En un comunicado, la CNDH detalló que por la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros, 20 menores sufrieron afectaciones, y de ellos ocho murieron contagiados por las bacterias “escherichia coli” (E Coli) y “acinetobacter baumanni”.
El organismo constató que en los ocho casos de fallecimiento existían coincidencias en los padecimientos y complicaciones asociadas a la prematurez de bebés, quienes requerían de atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que estaba inhabilitada por trabajos de ampliación en el Hospital, los cuales no se terminaron a tiempo por falta de recursos económicos.
Por ello, el hospital improvisó áreas de vigilancia en las Unidades de Cuidados Obstétricos, Emergencias Pediátricas, Emergencias para Adultos, que no presentaban los requerimientos de higiene, infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para una atención de calidad de los recién nacidos, lo que ocasionó que se encontraran expuestos a condiciones propicias para el contagio de las bacterias.
“La CNDH acreditó que las circunstancias en que el hospital brindó sus servicios de salud no garantizaron el derecho a la protección a la misma y a la vida de niñas y niños víctimas del contagio.
“El personal médico manifestó no haber encontrado espacio en otros hospitales para el traslado de los bebés, aunque no existe constancia que dichas solicitudes hayan sido realizadas. Además, las madres de las víctimas no fueron informadas del estado de salud de sus hijas e hijos, ni del motivo del fallecimiento, lo que transgrede el interés superior de la niñez”, observó la CNDH.
Tras esos hechos, en septiembre de 2015, la Secretaría de Salud del estado negó que la muerte de los niños se diera por una bacteria y ordenó una investigación para conocer la causa, sin dar más detalles.
Tanto “la Fiscalía General y el Gobierno estatal mantuvieron 18 meses inactiva la investigación del caso, lo que violenta el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de los menores de edad”.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de la entidad y al Fiscal General estatal reparar el daño a madres y padres de los menores de edad fallecidos, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, así como darles atención psicológica oportuna.
Además, “el gobernador del estado deberá establecer un programa presupuestario para dotar al hospital de los instrumentos, equipo y medicamentos necesarios que garanticen estándares de calidad en el servicio de salud; concluir las obras de ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, colaborar con la CNDH en la presentación de la queja administrativa correspondiente y capacitar al personal de ese hospital en materia de derecho de protección a la salud con perspectiva de género, considerando el interés superior de la infancia”.
También se deberá integrar copia de la recomendación al expediente laboral y personal de la autoridad correspondiente en el Hospital; realizar un estudio sobre las causas del alto índice de partos prematuros en el municipio de Tlapa, y adoptar las medidas pertinentes para su atención.
“La Fiscalía General deberá capacitar a su personal en materia de debida diligencia en la investigación ministerial y derecho de acceso a la justicia; realizar las gestiones necesarias para integrar con debida diligencia la carpeta de investigación y remitir a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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