Cofepris halla en Veracruz medicamentos apócrifos para quimioterapias

A casi tres semanas de que la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició verificaciones en instalaciones hospitalarias en Veracruz por la presunta aplicación de tratamientos falsos, ha encontrado una ampolleta apócrifa de Avastin –usado para tratamiento de quimioterapia –, así como indicios de otros medicamentos simulados.

En entrevista con Grupo Fórmula, el titular de la dependencia federal, Julio Sánchez y Tépoz, informó que desde el pasado 18 de enero y hasta este lunes han realizado más de 20 visitas de verificación a almacenes, farmacias y laboratorios, en particular al Centro Estatal de Cancerología.

Hasta el corte de la semana pasada, agregó, se tienen avances como el hallazgo de una ampolleta apócrifa de Avastin. No obstante, detalló que podría haber otros medicamentos que también son falsos y unos 20 frascos que no fueron aplicados a paciente alguno.

Además, encontraron 16.8 toneladas de medicamentos caducos en la entidad y sospechan que podría haber más; razón por la cual realizan investigaciones específicas para documentar las irregularidades.

El titular de la Cofepris prefirió no responder a las acusaciones que en días pasados le lanzó el gobernador Miguel Ángel Yunes, en el sentido de que sabía de la aplicación de medicamentos falsos a pacientes con cáncer, pues en 201m, cuando era comisionado de Fomento Sanitario, se informó a la Comisión del hallazgo de 60 ampollas de Avastin, pero éste no hizo nada el respecto.

“No tienen una relevancia en este momento para las investigaciones puesto que el gobernador Yunes ha sido muy claro y muy responsable en la comunicación que ha tenido con la autoridad sanitaria”, dijo.

Sánchez Tépoz solo comentó que continuará trabajando conjuntamente con el gobierno veracruzano para dar seguimiento a las denuncias hechas por el funcionario. Agregó que siguen con la búsqueda de 23 mil pruebas de VIH presuntamente apócrifas y adquiridas en 2011por la pasada administración.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/473334/cofepris-halla-en-veracruz-medicamentos-apocrifos-quimioterapias

ONGs lanzan “acción urgente” a fuerzas armadas por desaparición de cinco policías en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos lanzaron una “Acción Urgente” dirigida al presidente, Enrique Peña Nieto, y a organismos internacionales ante la desaparición forzada de cinco policías comunitarios de Santa María Ostula, Michoacán, hechos en los estarían involucrados miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en colusión con el crimen organizado.

En un comunicado de prensa firmado por la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, hicieron un “llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregado por la Marina Armada de México”.

La “Acción Urgente” está dirigida también al gobernador, Silvano Aureoles; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; al procurador, Raúl Cervantes Andrade; así como al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

Al exigir hacer “uso de los medios más efectivos a su alcance para localizar” a los comunitarios, las organizaciones destacaron que de acuerdo con información de primera mano, este domingo 5 de febrero alrededor de las 03:30 horas, los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, Abigail Farías Fernández, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia fueron detenidos por marinos “en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado”.

Los demandantes resaltaron que no es la primera vez que los indígenas de Aquila son hostigados por miembros de fuerzas armadas. Agregaron que recientemente, el 15 de noviembre de 2016, “se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el pueblo nahua de la región, quienes viven en constante amenaza y vulnerabilidad a la integridad persona y vida en la región”.

Las organizaciones recordaron que el pasado 29 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Semar, así como al gobierno de Michoacán, “por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula”.

En la recomendación 65/2016, las investigaciones de la CNDH determinaron que en un operativo conjunto de fecha 19 de julio de 2015 entre marinos, soldados, policías federales y estatales, 15 soldados del 65 Batallón de Infantería dispararon contra la población civil, provocando la muerte de un niño y lesiones a al menos 10 personas.

El operativo policiaco-militar pretendía acallar las protestas de habitantes de Ostula que se movilizaron para evitar la detención de su líder, Semeí Verdía Zepeda, y otros policías comunitarios.

Ante las recientes detenciones hechas por marinos, este domingo 5, las organizaciones destacaron que la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula determinó bloquear la carretera federal 200, “pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo debido a que hay amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas”.

De acuerdo con información divulgada por los participantes de la Asamblea de comuneros, integrantes del crimen organizado a quienes los marinos entregaron a los policías indígenas, exigen la entrega de 21 armas y que se disuelva el retén que tiene la policía comunitaria en la carretera costera. De lo contrario, se ejecutaría a los cinco cautivos.

FUENTE: Proceso

AUTOR: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/473301/ongs-lanzan-accion-urgente-a-fuerzas-armadas-desaparicion-cinco-policias-en-michoacan

“El Potrero”: Segundo hallazgo de la III BNB

Luego de haber realizado su primer hallazgo en la sindicatura de “El Quelite”; Mazatlán, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas continuó sumando esfuerzos con los colectivos locales para rastrear puntos referenciados por los habitantes.

“El Potrero de Sataya” es un ejido perteneciente a municipio de Navolato; hectáreas agrícolas dedicadas a la producción de maíz, fueron los escenarios adoptados por el crimen organizado alrededor de 2012 para vivir, además de coordinar sus operaciones; resguardar armamento o desaparecer personas, por ejemplo.

Hoy en día, “El Potrero” continúa siendo uno de los ejidos de Navolato productores de maíz, con la diferencia de que las actividades de “los malos” han disminuido considerablemente. A decir de los habitantes, dichas actividades han sido casi erradicadas, sin embargo el “halconeo” con sujetos a bordo de motocicletas se hicieron presentes durante las labores de rastreo en esta demarcación.

Desde la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda a este punto, los buscadores de mayor experiencia advirtieron que no sería tarea fácil su misión, pues el suelo de aquel ejido es un terreno arenoso similar al de la playa; suave y poroso, pero con alta concentración de salitre, lo que disminuiría el aroma para los rastreos, siendo éste uno de los indicios principales para la detección de restos humanos.

Visualmente el terreno se divide en dos tipos de ecosistema: por un lado, las hectáreas verdes abundantes de milpas en crecimiento; y por el otro, terrenos áridos con escasa vegetación como si de un desierto se tratara. La manifestación de la vida y la muerte representada por la naturaleza en conjunto con las acciones del hombre.

Cabello entre cano, manos fuertes, semblante longevo y mirada serena; son algunos de los elementos que describen a “L.N.”, un agricultor que atestiguó distintas actividades de “la maña” hace al menos 4 años y quien colaboró de manera anónima para dar con el “punto positivo”; Como se le denomina a localizaciones confirmadas con indicios de restos humanos proporcionados por anónimos.

“Nosotros no estamos culpando a nadie, nomás los estamos ayudando a localizar los restos…”

Alrededor de medio día, a escasos 5 metros de la milpa y a un costado de la carretera de terracería; el primer hallazgo en El Potrero, confirmó el punto positivo. Cincuenta centímetros de bajo de la superficie, un cráneo con dos impactos de bala fue la referencia principal de lo que más tarde serían las osamentas de un cuerpo casi completo.

El padre Aurelio es el encomendado a la parte espiritual de la Brigada, cada que se encuentra un hallazgo positivo encabeza la oración para darle descanso a los restos que se encuentran.

“…Concédenos la fuerza, concédenos señor el amor, que aquellos que interactúen con nosotros, puedan mirar tu presencia a través de nuestros actos. Padre nuestro…”

Una comisión conformada por integrantes de familiares en búsqueda y ong´s adheridas a la Brigada Nacional, fueron los encargados de inspeccionar el proceso realizado por los peritos Federales y Ministeriales para las investigaciones correspondientes hasta concluir la jornada de este día.

Al día siguiente, las labores de búsqueda realizadas se volvieron a concentrar en El Potrero; otro indicio cercano al punto positivo hallado el día anterior se  tenía que descartar, a decir de otra denuncia anónima, afirmaban que se encontraba un cuerpo más en el subsuelo bajo la siembra.

Las excavaciones en este otro punto iniciaron el 30 de enero, sin embargo el trabajo realizado por la brigada a pala y pico, no había rendido frutos. La coordinación realizada entre la Brigada Nacional y las autoridades del estado, permitieron llevar a ese punto una retroexcavadora para acelerar el proceso de búsqueda.

Desde temprana hora la maquinaria comenzó a trabajar; mientras que la retroexcavadora realizaba la tarea “pesada”, los brigadistas inspeccionaban minuciosamente la tierra removida para descartar cada metro de dicha milpa.

Pese a que fue de gran ayuda esta maquinaria, el trabajo se llevó toda la jornada de trabajo de este día. Alrededor de las 16.00 horas y luego de cavar al menos un área de 20 metros cuadrados, el único indicio que se encontró fue una playera deportiva color verde, ningún resto óseo se halló.

Pese a que se descartó el segundo indicio, y luego de dos días de trabajo en El Potrero, con el espíritu intacto y una fosa hallada en trámites de reconocimiento, los brigadistas se enlistaron para buscar en la sindicatura de San Pedro, al siguiente día.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Eduardo Blas

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Alto a los asesinatos de compañeros Indígenas Rarámuris; CNI-EZLN

Tras el asesinato de miembros Rarámuris en defensa del ambiente en Chihuahua, el CNI-EZLN denunció los hechos ocurridos en la Sierra Taraumara, donde señalaron como actos perpetrados por grandes terratenientes y grupos de la delincuencia organizada.

En un comunicado emitido este sábado, integrantes del CNI-EZLN calificaron los hechos ocurridos como una “barbaridad” contra sus compañeros que mantienen una la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio, donde señalaron, se mantiene “acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes ganaderos y grupos de la delincuencia organizada”.

Así mismo, matizaron su solidaridad con el pueblo Rarámuri, donde suman 18 homicidios contra la comunidad desde 1973, cuatro de ellos en el último año.

“Abrimos nuestros corazones a la lucha incansable que están librando contra la delincuencia organizada y terratenientes respaldados por los malos gobiernos, les ofrecemos nuestro respaldo como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios”, finalizaron.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Ricardo Ortiz

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Un accidente más del metrobús CDMX

El pasado sábado alrededor de las 12 del día, un joven ciclista fue atropellado por el Metrobús a la altura del Eje 4 Sur casi esquina con Cuauhtémoc, Ciudad de México. Un grupo de personas que se encontraban en el lugar atestiguaron que el operador, quien responde al nombre de Rafael California, alcanzó al ciclista cuando éste cambió al carril de contraflujo para dar paso al Metrobús, es decir, el alcancé se debió a que el conductor no frenó sino hasta que le pegó al joven, quien terminó debajo de la parte frontal del vehículo quedando a nada de que la llanta pasara por encima de él. Las personas que se encontraban en el lugar señalaron que el accidente se debió a la imprudencia del conductor del metrobús. 

La aseguradora, a cargo de la compañía Quálitas, en un inicio le condicionó la atención médica y mecánica al joven ciclista, debido a que el valuador, quien se transportaba en un vehículo con placas 007-486, le solicitó que se comprometiera por escrito a no proceder jurídicamente en contra del conductor del Metrobús.

Este caso se suma a los más de 700 accidentes en que se ha visto involucrado algún metrobús de la Ciudad de México desde que inició sus operaciones, de acuerdo a una investigación realizada por el portal La Silla Rota en agosto de 2016; donde también exponen que debido a estos accidentes han habido 31 personas fallecidas y más de mil 140 personas lesionadas. 

En la mayoría de los accidentes se deja ver la manera arbitraria como se maneja el sistema de transporte Metrobús en esta ciudad en los que se ven involucrados sus operadores. Al joven, que de acuerdo a los testigos, pudo haber sido aplastado por el carro, se le otorgó la asistencia en una clínica de segundo nivel de atención (Médica Vial), pero de manera condicionada a cambio de que desistiera en la demanda que pensaba realizar en contra del chofer.

En opinión del Gobierno de la Ciudad de México, en la mayoría de los casos culpan a los ciclistas, los peatones y los automovilistas que obstruyen por descuido o irresponsabilidadla “vía libre” del Metrobús. Sin embargo, son bastantes ya los casos como el del joven atropellado el día de ayer en el Eje 4 Xola, o como fue el caso de la joven Ti Kip Fernández Vilchis quien perdió la vida en enero del 2014 cuando fue atropellada en Insurgentes Sur por un Metrobús. Para excusar de la responsabilidad al operador en este caso, y de acuerdo con la madre de la víctima, las autoridades del Metrobús inventaron que la joven había ingerido bebidas alcohólicas y que ella era una suicida. 

Por su parte Boris Graizbord, académico del Colegio de México y experto en temas de transporte y tráfico explica como, en la teoría y en el reglamento, el metrobús tiene vía libre como la tiene el metro en el túnel; pero en el caso del metrobús que circula en la superficie por avenidas y calles, no es de esta forma. Realmente a esa vía donde se transporta el metrobús es transitada ocasionalmente también por peatones, ciclistas y automovilistas, por lo que los operadores deberían estar sensibilizados y capacitados en este sentido. 

Más de 700 accidentes muestran lo contrario, se ha visto que algunos operadores tienen la mentalidad de que es su “vía libre”, y lo que se atraviese “se lo llevan por delante” sin ninguna consecuencia como lo que sucedió con el joven ciclista atropellado el pasado sábado.

Fuente: Somos el Medio

Autor: Juan Carlos Hernández Rosete

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“Gasolinazo”: punta del iceberg que obliga a plantear la transición energética con respeto a pueblos originarios

Además de sustituir las fuentes fósiles por tecnologías con insumos renovables, es necesario respetar a las comunidades y pueblos originarios

A pesar de que el gobierno prometió que con la reforma energética los combustibles bajarían de precio, 2017 comenzó  con un alza en los costos de las gasolinas, el gas y el diésel. El descontento popular no se hizo esperar, ya que desde las primeras semanas del año surgieron numerosas movilizaciones en rechazo al “gasolinazo”, las cuales han ido desde manifestaciones, bloqueos y tomas de gasolineras o instalaciones de Pemex hasta episodios de vandalismo y saqueos, que han generado suspicacia por su dudosa intención.

La efervescencia en el ánimo colectivo, así como la intensidad y generalización del enojo, da muestras de un desgaste social acumulado a lo largo de varios sexenios. La injusta distribución de la riqueza se agudizó con la liberación del precio de los combustibles.

Un problema complejo como éste debe observarse desde múltiples ángulos. Desde una perspectiva ambiental, creemos que el “gasolinazo” y el descontento que provoca son sólo la punta de un iceberg de problemas más graves que ya dejan sentir sus consecuencias.

Sin duda, un factor preocupante que se ha puesto en evidencia es que las relaciones sociales de producción, es decir, nuestras actividades económicas, son altamente dependientes de los combustibles fósiles. La economía mexicana sigue siendo adicta al petróleo, y las finanzas públicas no han encontrado mejor fuente de ingresos que la ya muy exprimida Pemex. Las cadenas de suministro y distribución, las redes de transporte, la producción de energía eléctrica y otras actividades industriales clave siguen alimentando sus motores con estos energéticos.

Por otro lado, la quema de combustibles fósiles sigue siendo la causa principal del calentamiento del planeta, detonante del cambio climático global. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, 2016 ha sido el año más caluroso desde que se llevan registros globales; más aún, a partir del año 2000 se han reportado 16 de los 17 años más calurosos desde 1880. Esta tendencia añade más incertidumbre a nuestra capacidad para predecir los patrones climáticos y atmosféricos de un planeta en cambio global. A escala más local, la precaria calidad del aire en la Ciudad de México es un recordatorio constante de las consecuencias que la economía basada en el petróleo tiene para la salud.

Visto desde otro ángulo, las reservas mundiales de combustibles fósiles se están agotando. Es un hecho inevitable: los yacimientos de gas, carbón y petróleo están llegando a su fin. Aunque no se cuenta con datos precisos, debido a que muchos países productores reservan esta información por temas estratégicos, proyecciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) apuntan a que para mediados de este siglo existirán problemas de suministro debido a la escasez de reservas. Los recursos petrolíferos han sido fundamentales para mantener un crecimiento económico constante a lo largo de los últimos dos siglos, a pesar de los altos costos ambientales que han implicado su extracción y consumo; pero ahora es momento de prepararse para cuando ya no dispongamos de ellos.

El descontento por el “gasolinazo” fue provocado por una decisión gubernamental: permitir que el mercado y la competencia determinen el precio de las gasolinas, el gas y el diésel. Otras medidas de gobierno podrían mitigar o revertir el alza en el precio de los combustibles. Pero cuando las reservas empiecen a escasear, no bastará con decisiones fiscales y políticas para remediar el desabasto energético. A la luz de esto, cabe preguntarse qué tan preparados estamos sociedad y gobierno en México para enfrentar las situaciones futuras.

La transición energética hacia fuentes renovables es una tarea fundamental para las sociedades del siglo xxi. Las políticas climáticas de la Unión Europea han motivado que países como Alemania apuesten por una reducción considerable de sus emisiones de carbono. Para ello, han logrado disminuir en 50 por ciento su consumo de combustibles fósiles comparado con el de 1990. Esto significa que las relaciones sociales de producción de los alemanes se están desacoplando de esta clase de energéticos, y cada vez  dependen más de energías limpias. Asimismo, países más cercanos en lo geográfico y el contexto sociocultural como Costa Rica, han planeado y construido infraestructura suficiente para generar su demanda total de electricidad sin usar combustibles fósiles hasta por 250 días al año. Está claro que la población mexicana y su demanda de electricidad es mucho mayor que la costarricense, pero no es pretexto para postergar la necesaria transición hacia otras fuentes de energía.

Un último, pero no menos importante factor a considerar es el aumento de demanda energética, derivado de nuestros estilos de vida y el crecimiento de la población. Estimaciones recientes señalan que para el año 2050, la demanda será de cerca de 3 mil 500 megawatts por hora, comparados con los 2 mil 200 megawatts por hora en la actualidad. Más allá de encontrar fuentes alternativas, es imperativo adoptar estrategias de uso eficiente y ahorro energético en los diferentes sectores productivos estratégicos para revertir esta tendencia incremental.

En conclusión, la estabilidad del clima, aunada al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, nos imponen un límite al consumo. Si bien muchas de estas acciones y decisiones son competencia de los gobiernos, también corresponde a la ciudadanía revisar sus estilos de vida y patrones de consumo energético.

Más aún, es trascendental exigir a las autoridades una política clara rumbo a la transición energética. Y en este rubro cabe resaltar también que no basta con sustituir las fuentes fósiles por tecnologías con insumos renovables (el sol, los ríos, el viento, la biomasa, las mareas…), sino encontrar un modo justo y adecuado de adoptar estas tecnologías con pleno respeto de los derechos territoriales de los pueblos originarios y las comunidades locales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Programa del Medio Ambiente

https://desinformemonos.org/gasolinazo-punta-del-iceberg-obliga-plantear-la-transicion-energetica-respeto-pueblos-originarios/

Tres claves para entender la “guerra no convencional” que vive México

Muy pronto comenzó el año 2017 para México. Primero, con el llamado “gasolinazo” se han multiplicado las protestas ciudadanas por lo que se reconoce como el incumplimiento de una promesa gubernamental de acuerdo con la cual, después de puesta en marcha la reforma energética, no habría más alzas en los precios de las gasolinas y el diésel. Segundo, desde fuera y ya en los primeros días del año una organización independiente International Crisis Group (ICG) coloca a México entre “los 10 puntos críticos más volátiles del mundo”.

En el primer caso, el gasolinazo aparece como la gota que derrama el vaso de un profundo descontento social en el que la población no encuentra, en quienes han gobernado y gobiernan al país, un proyecto claro que permita mirar al futuro con esperanza. El hartazgo adquiere dimensiones reales cuando quien dice representar los intereses de sus gobernados toma decisiones que de una u otra manera afectan a todos. Pero, sobre todo, cuando quien debería ser el líder máximo no encuentra apoyo en una ciudadanía que no lo ve más, si es que alguna vez lo hizo, como alguien en quien creer y con la autoridad suficiente para ser obedecido.

En el segundo caso, el ICG compara la situación interna de México, en cuanto a tipo y nivel de violencia, con países como Siria, Afganistán, Yemen, Sudán del Sur, Irak, República Democrática del Congo, Gran Sahel y la región del Lago Chad, Birmania, Ucrania y Turquía. En este sentido, Iván Briscoe, director del Programa para América Latina del ICG, afirma que se incluyó a México, aunque no vive un conflicto “convencional”, dado que los niveles de violencia armada en el país “han llegado a cifras comparables a los de zonas de conflicto”. La pregunta necesaria en este punto es: si, formalmente, en México no se vive una guerra civil o la invasión declarada de otras naciones ¿Por qué el país registra cifras y niveles de violencia semejantes a los de países en guerra?  ¿Vive México una guerra no convencional?

La respuesta por supuesto no es sencilla ni puede concretarse al análisis de un sólo factor. Por lo que se proponen aquí tres posibles líneas de investigación, las cuales confluyen en una sola hipótesis.

Primera, un cambio en el rostro de la civilización como hoy la conocemos, que va más allá de la lógica de fronteras abiertas o del proteccionismo económico que ahora pretenden imponer Gran Bretaña y Estados Unidos, después de haber probado y vivido en carne propia las consecuencias del neoliberalismo, el libre mercado, la liberalización de los mercados financieros, la globalización y todo aquello que acompañó su propia visión del mundo y la función del Estado.

Esta transformación se caracteriza por una competencia descarnada por los recursos, el individualismo y un egoísmo exacerbado, en el que los intereses económicos han transcendido a la política para imponerse con toda su fuerza desintegradora, peligro que, ya a inicios del siglo XIX, pensadores tan preclaros como Hegel habían advertido. El filósofo alemán afirmó que la política era incapaz de garantizar su propia hegemonía sobre el interés social económico, peor aún, observó, con mucha agudeza, como la economía comenzaba a imponer sus reglas a la política, más aún comprendió tempranamente el poder disolvente encarnado por el capital cuya lógica daba rienda suelta al afán egoísta del individuo al separarlo de los nexos que lo ligaban al espacio privado familiar y al espacio político del Estado.

En una primera aproximación podría expresarse esta relación como el enfrentamiento entre el “mercado”, como la imagen más visible del capitalismo y el “Estado”, como la representación de los intereses de la mayoría. Entre las décadas de los años 40 y 80 del siglo pasado el mundo conoció al Estado benefactor o de bienestar, en el cual, a través de impuestos diferenciados, subsidios, educación, servicio médico gratuito, etcétera, el Estado logró disminuir los efectos negativos del mercado, tratando de igualar las condiciones de quienes no tendrían oportunidad de una vida mejor al sujetarse sólo a las leyes de la oferta y la demanda.

Hacia los ochentas, el modelo cambió y se decretó la minimización del tamaño del Estado y el retiro de aquellas políticas de corte social que protegían a las grandes mayorías para dejarlas con sus propias fuerzas frente a un mercado cada vez más excluyente. Las y los individuos quedaron entonces solos y a la deriva, en muchas de las ocasiones sin el amparo de la familia y sin la protección del Estado, gracias a que la nueva lógica propicia un individualismo extremo.

Ahora, en pleno siglo XXI, no se ha podido encontrar un modelo que, en todo caso, reúna lo mejor de ambos paradigmas, la famosa tercera vía. Por el contrario, parece imponerse una tendencia que lleva a sus últimas consecuencias el pleno desenvolvimiento de la “fuerza desintegradora” de la economía sobre la política, observada por Hegel.

El resultado, poblaciones enfrentadas al vacío del poder político, encarnado en gobernantes incompetentes, débiles, no comprometidos con la población a la que dicen representar y sometidos a los intereses económicos de una pequeña, pequeñísima élite mundial y decididos a defenderlos a como dé lugar, con las armas en la mano si es preciso, de ahí la urgente necesidad de militarizar la vida civil.

Segunda, la geopolítica es un segundo factor que podría proporcionar elementos para entender lo que está pasando en México y lo que ha llevado al país a estar en el grupo de los 10 puntos más críticos del planeta en términos político sociales. La explicación en este punto se relaciona, por supuesto, con el hecho de que México tenga como vecino al, aún, país más poderoso del mundo, Estados Unidos. En una interesante reflexión, Campo de guerra, Premio Anagrama de Ensayo, el periodista mexicano Sergio González Rodríguez, sostiene que: “la meta es acrecentar la inestabilidad en México, para imponer el Estado ‘fuerte’ y la misión de que México actué como gendarme de la región al sur de EE. UU., Centroamérica y el Caribe (…) El caos, el desastre educativo y la imposición de la barbarie (armas, droga, violencia, explotación masiva) terminan por ser redituables dentro de la geometría asimétrica de México con sus vecinos del norte” (Pág: 31).

En términos simples, México, convertido en un campo de guerra, sirve de barrera para frenar, en lo posible, los efectos negativos de un modelo económico-político brutal basado en la extracción de recursos naturales, humanos, económicos, técnicos, tecnológicos, científicos de las sociedades vulnerables en función del lugar que ocupan en la geografía mundial, y que de llegar a Estados Unidos harían de ésta una sociedad en peligro. Estos efectos son: enormes olas migratorias, el terrorismo, las bandas del narco y el crimen organizado, los delitos que en México han sentado sus reales como la trata de personas, los asaltos, los asesinatos, los secuestros y muchos otros. “Negocios” que generan ganancias estratosféricas en millones de dólares y a las que sí se permite cruzar la frontera norte. Por supuesto, no hay que dejar de lado el enorme negocio que para Estados Unidos significa la venta de armas en el mundo, incluido México como uno de sus clientes más cercanos. Negocio redondo, México paga por las armas con las que ha de evitar que el desorden y el caos llegué a su vecino del norte y con las que los propios connacionales se están matando.

Como refuerzo a la tesis de la necesidad de militarizar la vida civil, baste como ejemplo la conocida Iniciativa Mérida, concertada entre Felipe Calderón y George Bush, 2008, cuyo objetivo principal fue dotar de equipo bélico al gobierno mexicano: helicópteros, aviones con aparatos de rastreo térmico, programas de cómputo y radiocomunicación y entrenamiento en operaciones antinarcóticos. Pero ni a Calderón ni a Bush se les ocurrió que podrían atender el problema fortaleciendo las redes sociales de apoyo a sectores desprotegidos, programas para la creación de empleos, asesoría técnica para desmontar las redes financieras de los narcos o para atacar la enorme corrupción que ha convertido a muchos gobernantes y empresarios en “socios” de los narcos. Nada de eso, su primera opción fue fortalecer técnicamente a las fuerzas armadas.

Tercera, la histórico-política, México atraviesa por un periodo histórico de gran inestabilidad política y social caracterizado por el agotamiento de un modelo político de corte autoritario-corporativo-clientelar y una transición inconclusa a la democracia que aunque se tradujo en un mejor sistema electoral no aseguró la independencia de éste respecto de los partidos políticos, ni un cambio positivo en la relación entre poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) ni entre los diversos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y menos entre el Estado y la sociedad.

Ambos fenómenos, el modelo agotado y la transición inconclusa han permitido el arribo al poder de una clase política incompetente, corrupta, trepadora, ignorante, sin proyecto de país y no comprometida con los intereses de aquella gente a quien gobierna o dice representar. Han provocado además una honda ruptura en el pacto social que obligaba al gobierno a vigilar el bienestar de las grandes mayorías y a la sociedad a obedecer y apoyar los mandatos de tal gobierno. El resultado es el caos, la desobediencia civil, el rompimiento del tejido social, la impunidad, la proliferación de los delitos y con ellos la necesidad imperiosa de un nuevo pacto y de liderazgos que logren encausar la energía social de manera positiva hacia la conformación de un nuevo proyecto de país.

De aquí que el “gasolinazo” prácticamente “rocié gasolina” sobre un malestar social acrecentado por las acciones de un gobierno incapaz de mirar más allá de los intereses de su pequeño grupo y que con cada una de sus acciones aviva más el fuego del “mal humor social”.

Resumiendo, México vive una guerra no convencional resultado primero, de la imposición de los intereses económicos (de unos cuantos) sobre los intereses políticos (de la mayoría); segundo, de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca convertirá a México en enemigo además de parapeto; tercero, de la decadencia del sistema político mexicano y una transición inacabada a la democracia que ha propiciado el arribo de la peor clase política en décadas, por decir lo menos.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Ivonne Murillo Acuña

https://desinformemonos.org/tres-claves-entender-la-guerra-no-convencional-vive-mexico/

En Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no sólo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios

Actualmente la política  ya no está operando  dentro de los mismos límites  en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más  grave es que estos intereses están conectados  con los de las organizaciones de la delincuencia organizada.  A los políticos,  la población ya no los vincula únicamente  con las instituciones estatales,  ni son  meros actores dentro del ámbito gubernamental, más bien,  los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan  a los corporativos trasnacionales  para fortalecer un modelo de desarrollo fincado  en el despojo  y la privatización  de los recursos estratégicos.  Su ímpetu por la ganancia crasa  y su falta  de compromiso con la sociedad  los ha llevado  a enrolarse con actores no estatales  que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero  en una sociedad  sometida  por el terror delincuencial.

Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder  que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema  jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que  coloca  a las personas  en un estado de suma vulnerabilidad. Con muchas restricciones  legales  y políticas, con nulo acceso a la justicia, desconectados  de las redes de apoyo  gubernamental  y sometidos  por actores  gubernamentales que usan la violencia para amedrentar  y someter  a la población. Se  trata  ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales  y se ha profundizado  gravemente la desigualdad. La gente  tiene un sentimiento de orfandad, siente que camina a la deriva, en medio del caos, sometida  a los dictados   de  la  macroeconomía  que  se rige  por la acumulación del capital.

Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional  y local.  El poder de las trasnacionales es  tan grande que  sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder  macroeconómico  avasalla  a la política y a los políticos, somete a su lógica  capitalista  todo intento  de  construir una sociedad menos desigual  y más incluyente.  Es un poder ciego,  sin corazón. Deseoso  de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento  porque necesita explotar al mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores. Estos actores no estatales  tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al  ejército y la marina  para proteger los intereses supremos del capital. Toda la  fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueadores.

La represión  contra la población que se rebela y protesta,  tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza,  con el argumento de que se atenta  contra las instituciones  y se pone en riesgo la convivencia pacífica. Se genera una opinión  en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima porque se pone a salvo el orden constitucional  y el régimen dominante  cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar.

Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder  que fomenta la corrupción  y que permite que los interese privados se mezclen con los proyectos  de justicia  a los que aspira la sociedad. La  fragilidad institucional  y la crisis misma de representación política  han desdibujado los límites que existían entre el campo legal  y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a  los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder.

Actualmente  el poder público opera con intersecciones sumamente perversas,  donde el Estado aparece como  el gran aparato que protege  y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones trasnacionales. En estas  circunstancias las leyes, las instituciones y las  mismas autoridades  están al servicio de los interese macroeconómicos. Este poder visible  protege y encubre  al poder oculto, es decir  a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas  en varias regiones del país.

En Guerrero están  los poderes ocultos  vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones  y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas  y construyen  las nuevas narrativas que justifican la violencia  y la hacen aparecer  como parte de la normalidad. Lo más grave  es que  el poder formal, el que  usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales, cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida  y la seguridad de los demás. Es desaparecer y arremeter violentamente contra  quienes se oponen  a sus negocios  truculentos. En  este escenario caótico el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan  y usan  los poderes  mediáticos,  normativos, culturales, ideológicos y religiosos  para reforzar  su propio poder destructor.

Estamos lejos de contar  con un Estado regido por las normas constitucionales, de un estado que lucha contra la desigualdad social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza  y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien  una  práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia.  En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales fincándoles delitos graves y haciendo imposible su defensa legal. Se trata de una medida  que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad para mantener la organización y  alterar la sostenibilidad del movimiento. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad.  Se trata de socavar  el tejido comunitario, de destruir  los esfuerzos  ciudadanos que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta.  De extirpar  el cáncer de la corrupción  y de contener al crimen organizado  que hunde sus raíces en un sistema  que utiliza la fuerza y la violencia  para mantener el viejo orden dominante.

En Guerrero han incubado en diferentes regiones del estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad  los cataloga como grupos civiles armados. Son  hombres armados, “paramilitares” que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos. Buscan hacer el mayor daño posible y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas; a mujeres, jóvenes, niñas, niños y hasta  bebés. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de  muerte  con el uso letal de sus armas que es la marca más funesta que  dejan  al tomarla comunidad por asalto.

La población  vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone el que sobrevivir y andar a salto de mata,  porque la legalidad imperante  protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército  han sido incapaces de contener  este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan con los negocios de las trasnacionales. Nunca están en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección. En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se ha normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las atrocidades  que padecemos. Justifican  su ineptitud y construyen sus discursos  para legitimar el caos y la falta de garantías  a una  población  que vive en el acecho permanente.

Los civiles armados, como actores  no estatales vinculados al crimen organizado  cabalgan  por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades que ante el destino funesto de vivir en la precariedad  y en la lejanía de las instituciones  gubernamentales tienen que resignarse a la fatalidad.

Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios  para recuperar  sus territorios. Resisten  para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas  mineras  que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como a las mismas organizaciones delincuenciales.

El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz  de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados  para impedir  que prospere la protesta y  llegue la solidaridad  de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal  entre  una multinacional que, a cualquier costo social  y ambiental,  quiere extraer el oro apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra  cómo en esta región los actores no estatales unen  sus intereses para destruir  un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente.

Las autoridades estatales en lugar de proteger a los pescadores hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando sí sus acciones delincuenciales.

Fuente: Desinformémonos

Autor: CDH De La Montaña Tlachinollan

https://desinformemonos.org/guerrero-la-fuerza-estatal-protege-los-saqueadores-se-colude-los-civiles-armados/

Protestas en Querétaro contra Peña Nieto y las reformas estructurales

Cientos de personas se manifestaron ayer en diferentes puntos de la ciudad en protesta por las reformas estructurales constitucionales, por la presencia de Enrique Peña Nieto en el estado, con motivo del acto conmemorativo del centenario de la promulgación de la Carta Magna y para exigir la legalización de automóviles de procedencia extranjera que circulan en México.

Alrededor de 4 mil integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) bloquearon la carretera federal 57 México-Querétaro. Inicialmente cerraron ambos sentidos y más tarde liberaron el sentido hacia San Luis Potosí.

Posteriormente se dirigieron a la entrada del Centro de Congresos, donde Peña Nieto encabezaba un acto. Ante la llegada de los manifestantes, policías federales, estatales y municipales bloquearon el acceso al inmueble desde la carretera México-Querétaro con la colocación de vallas metálicas.

En tanto, el dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática, Antonio Tirado, brincó el cerco y exigió que las autoridades los recibieran y dialogaran con los inconformes procedentes de diferentes puntos del país, quienes exigían al gobierno federal la regularización de los llamados autos chocolate.

Otro grupo de ciudadanos se concentró en el Cerro de las Campanas, adonde llevaron imágenes de Peña Nieto; del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y del alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega.

Unas 200 personas representaron de forma simbólica el fusilamiento de Peña Nieto y de los funcionarios citados en la explanada de ese histórico recinto por, según dijeron, ‘‘incurrir en traición a la patria’’.

Mientras, integrantes de la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto marcharon de la Plaza Fundadores, en el centro histórico de la capital, hacia el Jardín Guerrero, donde expresaron su inconformidad por el gasolinazo y por el desalojo que realizó el gobierno municipal de Querétaro de comerciantes ubicados en las inmediaciones del parque Alameda.

Fuente: La Jornada

Autora: Mariana Chávez

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/06/politica/004n2pol

Caen cruces fronterizos y ventas en EU, por dólar caro y efecto Trump

La depreciación del peso frente al dólar, el incremento al precio de las gasolinas y el diésel, las revisiones exhaustivas a turistas y la indignación por los amagos de Donald Trump contra México han alejado a habitantes de ciudades fronterizas de Coahuila, Sonora y Tamaulipas, de los comercios ubicados en localidades estadunidenses y, en algunos casos, mantienen a ese sector a punto del colapso.

Incluso, durante este fin de semana largo, por el día de asueto oficial con motivo del 5 de febrero, cuando se celebra la promulgación de la Constitución de 1917, la afluencia de vehículos por los puentes internacionales que comunican con el vecino país fue menor que en otras ocasiones.

Esto se debió en parte por las campañas en redes sociales para que los connacionales no ingresaran a Estados Unidos a fin de enviar un mensaje a Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza y como muestra de que los paisanos tienen dignidad.

La Cámara de Comercio de Eagle Pass, frontera con Piedras Negras, Coahuila, puso en marcha un programa de protección al comercio que incluye estímulos fiscales y la promoción de sus productos a lo largo del cruce fronterizo.

La crisis para los comerciantes de esa localidad del sur de Texas se agudizó y desde de septiembre pasado cerraron 30 de los 92 comercios que ofrecen comida, artículos electrónicos, de limpieza, ropa, zapatos y productos baratos fabricados en China.

Crisis pasajera

Los vendedores de la que llegó a ser una pujante zona comercial estimaron que sólo entre diciembre y enero dejaron de funcionar 17 establecimientos comerciales de la zona centro, por la baja demanda de clientes, la mayoría provenientes de Coahuila, aunque las autoridades de Eagle Pass consideran que la crisis es pasajera.

Así como unos negocios cierran, otros se abren, pero el comercio de Eagle Pass está en condiciones de salir adelante, ya lo ha hecho en otras crisis por devaluaciones del peso, consideró José Cruz, director del programa para promover el centro de esa demarcación estadunidense.

Los comerciantes señalaron que mientras la disparidad del peso y el dólar se mantenga, la recuperación de las ventas no ocurrirá pronto.

La caída en las ventas viene del año pasado, cuando el precio del dólar empezó a aumentar; otro motivo es el incremento en el gas (el precio de la gasolina) en México, comentó Alonso Martínez, empleado de un centro comercial.

Les pegó mucho a los mexicanos, deben tener sus prioridades para gastar el dinero y lo estamos sintiendo porque ahora vienen menos a comprar, agregó Martínez.

Rosa María Jiménez acostumbraba cruzar cada fin de semana a Eagle Pass para comprar despensa, pues cree que hay más productos y de mejor calidad; llenaba el tanque de gasolina de su camioneta y aprovechaba la vuelta para comer y dar un paseo por el centro comercial. Casi siempre la acompañaba su hija María Alicia, quien se surtía allá de cuadernos y ropa para la escuela. La última vez que lo hicieron fue en diciembre; la economía familiar resintió la cuesta de enero, el incremento al precio de los combustibles y el encarecimiento del dólar, pero lo que terminó por desanimarlas fue la actitud del nuevo gobierno de Estados Unidos hacia los mexicanos.

Para qué arriesgarnos, en una de esas por alguna razón nos quitan las visas y ya no podríamos volver a ir, además ahorita todo está muy caro allá, relató Rosa María, corredora de bienes raíces.

Afectaciones en Arizona

Los comercios asentados en la entrada de Nogales, Arizona, fronterizo con Nogales, Sonora, registran una baja en ventas de alrededor de 40 por ciento.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora, atribuye esta situación a las frecuentes amenazas y políticas antimigrantes contra México anunciadas por el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

Los comercios en Nogales, Arizona, que comúnmente son visitados por sonorenses durante los fines de semana, mantienen baja afluencia de clientes.

La economía en Arizona está siendo afectada por esta situación, creo que aquí será muy importante el contrapeso que las autoridades estadunidenses tengan que hacer contra esas decisiones, comentó el funcionario.

Indicó que la dependencia a su cargo se mantiene en contacto permanente con la encargada de Comercio del estado de Arizona, Sandra Watson, quien fue la primera en reconocer las afectaciones en los negocios asentados en Estados Unidos.

“Hace unos dos días me tocó ver unas fotografías de un mall (centro comercial) de Arizona, en Scottsdale, y estaba totalmente desolado; ellos ya reconocen las afectaciones y esperemos que tomen medidas”, subrayó Vidal Ahumada.

En los cruces a Estados Unidos por Sonora, sobre todo la carretera federal número 15, que comunica a los dos Nogales, se ha confirmado una disminución notoria en el tráfico de vehículos de connacionales al vecino país, incluso durante este fin de semana largo, en los que comúnmente se genera tráfico.

Este fenómeno también se observó en Nuevo León. Funcionarios de la Red Estatal de Autopistas reportaron una baja afluencia de vehículos de esa entidad rumbo a la frontera norte.

Operadores de casetas en la autopista Monterrey-Reynosa indicaron que la concurrencia de automotores en las casetas fue baja durante el sábado, en comparación con puentes largos pasados, cuando desde los viernes por la tarde aumentaba la afluencia de autos.

En tanto, personal del puente Anzaldúas, en la zona de Reynosa, Tamaulipas –limítrofe con McAllen, Texas–, informó en su cuenta de Twitter que pasadas las 17 horas del sábado el tiempo de cruce aproximado no rebasaba la hora, con cuatro líneas abiertas de revisión, cuando en un día de tráfico intenso el tiempo puede prolongarse de 90 minutos a dos horas.

Adiós McAllen

En las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Nuevo Laredo, usuarios de las redes sociales, molestos e indignados por las declaraciones de Donald Trump, promueven la campaña denominada Adiós McAllen, con la finalidad de que los connacionales eviten cruzar a territorio estadunidense a comprar productos.

Miguel Ángel Caballero Barajas, dirigente de los comerciantes del centro histórico de Matamoros, informó que debido a la cotización del dólar y a los dichos del republicano contra los mexicanos, se han incrementado las ventas en las 10 ciudades de Tamaulipas que hacen frontera con Texas (Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Mier y Nueva Ciudad Guerrero).

Ya no se observan las largas filas de vehículos en los cruces de los 18 puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas. Hemos tenido la visita de gran cantidad de clientes que adquieren lo mismo útiles escolares, ropa de vestir, comida y otros bienes, cuyo costo se incrementó en las tiendas del Valle de Texas, de Brownsville a Laredo, lo que ha provocado que esos negocios estén vacíos, refirió Caballero Barajas.

Ante esta situación, la cá- mara de comercio de McAllen reportó durante esta semana que las ventas disminuyeron un 4 por ciento y se prevé que continúan a la baja, luego de que Trump ha mantenido su promesa de construir un muro en la frontera con México y regular la emisión de visas para contener la migración.

Los empresarios texanos planean reforzar sus campañas y establecer alianzas en las urbes fronterizas con la finalidad de recuperar los 10 millones de compradores del lado mexicano que cada año consumen productos en sus centros comerciales y que paulatinamente los han dejado de frecuentar.

Ciudadanos mexicanos que compraron residencias en las principales ciudades texanas como San Antonio, Corpus, Houston, Austin, Victoria, ante la inseguridad que afecta a Tamaulipas, revelaron que ante los amagos de Trump y la eventual cancelación de visas para quienes adquirieron la ciudadanía estadunidense en calidad de migrantes dorados, han recurrido a bufetes jurídicos texanos para proteger sus capitales y su condición migratoria adquirida en los últimos 10 años.

Iniciativa Unas Horas por México

En el estado fronterizo de Baja California, la iniciativa Unas Horas por México hizo un llamado a la sociedad tijuanense a no cruzar a suelo estadunidense este 5 de febrero, con el objetivo de enviar un mensaje a la administración de Donald Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza.

La iniciativa, difundida en redes sociales, llamó a darle un momento a México e invitó a los paisanos a no consumir ningún producto estadunidense ni acudir a laborar en el país vecino entre las 8 y las 15 horas del primer domingo de febrero, en repudio a las recientes medidas del presidente republicano y como muestra de que los mexicanos tienen dignidad.

La organización no gubernamental Unas Horas por México, originaria de Tijuana, encabezada por Carlos Barboza Castillo, autor de la iniciativa #UnasHorasPorMéxico, recordó que la zona Cali-Baja, aunque integrada por ciudades de diferentes países y dividida por un muro, es vista por los residentes como una misma región.

Fuente: La Jornada

Autores: Leopoldo Ramos, Cristina Gómez, Martín Sánchez, Erick Muñiz y La Jornada Baja California

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/06/estados/025n1est

Exjefe de SSP Veracruz acumuló riqueza por 86 millones de pesos en sexenio de Duarte

La evolución patrimonial del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, le reportó ingresos por un total de ocho millones 229 mil pesos, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según reportó la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Sin embargo, adquirió bienes inmuebles por 42 millones, 737 mil pesos, con valor comercial de 86 millones, 773 mil pesos en el mismo periodo.

Ello, fue fundamental para que se liberará la orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017.

Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta- fue sujeto a un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito, Luis Miguel Olvera y en el que se alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual del 2011 –primer año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil, 241 pesos.

Verónica Portillo Suazo, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral pidió la orden de aprehensión a Rufo Seechi Ordóñez, Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos contra Arturo Bermúdez el pasado 2 de febrero.

En el documento señala al calce: “no acreditó la procedencia de dichos recursos” y “se evidencia la probabilidad de que hayan sido detenidos del erario”.

La prisión preventiva de ocho meses sin derecho a fianza que dictó la Fiscal quedó fortalecida por una vinculación a proceso establecida en noviembre pasado, por abuso de autoridad y tráfico de influencias. En ella la juez de Control Estrella Iglesias ya le había fijado una fianza de un millón de pesos, además de prohibirle salir del país.

Desde la madrugada del sábado Bermúdez Zurita duerme de forma aislada en el penal de Pacho Viejo, ubicado en el llamado Pueblo Mágico de Coatepec, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Empleados de la Dirección General de Readaptación Social (DGRS) confirmaron a este reportero que Bermúdez se encuentra aislado, que ha expresado miedo por ingresar con el resto de la población carcelaria y que los únicos privilegios de los que ha gozado es que le permiten ingresar su propia comida, así como sábanas y cobijas limpias de su propiedad.

“Capitán Tormenta”, criticado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación y reporteros de nota roja que vivieron en carne propia el ánimo represor de la SSP, fue protagonista en algunos memes en redes sociales este fin de semana.

Con la filtración de una foto ya interno en el penal de Pacho Viejo, donde se le observa con la mirada ofuscada y el ceño fruncido, ataviado con una camiseta naranja similar a la que usan los empacadores en Chedraui, no faltó quien hiciera un fotomontaje como si el exjefe policiaco fuera un “cerillo” de supermercado.

Riqueza súbita

En el oficio número 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez se aclara que su declaración patrimonial solo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyos propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos.

Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016, señala que al término del 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en el 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registro cambio alguno, pero en el 2016 (con corte a agosto), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.

Entre los bienes de Bermúdez destacan lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la Ciudad de México.

Con cuatro días cumplidos en prisión, Arturo Bermúdez Zurita se convierte en el segundo exfuncionario del gobierno de Javier Duarte ingresado a prisión, solo que el anterior, Leonel Bustos Solís, exdirector del Seguro Popular apenas duró once días tras las rejas, pues obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación para que se le “suspendiera” la prisión preventiva.

El caso de Arturo Bermúdez es distinto, pues además del desvió de recursos que la ha señalado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se encuentra la acusación por enriquecimiento ilícito que le endilga la Fiscalía General del Estado, más el abuso de autoridad y tráfico de influencias en materia de seguridad. A ello se agrega que colectivos de personas desaparecidas lo incriminan como el principal responsable de desapariciones forzadas en el Estado.

Cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) entregadas a este reportero vía transparencia indican que 17 de cada 100 desapariciones forzadas en el país ocurren en Veracruz, cifra por encima de entidades considerada violentas como Guerrero y Tamaulipas.

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

http://www.proceso.com.mx/473271/exjefe-ssp-veracruz-acumulo-riqueza-86-millones-pesos-en-sexenio-duarte