La publicidad oficial es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno, pero también para exigir el despido de periodistas críticos, indica el informe preliminar de los relatores sobre el estado que guarda la libertad de prensa en el país.
Según los representantes de la ONU y la CIDH, si bien los ataques contra los periodistas representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en el país, continúan “prácticas intimidantes del pasado” como la creación de nóminas de periodistas pagados por administraciones estatales; y la falta de pluralismo en la propiedad y la línea editorial de los medios.
“Los casos bien documentados de vigilancia digital de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, parecen ser tanto una reliquia de los métodos en el pasado y un ejemplo de los retos que enfrentan los periodistas en la era digital”.
Tras visitar el país del 27 de noviembre a este 4 de diciembre, los relatores concluyeron que “las reglas de esa publicidad (la oficial) son obscuras, que llevan a muchos a concluir, con evidencia sustancial, que los actores de gobierno utilizan los fondos de publicidad para dar forma y distorsionar la cobertura de medios y difuminar las líneas entre historias de noticias verificables y propaganda o incidencia política”.
Esos recursos públicos que ascienden a 34 mil millones de pesos sólo en los últimos cuatro años sirven para subsidiar a medios afines y callar a fuentes alternativas de información; por lo que recomendaron transparentar y regular la publicidad oficial y que el Congreso legisle sobre “reglas claras y públicas” con el objetivo de limitar esos gastos.
Falta de voluntad
La poca investigación de las agresiones contra periodistas es otro de los problemas en el país para garantizar la libertad de prensa, informaron los relatores, quienes lo atribuyeron a “falta de voluntad” de las autoridades.
El 99.6% de los ataques y asesinatos contra periodistas siguen sin resolverse. “No se concibe que el gobierno mexicano haya fracasado para determinar las circunstancias en que al menos veinte periodistas hayan desaparecido, en localizar sus paraderos y perseguir a los responsables”.
Las instituciones creadas para proteger a la prensa no han tenido impacto en combatir la impunidad. La FEADLE, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Prensa, “no tiene planes de investigación efectivos, no agota todas sus líneas de investigación, y no analiza el contexto donde los crímenes tuvieron lugar, especialmente la manera que el poder político y criminal opera a nivel local y otras realidades locales”.
En México no existe un sistema único para obtener y recolectar datos sobre ataques contra periodistas. Edison Lanza y David Kaye alertaron sobre la necesidad de tener una metodología fiable para que la información de las instituciones federales no difiera de los datos estatales.
También llamaron a considerar el desplazamiento interno de periodistas como un problema serio en el país. No hay datos sobre la cifra de periodistas desplazados, pero además éstos no son atendidos por los gobiernos ni por sus medios de comunicación.
“Muchos abandonan a sus familias y no pueden encontrar trabajo en el nuevo estado. Los periodistas que tienen medidas de protección reportan que frecuentemente son inadecuadas y falta atención integral a la situación familiar.
Se reportó que las medidas de protección federal no ponen atención a su situación de salud, necesidades educativas para sus hijos y empleo, lo que los deja en una situación constante de inseguridad. No existe una estrategia comprensiva para los periodistas desplazados”, indica el informe preliminar sobre la situación de la prensa mexicana.
Los relatores hicieron énfasis en que en México las mujeres periodistas “enfrentan contextos amenazantes particulares”.
El acoso en línea contra las mujeres ha expandido las amenazas contra las periodistas, pero además, indica el reporte, no existe una documentación sobre este tipo de violencia; a la que se suman acoso de parte de autoridades públicas, ataques físicos de policías o guardias de funcionarios, y que suelen recibir un salario inferior al de periodistas hombres.
Las observaciones finales de los relatores Edison Lanza y David Kaye se presentarán el próximo año; el documento preliminar presentado este lunes incluye 73 puntos que describen la situación de la prensa en México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/12/prensa-publicidad-oficial-relatores/