La imagen de Ahed desafiando a efectivos del ejército israelí recorre el mundo y golpea en el orgullo de la ocupación israelí. Por un lado, porque referentes políticos y formadores de opinión gustan jactarse de la superioridad de sus fuerzas armadas, la fuerza por la que conquistan el derecho de los ocupantes. No pueden dejar pasar que una niña ponga en entredicho la imponente autoridad de los conquistadores.
Pero también se debe a que la situación -el arresto de una adolescente menor de edad sacada de su casa por la fuerza junto a su madre, Nariman, a altas horas de la noche-, expone los límites morales que continuamente son quebrados por la ocupación militar israelí del territorio palestino.
La familia Tamimi es reconocida en la zona por su activismo en el Comité Popular de Nabi Salih que organiza a la comunidad. Cuando nos conocimos en octubre de 2016, compartiendo un café en su hogar junto a su madre y su padre Bassem, Ahed llevaba con orgullo la carga puesta sobre su adolescencia. Para su edad se mostraba enormemente consciente del significado de sus actos. Se le iluminaba una sonrisa poco modesta al contar el recibimiento que le dieron en su escuela tras su primer encuentro con los soldados. En su aula había alcanzado la talla de una pequeña heroína. Le ha puesto rostro a una juventud palestina que no se resigna a aceptar la rendición que por años han querido imponerle a su pueblo.
Ella enfrenta a una corte militar de un Estado extranjero que ocupa su tierra y podría pasar hasta diez años de prisión por incitación y ofensas contra la autoridad. Su desafío supone una amenaza potencial y por ello debe de servir un castigo ejemplar. Lo demuestran las reacciones de buena parte de la opinión pública y la clase política local dentro de la sociedad de Israel, que demandaron mano dura contra Ahed y la familia Tamimi por atreverse a humillar la imagen de los soldados israelíes.
El ministro de Eduación israelí, Naftali Bennett, dijo que las Tamimi “deberían terminar su vida en prisión”. Por su lado, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, prometió los ya comunes castigos colectivos, al decir que “todos los involucrados, no solo la chica sino también sus padres y aquellos alrededor suyo, no escaparán de lo que merecen”.
La triste realidad es que ella ha tenido la “fortuna” de ser acompañada por la atención e indignación internacional; no pueden decir lo mismo los cientos de niños y niñas que han visto su vida ocupada, y las decenas que mueren cada año por balas israelíes y la impunidad que las acompaña. Entre estos está Musaab Firas Tamimi, de 17 años, primo de Ahed, el primer palestino muerto de 2018, asesinado por soldados israelíes que “creyeron” que estaba armado, durante una protesta en la aldea de Deir Nitham.
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La regularidad y cantidad de las acciones demuestran que el asedio sobre la juventud palestina forma parte de un accionar sistemático que involucra a las fuerzas de ocupación, pero es acompañado por el sistema judicial y la maquinaria mediática y cultural israelí. Su deshumanización vuelve permisible todo tipo de acción a modo de “represalia preventiva”.
El objeto de esto lleva a desarticular la infancia, brutalizar y criminalizar la juventud palestina, forzarles a cargar con una adultez tan incompleta como prematura. Los plazos en prisión interrumpen ciclos escolares. Los desplazamientos fraccionan familias, quiebran relaciones personales y hacen del desarraigo un elemento de la personalidad. La violencia es asimilada en el entendimiento del mundo por parte de los menores.
Cuando no es el fútbol, los chicos en el campo de refugiados de Jalazón juegan a “judíos y palestinos”, a veces con pequeñas piezas de maderas que simulan armas o con piedras. Para la gran mayoría la única interacción que han tenido con un israelí ha sido con policías y soldados.
En la entrada al campo de refugiados de Aida, Shadi Obeidallah sonríe a los visitantes desde un poster con su fotografía. Tenía 13 años cuando un soldado israelí disparó desde una de las torres de vigilancia que franquea Aida, en la ciudad de Belén. La bala le perforó el corazón, matándolo en el acto. Era octubre de 2015.
Defense Children International – Palestine (DCIP) realiza el monitoreo de la violencia sistemática contra la juventud palestina por parte del Estado israelí. Las cifras en “tiempos de paz” hablan por sí solas. En 2015 se registraron 31 muertes de menores de edad; 35 en 2016 y 14 en 2017, por acciones que involucran a efectivos del ejército y la policía israelíes, o civiles armados de las colonias ilegales esparcidas a lo largo de Cisjordania.
Durante la última operación militar a gran escala contra la Franja de Gaza (entre el 9 de julio y el 26 de agosto de 2014) fueron asesinados 533 niños y niñas menores de 18 años, 380 como resultado del bombardeo indiscriminado contra la población civil.
Un caso emblemático golpeó a la familia Bakr, a los pocos días de comenzada la agresión. Ahed y Zakaria, de diez años edad, jugaban al fútbol en la playa con sus primos, Mohamed e Ismail, de once y nueve años. Un proyectil disparado por un navío de guerra israelí acabó instantáneamente con la vida de todo el grupo, a plena luz del día y ante los ojos y cámaras de reporteros que se encontraban en un alojamiento cercano.
Gaza se ha convertido en un caso de estudio en sí mismo por la magnitud de secuelas, físicas y psicológicas, registradas en menores de hasta 9 y 10 años que registran síntomas de stress post-traumático. El colapso de la infraestructura provocado por la agresión militar y el bloqueo israelí dejan a miles de personas sin acceso suficiente a tratamientos necesarios y a un ambiente de contención. Para una infancia forzada a asistir a más funerales que festejos y a convivir con el ruido de explosiones y aviones militares, la guerra continúa más allá de cada “temporada” de violencia.
En su sitio web, DCIP estima que cada año entre 500 y 700 niños y niñas de hasta 12 años son detenidos y procesados por el sistema de cortes militares de Israel. La “ofensa” más común que se les imputa es arrojar piedras a los soldados.
DCIP también informó que entre el 6 y el 19 de diciembre de 2017, 77 menores de edad fueron apresados; es decir, en las primeras dos semanas después de que el gobierno de Donald Trump decidiera reconocer deliberadamente a Jerusalén como capital de Israel. Los testimonios abundan sobre el abuso y la humillación que los grupos de soldados desatan sobre los jóvenes, que a menudo deben atravesar días de detención e interrogatorio sin acceso a abogados y sin poder contactar a sus familias.
Las evidencias son desbordantes y los análisis abundan, llenaríamos libros enteros con tan solo poner nombre y rostro a cada una de las historias de vida atravesadas por la ocupación israelí. Desde la última Intifada, o insurrección popular de principios del siglo XXI, ha habido un esfuerzo sistemático por hacer de la juventud palestina un objetivo específico de la violencia institucional israelí, ejercida a través del aparato policial/militar, judicial y de los medios de comunicación.
Vistos como “amenazas en desarrollo”, el aparato de la ocupación israelí se ha propuesto disciplinar y amedrentar a la población palestina desde su infancia.
La organización de derechos humanos y prisioneros Addameer describe en detalle el funcionamiento de la “justicia” israelí. En los últimos años, una serie de órdenes militares y fallos judiciales ha permitido la detención de menores de hasta 12 y 13 años de edad durante 24 horas antes de su traslado al juzgado; 48 horas en el caso de 14 y 15 años, extensibles por otras 96 para interrogatorios por la policía. A partir de los 16 años ya se establecen criterios similares a los que reciben después de la mayoría de edad.
Un aspecto fundamental dentro de todo esto: los civiles judíos israelíes son llevados ante juzgados civiles, y enjuiciados como adultos a partir de los 18 años, con las garantías y obligaciones que eso confiere. En el caso de personas de origen palestino, se les juzga como adultas a partir de los 16 años frente a un corte militar, donde los impedimentos para acceder a abogados, el acoso y los maltratos físicos y psicológicos durante el encierro preventivo y los interrogatorios son sistemáticos. Esto refleja el racismo institucionalizado que forma los cimientos del proyecto social y político sionista.
Esta es la realidad que desafían niños y niñas como Ahed, la realidad de crecer bajo y a pesar de la ocupación. En esa aptitud de buscar la vida y defenderla está el golpe que hiere la arrogancia del ocupante. Cuando cada aspecto de la vida cotidiana está sometido a la ocupación, cada acción y decisión significa una resistencia por reconquistar esa vida.
Fuente: Desinformémonos
Autor: La Haine
https://desinformemonos.org/infancia-ocupada-crecer-palestina/