La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el fin de semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada en diciembre pasado por una mayoría en el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien dijo que no haría uso de las facultades que le otorga esta legislación hasta que fuera revisada por el máximo tribunal.
La CNDH indicó que hay artículos que generan la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes.
En el documento que se expone íntegro a continuación, se señalan cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantearía la LSI, contraviniendo criterios establecidos en contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre la presencia del Ejército cumpliendo labores policiales, recordó que la Corte Interamericana expuso que la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en
actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos.
“La Corte Interamericana enfatiza el sentido en el que se han pronunciado diversos organismos internacionales que han analizado las implicaciones de permitir que cuerpos militares realicen funciones de policía judicial, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, manifestando su preocupación por el hecho de que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, y han indicado que las funciones de la policía deberían estar exclusivamente a cargo de una entidad civil. Sólo así se respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría mucho el acceso a la justicia por parte de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, cuyas denuncias suelen ser investigadas por las mismas instituciones a las que acusan de perpetrar esas violaciones”, indica el recurso presentado.
La CNDH apunta el hecho de que se desconozca lo previsto por el artículo 21 Constitucional, que expresamente señala las materias y autoridades que corresponden a la seguridad pública, al pretender sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI, con independencia de su verdadera naturaleza y consecuencias prácticas; así como que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hacen a nivel Constitucional.
De acuerdo con la comisión esta ley posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado al combate a la inseguridad, encontrándose entre estos motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho.
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Fuente: Aristegui Noticias
Autor: Redacción
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