Está claro que no valen razones: No se escucharon las objeciones de los expertos en la Cámara de Diputados, que aprobó la Ley de Seguridad Interior sin más, ni se atendieron los argumentos en el Senado, que anoche la ratificó en comisiones y que está en curso hacerlo en el pleno.
Tampoco valen para los senadores que maneja Peña, los del PRI y los testaferros de Felipe Calderón –y toda la recua de opinadores en medios–, las objeciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y tampoco del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, el organismo de naciones que vela por la vigencia de éstos.
Y si no ha escuchado a estos organismos, menos lo ha hecho con las instituciones de educación superior del país, como la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Iberoamericana, y con mayor razón ningunea a las organizaciones no gubernamentales.
Un procedimiento así no corresponde a un Estado democrático de derecho, sino a una dictadura, un gorilato en el que el Ejército podrá matar. Ya lo hace, está ampliamente documentado, pero en el futuro lo harán bajo la protección de una ley que terminará afectando hasta a sus defensores de hoy.
El poder civil se ha desvanecido y, en los hechos, el Ejército y la Marina asumen el control del país, pero no para combatir a los criminales –que aun con las tropas en las calles siguen delinquiendo–, sino para liquidar toda inconformidad social, política y electoral.
El primer compromiso que deben asumir los aspirantes a gobernar México es convalidad o hacer el compromiso de abrogar esta legislación que deshonra al propio Ejército y a sus promotores…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/515027/los-militares-al-poder