 14 municipios michoacanos.
Mariana Ponce, directora de la Unidad Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGJ, terminó por apagar el fuego, al afirmar que los dictámenes no tienen ningún costo.
“Nunca se han cobrado, ni se cobrarán, mientras esté una demanda de por medio. La ley establece un costo pero cuando lo pide un particular. Hay gente que solicita pruebas de genética, o la defensa, en calidad de particular, puede pedir unos certificados de lesiones. Pero si nosotros tenemos una carpeta, no se cobra”, explicó.
Fuente: Proceso
Autor: Francisco Castellanos J.
http://www.proceso.com.mx/516705/diputada-en-michoacan-reprocha-recursos-insuficientes-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres