La politización de la Ley de Seguridad Interior y los intereses de los gobernadores por el botín de los recursos frenan su aprobación en el Congreso. Mientras, continúa la militarización de la seguridad pública y aumentan las violaciones a los derechos humanos
La discusión en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior no es más que la lucha por el botín de los recursos que reclaman los gobernadores, cuyos legisladores no trabajan para el interés nacional sino para los intereses partidistas. En tanto, se profundiza la inseguridad pública del país.
