El actual Gobernador del estado norteño Javier Corral Jurado notó que era necesario iniciar una estrategia jurídica y solicitó al abogado Paulo Díez Gargari elaborar esa estrategia.
El abogado, que tiene ya una historia de batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene trazado el plan: se presentarán una o dos controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una violación grave del pacto federal generada por una afectación presupuestal y porque existe la intención de impedir al gobierno de Chihuahua ejercer sus competencias en materia de lucha contra la corrupción, previstas en el Artículo 113 de la Constitución.
“Esas son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a César Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar”, comenta en entrevista con SinEmbargo.
Desde su perspectiva este caso no tiene margen de derrota, sólo un enemigo poderoso que sabe defenderse.
Lo que el Gobierno de Peña Nieto quiere impedir, añade, es la extradición del ex Gobernador sin tener control de los alcances de la investigación, como dice que lo tuvo en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa y en Quintana Roo con Roberto Borge Angulo.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realiza una investigación sobre la triangulación de recursos públicos para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, en la que estaría involucrado el ex Gobernador César Duarte y otros miembros del tricolor, como el ex dirigente nacional priista Manlio Fabio Beltrones, y el ex secretario general adjunto priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien está señalado de desviar 250 millones de pesos.
Para Javier Corral, esto es una señal de que el Presidente Peña está preocupado por los alcances de las investigaciones contra Duarte y contra quien resulte implicado. Por eso dice que si el gobierno no claudicará, pero Chihuahua tampoco lo hará en su lucha contra la corrupción.
No obstante, Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, ha señalado que se “le ha cumplido a los chihuahuenses”, entregando, a través del Gobierno del estado, los recursos económicos que le corresponden por ley.
El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad.
Datos obtenidos de un estudio elaborado por México Evalúa, muestran que este fondo durante el 2017 tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2017, se habían ejercido más de 32 mil millones de pesos.
La entidad que más recibió fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
“Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno”, sostuvo Díez.
–¿Cómo describiría una batalla en la que se lucha contra Hacienda?
–No creo que ese sea el rival. El rival es el sistema y es mucho más que sólo la Secretaría de Hacienda. Pensamos presentar ante la SCJN, me parece el lugar privilegiado para el diálogo democrático; es un lugar privilegiado para llevar los temas de la agenda nacional y este, el de Chihuahua es uno de ellos, porque tiene que ver con la Constitución, tiene impacto federal y está en medio de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Esta lucha siempre es desigual. Casi, por definición, los corruptos son los poderosos y más en una sociedad como la nuestra, pero al final del día tenemos derecho, instituciones y ahí se tiene que dar la batalla. Y si los tribunales nacionales no fueran suficientes para eso, están las instancias internacionales. Lo importante en estas batallas es librarlas hasta el final, porque la apuesta de los corruptos es que su contraparte, no tendrá la fuerza para aguantar el tiempo ni los recursos necesarios para esto, pero la batalla hay que darla aunque sea desigual.–Si partimos de que es el sistema, ¿qué ocurre ahí para que se utilice a una de las secretarías más importantes del país para este tipo de fines?
–Es terrible y es una de las cosas que llevaremos a la Corte porque se trata, ni más ni menos, que del uso de la Hacienda Pública como un medio de control político para premiar a los gobernadores bien portados y para castigar a los rebeldes. Esto no debe ser y es justo lo que está de fondo. El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad y le distribuye más dinero a aquellos estados en los que tiene un interés particular y partidista, desgraciadamente.
Un ejemplo numérico: este fondo, durante el 2017 tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2017, se habían ejercido más de 32 mil millones de pesos. Un sobre ejercicio increíble. Y la entidad que más recibió, adivinaste, es el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
El promedio por estado sería como de mil millones de pesos y Chihuahua está con 60 millones. Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno.
Lo primero que a mí me motivó aceptar la invitación del Gobernador Corral, es la lucha contra el agravio casi vergonzoso cometido contra la gente, porque cuando el Gobierno federal niega estos recursos al Gobierno del Estado de Chihuahua, no lo afecta a él, afecta al pueblo porque le impide al gobierno cumplir con sus tareas básicas: seguridad pública, salud, educación.
Lo que es verdaderamente grave es una intención del Gobierno federal de impedir que las investigaciones y los procesos penales en curso en Chihuahua, algunas de las cuales involucran a personajes del más alto nivel del PRI Nacional, vayan adelante. El sistema, el Gobierno federal, el Presidente Peña y el PRI saben que esto puede ser el principio del fin del régimen. No es exageración. Todos sabemos que vivimos en un país en el que la corrupción es quizás, el problema más grave. Nunca antes habíamos tenido una investigación bien hecha y perfectamente documentada de principio a fin y eso es lo que aterra al sistema, lo que explica su reacción tan violenta.
No es lo mismo extraditar a Javier Duarte o a Roberto Borge que a César Duarte. En el caso de los otros dos están protegidos o encapsulados por el pacto de impunidad que desgraciadamente no se queda en el PRI, es un pacto transversal que afecta a otros partidos políticos, e incluso, a buena parte del sector privado. Esa es la diferencia. Extraditar a un Gobernador o procesarlo, incluso encarcelarlo, no destruye el pacto de impunidad.
Puedes traerlos bajo una investigación acotada, que se conozcan los alcances y en el caso de Chihuahua esa posibilidad no existe y es lo que hace novedoso este caso. Si el Gobierno federal pudiera llegar a un acuerdo con el estado de Chihuahua para traer a César Duarte y delimitar los cargos, ya lo tendríamos aquí y por eso la respuesta.
–Están también los funcionarios de Hacienda que han salido a argumentar el tema del dinero de Chihuahua, con argumentos como que no depositaron por un error en un número de cuenta. ¿Cuál es el nivel de los funcionarios en este tema?
–Esta es una comedia de equivocaciones de principio a fin. Justo en el momento en el que el gobernador Corral daba su mensaje a medios de comunicación el pasado 8 de enero, la SHCP publicó un comunicado de prensa en el que según ellos trataban de explicar qué es lo que ocurría y que ellos cumplían con el marco legal. Pero en realidad era un tema engañoso y no se refería a lo que el Gobernador estaba exigiendo. Hacienda habló de las participaciones federales y a las aportaciones de fondos federales que se hacen al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal. A lo que se refería el Gobernador era un subsidio por 700 millones de pesos que estaba pactado en un convenio y que tenía que haberse cumplido. El subsecretario Miguel Messmacher Linartas fue uno de los que estaba presente en esa reunión en la que el Secretario José Antonio González Anaya, le dice al Gobernador Corral que no le daría los recursos hasta no saber el alcance de las investigaciones y los procesos penales.
Sale Messmacher en una entrevista y en más de una ocasión señaló que la Secretaría no iba a entregar esos recursos hasta que no supiera el alcance de la investigación. Eso es una barbaridad porque pareció que decía que no se iban a liberar los recursos hasta que el proceso penal en contra de Alejandro Gutiérrez y de algunos otros miembros del PRI, probablemente, concluyeran. Y eso puede tomar meses o años. Es un sinsentido.
Cuando escuché eso no lo podía creer porque es una confesión de delitos. Era el Subsecretario reconociendo lo que Corral había denunciado y reiterando que no iban a entregar los recursos. La SHCP se dio cuenta y el Secretario empezó a decir que lo que no había era suficiencia presupuestaria. Estuvo la ocurrencia anterior de un número de cuenta equivocado y ante eso no hay nada que decir, si un niño lee las primeras planas de los diarios entenderá que aquello es de risa. Me parece vergonzoso que la Secretaría recurra a un argumento como esos.
En cuanto a la suficiencia presupuestaria, el tema deriva de un convenio firmado el 14 de diciembre. Es un convenio para el otorgamiento de subsidios por 700 millones de pesos que deriva del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Es verdad que la entrega de esos convenios está sujeta a la disponibilidad presupuestal. Pero esto se firma el 14 de diciembre y por lo tanto hay disponibilidad, si no la hubiera no se firma el contrato. Ahí había un compromiso ya formal. Tenían que entregarse esos recursos. Disponibilidad presupuestal había y de sobra, porque Messmacher había dado conferencias en las que anunció que el año se iba a acabar con excedentes muy importantes, pero en el último boletín, el del domingo 14 de enero, dicen que tampoco Tlaxcala y Zacatecas tuvieron disponibilidad presupuestaria y eso es mentira.
No podemos seguirnos comportando más de esta manera y dejar que la Secretaría de Hacienda piense que somos unos tontos que no leemos. Los ciudadanos tenemos que mantenernos cada vez más exigentes y poner alto a las ocurrencias […]. En el caso Tlaxcala es claro que está mintiendo.
En el estudio de México Evalúa del Fondo de Fortalecimiento Financiero, señala que en 2016 tuvo un presupuesto autorizado de mil 560 millones de pesos, pero se ejercieron 64 mil millones de pesos. De esos recursos Hacienda no le rinde cuentas a nadie. No nos dice por qué los distribuye como lo hace, ni cuándo ni nada.
En 2017, lo aprobado eran 3 mil 344 millones de pesos, pero al 30 de septiembre se habían gastado 32 mil 806. Es al final del año cuando más presupuesto se reparte de este fondo, de modo que es probable que este año tengamos un total de 50 mil millones de pesos. Eso es año tras año.
Cuando vemos las cifras del Estado de México, lo primero que salta es 5 mil 291 millones de pesos en el año de la elección para Gobernador. Ese es el uso partidista, estos son los disfraces de aparente legalidad que utiliza el gobierno para llevar a cabo actos que son delictivos; transferir miles de millones de pesos cada año del presupuesto federal a las campañas políticas, a sus gobernadores bien portados, a los de su partido y a los que ellos escogen de la oposición –a lo que me refería con el pacto de impunidad–. Por eso el sistema ha sido tan eficaz en su faceta corruptora. Es un modelo diseñado por el PRI y ha logrado silenciar e incorporar a muchos otros gobernadores de otros partidos políticos.
–¿Cómo se le hace para obtener resultados concretos? El dinero que se transfiere a las campañas es una especie de secreto conocido por todos y que se repite.
–En la estrategia jurídica vamos a llevar a cabo varias acciones. La más importante es que desde el punto de vista del Gobierno del estado son una o dos controversias constitucionales que van a atacar el incumplimiento de la SHCP en la entrega de recursos y segundo, la omisión del Gobierno federal de solicitar la extradición de César Duarte. Ambos están relacionados: la falta de entrega de los recursos está absolutamente relacionada con la extradición de César Duarte, que ha sido retrasada por el Gobierno federal a pesar de las 10 órdenes de aprehensión emitidas por tribunales estatales y una orden de aprehensión federal emitida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El Gobierno federal no hace nada porque no tiene las condiciones, como las tuvo en otros estados, para traer al ex Gobernador. En Chihuahua no controlan ellos y esta represalia de no entregar el recurso justo reprende eso, esa negativa marca una primer gran diferencia. El Gobernador Corral ha sido muy claro en decir que no se negociará nada y en exigir los recursos sin condición alguna. La controversia constitucional es un mecanismo de control de la regularidad constitucional de normas jurídicas o de actos. Tradicionalmente la Corte había admitido el criterio de que las controversias tenían que estar relacionadas con una invasión de la esfera competencial de los estados, pero poco a poco ha ido flexibilizando ese criterio, de modo que ahora basta con que haya un indicio de un agravio al Estado, que puede ser un tema presupuestal o cualquier otro ámbito previsto en la misma Constitución.
La novedad es esa: vamos a ir a la SCJN a decir que no sólo se trata de una violación muy grave del pacto federal que me genera una afectación presupuestal terrible, que me impide cumplir con mis funciones básicas como estado, sino que además, existe la intención de impedir al Gobierno de Chihuahua que ejerza sus competencias en materia de lucha contra la corrupción que están previstas en el Artículo 113 de la Constitución. Esas son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar.
–A nivel personal me parece conmovedor y muy esperanzador. Lo que yo vi en Chihuahua este fin de semana era algo que no había visto. Una concentración de personas que no parecían acarreadas, que estaban por su propia voluntad, con mucho ánimo, muy molestos, sintiendo el agravio del Gobierno federal. Yo estuve ahí para hacerle ver a la gente que no es solo una lucha de Chihuahua ni por el pueblo de Chihuahua solamente. Es una batalla mucho más amplia, por México, contra la corrupción y la impunidad.
Viendo ese ánimo social en un país que a veces parece tan apático, ya cansado, frustrado de que nunca hay resultados, es muy esperanzador ver a los chihuahuenses con mucha alegría, dispuestos a dar la batalla y creo que nos corresponde a todos los demás acompañarlos en la medida que podamos.Me entrevisté allá con gente de la sociedad civil, empresarios y personas físicas. Todos están muy entusiasmados y me manifestaron que ellos están dispuestos a emprender su propia batalla y acordamos que la estrategia jurídica trabajaría en la promoción de amparos que serán presentados por ellos contra esos dos actos, a un nivel distinto. Es doblemente motivador porque cruza con este camino que emprendí hace algunos años de la lucha contra la corrupción y la impunidad, primero centrado en el caso OHL y luego más allá, en el caso del Estado de México.
Yo creo que eso le preocupa al Gobierno federal, que soy yo quien está encabezando la defensa jurídica de Chihuahua, porque entienden lo que eso significa, que puede haber este tipo de investigaciones en otros estados. Sin embargo, la diferencia es que en el Estado de México no hubo alternancia y en Chihuahua sí y además el gobernador es peculiar, por decirlo de alguna manera, en el espectro político-partidista. No es un individuo que uno pueda encasillar y esa independencia es la que nos tiene aquí.
Hubo un tema que yo denuncié, no solo en los medios sino ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este desvío de mil 600 millones de pesos que se hizo en septiembre de 2016, de otro aparente subsidio –completamente ilegal– y que directamente a financiar la campaña política de Alfredo del Mazo para Gobernador en el Estado de México. ¿Cuántas veces se ha repetido esto en los estados de la República? Eso es lo que tenemos que empezar a investigar seriamente a partir de Chihuahua. El hecho de que la sociedad vea que sí se puede, que aunque el enemigo es grande y poderoso, si se hacen bien las cosas, cuando se actúa correctamente, es posible ganar las batallas, no solo pelearlas.
Yo me considero en algunas cosas un soñador, pero no soy de los pelean sus batallas para perderlas, algunas se podrán perder, pero todas las peleo para ganarlas y estoy seguro que esto se va a ganar porque no existe margen para la derrota. Si esta pelea no gana Chihuahua, el daño para el país será enorme en términos de esta frustración social tan grande que hoy ya existe y que crece cada vez que la sociedad cree que se ganarán casos que están perfectamente documentados y se pierden. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a cambiar la historia. De cambiar este régimen de impunidad y permitir que nuestro país comience a retomar el rumbo, un rumbo que no tenemos.
–¿El caso Chihuahua le dará otro tinte al último año de administración de Enrique Peña Nieto?
–No hay duda. La violencia de la reacción del Gobierno federal no se explica sino en función del miedo terrible de Peña Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a prisión. Eso es lo que está en juego. Ese miedo hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta que es que lo que vemos con Chihuahua. La corrupción es el problema más grave de México, pero cuando la corrupción la vinculas al financiamiento ilegal de los partidos políticos, entonces lo que era un acto ilegal de corrupción aislado, se convierte en la norma, en algo permanente, porque el corruptor y el corrompido siguen ligados en el tiempo y se ven obligados a mantener esta relación perversa en la que hay que seguir corrompiendo y mantener los privilegios.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-01-2018/3374482