Con la nueva norma, además, carece de validez como prueba una confesión obtenida bajo tortura y ésta se persigue de oficio, aparte de que se suspende del cargo al funcionario acusado de esa práctica, entre otras.
Luego de que en diciembre la Comisión de Derechos Humanos aprobó la minuta del Senado, sin incluir las observaciones del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el dictamen se frenó y nuevamente debió ser discutido entre los diputados.