El legislador federal Virgilio Caballero ha informado que la Corte de La Haya, conforme al Estatuto de Roma, acusó recibo del documento con nombres y pruebas para conocer jurídicamente de las omisiones de los gobiernos mexicanos, al no rastrear con sus ministerios públicos, los casos de periodistas mexicanos mandados golpear, matar, amenazar y hasta encarcelar injustamente, porque ejercen sus derechos para buscar información y darla a conocer en los medios, ofreciendo material para el análisis y la crítica. Ha sido atinada la acción jurídica para evidenciar que los gobernantes del Estado Federal, cuando mucho, hacen declaraciones censurando los hechos contra los periodistas, enviando pésames y asegurando que las averiguaciones buscarán a los responsables de los delitos. Pero no es así. Casi todos, por no decir que todos los homicidios han quedado en la impunidad. Y sólo en el sexenio sangriento de Peña y sus cómplices los desgobernadores, ya se rebasan los 150 mil asesinatos.
Así que la Corte de La Haya aceptó intervenir, conforme a su competencia internacional, para hacer una investigación que irá hasta las últimas consecuencias penales contra los funcionarios que han sido omisos y que serán demandados para que, realmente, cumplan con su obligación para dar con los autores materiales e intelectuales de los homicidios, en este caso principalmente contra los reporteros. El que los legisladores federales hayan decidido intervenir ante la Corte Internacional de Justicia, significa que solamente la oposición real sí toma en serio la defensa de los integrantes de la nación.
Todos los mexicanos necesitamos que los gobernantes garanticen nuestras vidas. Y en esa misma proporción, los periodistas, quienes, como todo trabajador, sólo cumplen con realizar su actividad. Y no deben ser amenazados o asesinados por esto. La intolerancia política y quienes no quieren que sus actos sean objeto de esa actividad son quienes han estado cometiendo estos homicidios; y entonces bien vale que la Corte de La Haya esté ya conociendo jurídicamente esos hechos que los gobernantes mexicanos han mantenido en la impunidad. En muchos casos por complicidad.
Ante esto, también 39 grupos de comunicación suscribieron un documento publicado en varios de ellos (4 de diciembre de 2017) para “desarrollar una estrategia conjunta que nos permita incidir de manera eficaz en la prevención de ataques contra periodistas y medios de comunicación… constituir un grupo de trabajo para delinear acciones de corto, mediano y largo plazos y emprender una campaña conjunta orientada a la sociedad en general, para compartir con transparencia nuestra visión sobre el desafío que tenemos enfrente”. Con dos párrafos de introducción y cuatro acuerdos, expresan que “el crimen organizado (que) está cancelando la libre expresión en regiones enteras del país, donde los periodistas ya no sólo son silenciados, sino que se les exige llevar los mensajes de los delincuentes. Por si fuera poco, es grave que servidores públicos de los tres niveles de gobierno estén entre los agresores”.
Petición y reclamo, el documento hace un llamado al “gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales”, para que los periodistas, como el resto de los mexicanos ajenos a la violencia criminal, reciban la máxima seguridad para su pacífica convivencia y la mayor paz social para el desempeño de sus trabajos. Y solicita acabar con la impunidad que privilegia a los responsables de los delitos que están constantemente presionando contra las libertades de publicación y difusión de toda clase de información.
El Basta Ya del desplegado, detalla cómo los medios de comunicación están siendo víctimas de la dramática inseguridad que priva en todo el país y que es “violencia contra la prensa” y, por consiguiente, también contra la opinión pública. Pues en sus vidas privadas y organizaciones públicas, como en este caso los medios de comunicación “que en contraposición a sociedades cerradas, son accesibles a todos” (Jürgen Habermas: Historia y critica de la opinión pública), los mexicanos sobreviven a los violentos ataques de la criminalidad.
Basta ya es una demanda pública a los gobiernos municipal, federal y de las 32 entidades, para que cumplen con sus obligaciones de reestablecer la máxima seguridad ordenada constitucionalmente. No se piden privilegios para los medios de comunicación, sino de que cesen los actos violentos que sufren los periodistas al realizar su trabajo, pues “con cada asesinato de un periodista se le arranca (a la sociedad) su derecho a saber”.
FUENTE: CONTRALÍNEA
AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI