En un comunicado, el organismo destacó que el 19 de octubre de 2015, ambos hermanos, quienes laboraban en una empresa encuestadora, realizaban un estudio sobre los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en el municipio de Ajalpan, actividad que resultó sospechosa para un grupo de personas, quienes solicitaron la presencia de la Policía Municipal.
La actitud de los pobladores se tornó violenta y manifestaron su intención de linchar a los encuestadores, por lo que fueron trasladados en una patrulla a la comandancia localizada en el palacio municipal, a la espera del arribo del supervisor de la compañía.
En la comunidad se esparció el rumor de que se trataba de “secuestradores de niños”, de manera que la turba ingresó a la comandancia en busca de los agraviados.
De inmediato, los policías los llevaron a la azotea, pero los pobladores llegaron hasta ahí, los bajaron para golpearlos y, finalmente, prenderles fuego. En el evento también resultaron policías lesionados, además de que se perpetró el robo de armamento oficial y la presidencia municipal resultó con daños.
Al día siguiente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició de oficio el expediente 6531/2015 por los hechos. El 5 de noviembre de 2015 se publicó en un periódico de circulación nacional la nota titulada “Familia de linchados en Ajalpan demandará a gobierno de Puebla”, en la que se dio a conocer que los familiares de los agraviados presentarían queja ante la CNDH por la omisión del gobierno estatal en brindar seguridad a las víctimas y por la falta de indemnización.
En razón de la trascendencia del hecho, la CNDH ejerció la facultad de atracción y, tras concluir su investigación, constató la omisión de la autoridad municipal, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños y tampoco a la Policía Estatal, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la intención de la población que se aglomeraba al exterior de la comandancia para linchar a los dos hombres.
Además, apuntó, no se adoptaron a tiempo las medidas necesarias y pertinentes para la protección de las víctimas, permitiendo el ingreso y permanencia en las instalaciones municipales de personas que alteraron el orden público, lo que trajo como resultado la pérdida de dos vidas.
También se acreditó la actuación omisa del presidente municipal de Ajalpan, quien fue enterado oportunamente de la situación, y pese a que se encontraba a 10 minutos del lugar, se presentó cuatro horas después.
De igual manera, se documentó que al arribo de la Policía Estatal a la presidencia de Ajalpan, uno de los jóvenes se encontraba con vida, y al ser agredidos y replegados por la multitud, los elementos estatales no realizaron mayores acciones para el rescate de la víctima.
Este hecho también fue del conocimiento de un delegado distrital de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, sin que diera cumplimiento a las disposiciones del “Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos”.
La CNDH encontró que, con la omisión de actuación de las autoridades, en ese linchamiento se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas.
Por ello, pidió al gobernador de Puebla y al ayuntamiento de Ajalpan realizar la inscripción de los familiares de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que accedan en lo conducente a la reparación integral del daño; colaborar con el seguimiento de las denuncias y quejas que se presenten ante la Secretaría General del Congreso del estado, la Fiscalía General, la Secretaría de la Contraloría, la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría Municipal de Ajalpan, contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos.
Entre otros puntos, también solicitó realizar un Diagnóstico de la Operatividad del Centro Coordinador de Seguridad Pública y del Servicio de Llamadas de Emergencia del Estado, y ejecutar las propuestas que del mismo se deriven, y capacitar en materia de derechos humanos y mediación a funcionarios municipales y estatales, a partir del estudio de casos de linchamiento.
De manera particular, recomendó al gobernador del estado constituir un fideicomiso que garantice los estudios hasta el nivel superior de los hijos de una de las víctimas, incluida la entrega de uniformes y útiles escolares.
Y, en coordinación con el Congreso del estado, iniciar los trabajos legislativos para armonizar la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla con la Ley General de Víctimas, la publicación de su Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y poner en operación la Comisión Estatal de Víctimas y los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/518819/la-cndh-acredita-omisiones-en-linchamiento-dos-encuestadores-en-ajalpan-puebla
