El reciente regreso de casi 4 mil indígenas a sus comunidades en Chiapas, desplazados por la violencia causada por habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, municipios que eran amigos y ahora disputan 350 hectáreas, hace que sea sólo cosa de tiempo para que ocurra un ataque armado de la magnitud del que sacudió al país hace 20 años en Acteal, con saldo de 45 muertos y 25 heridos, advierten organizaciones civiles y otras defensoras de los derechos humanos. Por acción u omisión, afirman los denunciantes, los tres niveles de gobierno no han podido frenar a los al menos cinco grupos paramilitares que, desde entonces, operan a sus anchas en la región.
Más allá del desplazamiento de miles de indígenas del municipio de Chalchihuitán, quienes dejaron sus comunidades forzados por la violencia, los gobiernos estatal y federal no han podido desactivar, pese a la presencia de policías y soldados, los al menos cinco grupos armados que operan en la región de Chenalhó, denuncian testimonios de pobladores de la zona.
A finales de octubre pasado, unos 5 mil tzotziles huyeron de sus casas por temor a ser asesinados por una disputa de tierras. Abandonaron las nueve comunidades colindantes con el municipio de Chenalhó (Pom, Ch’en’mut, Canalumtic, Tzomoltón, Bejeltón, Tulantic, Bololchojón, Cruz Kakanam y Cruztón) y se refugiaron en las montañas cuando oyeron los balazos que provenían de un grupo de encapuchados con equipos de radiocomunicación en la cintura.
El comando saqueó viviendas, baleó sus fachadas y quemó las casas que, en su mayoría, estaban construidas con madera y techos de lámina.
A diferencia del movimiento del EZLN, en el que las movilizaciones ocurrieron por posiciones ideológicas y políticas en defensa de los pueblos indígenas, ahora (aparentemente) es por la disputa de 350 hectáreas y sus límites territoriales entre habitantes de los municipios Chalchihuitán, gobernado por el PRI, y Chenalhó, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El conflicto entre ambas localidades comenzó en 1975, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria, tras realizar trabajos de reconocimiento y titulación de bienes comunales, emitió una resolución favorable a Chalchihuitán, desencadenando la furia de sus vecinos de Chenalhó, quienes acusaron que la autoridad no tomó en cuenta los límites que ambos poblados habían establecido basados en la división natural de un río.
Después de los litigios en los tribunales llegó la confrontación. Durante décadas, ambos pueblos indígenas realizaron protestas en San Cristóbal de Las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Luego vinieron los enfrentamientos armados, acabándose familias y dejando, en el mejor de los casos, viudas y huérfanos.
De los 5 mil tzotziles que huyeron hace un par de meses, 3 mil 800 ya regresaron a sus comunidades –hallaron sus viviendas saqueadas y destrozadas–. Sin embargo, persiste el miedo a una incursión de grupos armados. Los mil 200 que siguen refugiados en las montañas, entre ellos hay niños y embarazadas, también permanecen en condiciones precarias: sobreviven en la intemperie, tienen hambre, frío y miedo; algunos están gravemente enfermos.
Desorden ante la ONU
Por la gravedad de la situación, comparable con los primeros años del movimiento del EZLN, el padre Sebastián López López, del municipio de Chalchihuitán, pidió ayuda a su vecino de Simojovel, el cura Marcelo Pérez Pérez, y a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
Integrantes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, quienes solicitaron que no se les identificara en este texto, aseguran que los indígenas desplazados que volvieron a sus comunidades lo hicieron bajo presión de las autoridades estatales. Además, contrario a lo que menciona el gobierno de Manuel Velasco Coello, afirman que no se ha atendido la principal demanda de la población vulnerable: desarticular a los grupos armados.
Justo cuando iniciaba la crisis de los desplazados, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, llegó a México.
La enviada de la ONU no pudo estar en Acteal ni en otras comunidades de los Altos de Chiapas, ante el riesgo que representa la región indígena tzotzil. Así que el 15 y 16 de noviembre último, desde San Cristóbal de Las Casas, registró los testimonios de la crítica situación en el sureste mexicano.
Un mes después, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, constató pendientes de los gobiernos chiapaneco y federal, y les solicitó de manera urgente atender los campamentos de los refugiados, pues identificó ahí situaciones que ponen en peligro su vida.
Entre las recomendaciones de la CNDH a las autoridades destaca la solicitud de patrullajes “hasta que se garantice el retorno seguro de las familias a sus comunidades de origen, para evitar robos, saqueos y daños en propiedad ajena, entre otros delitos”.
De amigos a enemigos
De acuerdo con el relato de Marcos Pérez Gómez, líder indígena tzotzil y del movimiento de Chalchihuitán, los habitantes de ambos municipios en pugna eran como hermanos, como sus santos patronos.
Pedranos y Pableros se visitaban mutuamente en sus grandes ceremonias y festividades cada 28 y 29 de junio. Eran celebraciones que se prolongaban durante varios días. “El problema comenzó cuando entró la (Secretaría) de la Reforma Agraria y jodió todo”, asegura Pérez Gómez.
El municipio de Chalchihuitán está gobernado por Martín Gómez Pérez, del PRI; Chenalhó, por Rosa Pérez Pérez, del PVEM.
El ascenso de esta mujer tzotzil no fue fácil, se impuso a un grupo disidente. Pasó más de un año para que pudiera asumir su puesto, luego de líos legales que finalmente resolvió en su favor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el conflicto interno de Chenalhó continúa. Un grupo de indígenas encabezado por Manuel Santiz Álvarez señaló la existencia de un grupo armado que, asegura, está al servicio de la alcaldesa.
De acuerdo con la disidencia de Chenalhó y habitantes de Chalchihuitán, se trata de un comando que patrulla las carreteras y los caminos de la región; van encapuchados y usan pistolas, rifles de asalto y escopetas.
Nadie transita ni hace nada sin que los encapuchados lo sepan. Taxistas y otros lugareños actúan como halcones en cada comunidad, en cada crucero, en cada tienda en el camino.
Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y Diego Cadenas, del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, han denunciado constantemente la operación de grupos paramilitares en Chenalhó, donde hace 20 años una agrupación similar mató a 45 indígenas en un paraje de Acteal.
“Como nunca se investigó a esos grupos (armados) y como nunca se desarmó a los paramilitares de la región, ahora se ve claramente que fácilmente se pueden rearmar o reagrupar para, como en este caso, agredir a los indígenas de Chalchihuitán”, expuso Faro.
“No se sabe qué intereses puede haber como para que ese territorio se convierta en una zona de guerra. Nuestra explicación, hasta donde podemos lograr ver, es que desde la masacre de Acteal existe un clima de impunidad, donde los actores que están ligados al gobierno actúan de manera libre y hacen lo que quieren en la zona. No hay un estado de derecho en esta región”, acusa.
Ahora, dice Faro, el riesgo es que empiecen a recrudecerse los asesinatos y se perpetre otra matanza. “Lo único que ha anunciado el gobierno es la creación de una Base de Operaciones Mixtas, integrada por policías y militares, similar a la que estaba cerca de Acteal en 1997 y que no pudo evitar la masacre”.
Pedro Faro insiste: los tres niveles de gobierno, por acción u omisión, rearmaron a los grupos paramilitares que controlan el territorio en los Altos de Chiapas y son responsables de las violaciones a los derechos humanos que padece la población indígena.
Ambos entrevistados consideran que se agrava cada día el estado de sitio en las comunidades de Chalchihuitán. Aseguran que los comandos, que cuentan con la protección de la alcaldesa de Chenalhó –y ésta, a su vez, del gobierno estatal– utilizan el terror sobre la población como una manera para controlar la región.
Al igual que Faro, Diego Cadenas asegura que es vital y urgente que las autoridades desactiven a los paramilitares para que pueda resolverse el conflicto entre ambos municipios. “La reconstrucción del tejido social y un acuerdo de paz pasa por la justicia. Una resolución judicial no lo resolverá”.
Ahora “gana” Chenalhó
Uno de los pocos intentos que el gobierno de Chiapas hizo por contener la gravedad del conflicto consistió en ofrecer apoyos económicos a los habitantes que perdieron en la resolución agraria.
El secretario de Gobierno del estado, Juan Carlos Gómez Aranda, expuso en su momento que “quienes no sean beneficiadas con la decisión del tribunal recibirán apoyos económicos directos, además de contar con vivienda digna y proyectos productivos que les permita autoemplearse, para que cada familia pueda contar con un ingreso seguro”.
Sin embargo, el pasado 13 de diciembre se agravó la crisis y el riesgo de una matanza. El Tribunal Unitario Agrario revirtió lo resuelto en 1975 y resolvió en favor de Chenalhó. Por lo anterior, el gobierno ofreció 15 millones de pesos a los vecinos de Chalchihuitán y 300 casas con valor de 120 mil pesos cada una, a cambio de que acepten el fallo.
Organizaciones civiles y las defensoras de los derechos humanos, como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas, denuncian que continúan las agresiones armadas, sobre todo desde los primeros días de 2018, cuando miles de indígenas de Chalchihuitán, que fueron desplazados, regresaron a sus comunidades, siendo las mujeres y los niños la población más vulnerable a la violencia.
El riesgo de una masacre es claro para cientos de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, puesto que las agresiones armadas constituyen de por sí un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal, agrega el Centro Fray Bartolomé.
Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
http://www.proceso.com.mx/519121/drama-indigena-el-retorno-al-matadero