Mientras en Acteal, municipio de Chenalhó, se alista la conmemoración del veinte aniversario de la masacre ocurrida ahí el 22 de diciembre de 1997, el grave conflicto territorial y social entre Chalchihuitán y Chenalhó, con inconfesables tintes políticos, sigue sin resolverse y persiste el desplazamiento forzado y violento de cientos de familias tzotziles de ambos municipios en Los Altos de Chiapas en la misma zona de la masacre.
Al citado reporte de Salud y Desarrollo Comunitario y la Casa de La Mujer Ixim Antsetic, se suma lo documentado por un considerable número de organizaciones civiles, de derechos humanos y de la mujer, ambientalistas, culturales, educativas además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (84 organizaciones en 23 estados de la República): "No se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal" por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el conflicto agrario no se resuelve con la sentencia de un magistrado en días pasados.
Los organismos concluyen que la sentencia de Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez, "suscrita y certificada desde el 6 de noviembre (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), fue notificada a las autoridades comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó, y hecha pública hasta el 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia)", lejos de dar una solución, en su ambigüedad "parece producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos" del gobierno.
La "histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad". Los organismos, muchos de ellos involucrados en la actual atención a los desplazados, consideran que, a pesar que la sentencia pareciera mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias, "en realidad favorece absolutamente a Chenalhó, y con ello encubre y alienta a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada" que, por la "acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas"; en su mayoría, personas "de extrema vulnerabilidad": mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos, sobre todo de Chalchihuitán.
Hasta el momento han fallecido por lo menos once personas, "manteniendo a la base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento".
En este contexto las organizaciones ratifican la exigencia de desarticular, desarmar y castigar a los grupos armados "que están actuado bajo la complacencia de los gobiernos local y estatal". También investigar y resolver denuncias previas y expedientes congelados, el castigo a responsables y auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, "ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas".
Así, a la confiscación de armas, los organismos apremian a favor de acciones judiciales efectivas: reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno; aplicación de protocolos; garantías de seguridad, así como instalación de campamentos específicos para desplazados; ayuda humanitaria y de salud; garantías para el retorno y la reintegración; reparación integral del daño y aplicación de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas.
Demandan condiciones de libre tránsito en la zona, y que las instancias jurisdiccionales que atiendan el caso "lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado".
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: HERMANN BELLINGHAUSEN