El domingo 1 de julio del 2018, los mexicanos tendrán la tarea de elegir, a través del voto, al sucesor del priista Enrique Peña Nieto; los gobernadores de ocho estados de la República (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán); Jefe (o Jefa) de Gobierno en la capital y renovar los congresos de la Unión y locales, además de centenas de alcaldías, y lo deberán hacer en un país que en 2017 dejará los peores índices de violencia registrados en 20 años.
Un proceso electoral enmarcado en homicidios, secuestros, desapariciones, desplazamientos forzados, extorsiones, y demás crímenes que no cesan en México, podría beneficiar al Partido que hoy se halla al frente del poder ejecutivo: el PRI. Y es que el miedo a tales niveles de violencia añadiría obstáculos (no definitivos) y riesgos a la gente que quiera acercarse a las urnas y ejercer su libertad de expresión, concuerdan expertos consultados por SinEmbargo.
“La violencia es una forma de transgredir los derechos de los ciudadanos, una acción que inhibe la libertad de expresión de los ciudadanos por parte de esos grupos delincuenciales que controlan regiones del país, pueblos, gobernantes [municipales, estatales, incluso federales] y territorios pequeños, medianos y grandes”, explica Ricardo Espinoza Toledo, doctor en Ciencia Política y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Los riesgos que se corren son los que ya se han padecido y experimentado: candidatos que estén asociados a la delincuencia o que estén patrocinados por el narcotráfico, o que estén obligados –forzados por el narcotráfico–, para aceptar recursos y condiciones. Es algo que no sucederá por primera vez. Se ha venido presenciando desde hace muchos años, y los niveles de delincuencia e inseguridad no han disminuido, sino que han aumentado”, añade.
MIEDO PERMANENTE
“No es casualidad” que en 2017, la antesala a las Elecciones Federales, se hayan alcanzado cifras “que no tienen precedentes en nuestra historia”, puntualiza Tomás Guevara, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa (UAS).
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo en 2017, y hasta el corte de noviembre, hay 37 mil 527 carpetas por homicidios (23 mil 101 clasificados como dolosos), en un ejemplo de la información de la que habla el investigador.
En otro ejemplo, hasta el mismo último día del décimo mes había 33 mil 513 registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar.
¿Y cuál es entonces el panorama?
“Lo más probable es que aumente (la violencia). No hay medidas que se estén implementando en el corto plazo, por el gobierno federal ni de los estados, que nos hagan esperar que la tendencia se modifique. Las realidades son las mismas, no hay un proceso, en el corto plazo, en el que vayamos a contar con policías profesionales. No se ve que vayamos a tener una mejora sustantiva en nuestro sistema de justicia; que la capacidad de las procuradurías se incremente, ni que se vaya a plantear una estrategia novedosa en materia de seguridad. No están sobre la mesa, y aunque se pusieran, tal vez, de manera desesperada -en el último momento-, tampoco van a tener efectos de inmediato”, señala Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.Para el ya citado Tomás Guevara, serán varios tipos de violencia los que desencadenarán problemas en el 2018. Una es la que grupos políticos utilizarán para agredir y provocar enfrentamientos con los adversarios; la segunda, es la del crimen organizado, la cual “no puede pensarse sin ningún apadrinamiento o al menos una relación con algún grupo político”.
“La población es acosada y vive en un miedo permanente. Estos grupos [del crimen] de alguna manera se conducen con impunidad en sus espacios geográficos ante una autoridad que es invisible, ante una autoridad incompetente, ante una autoridad que pondera la condición de mantenimiento del poder a la resolución de los problemas sociales”, dice Guevara.EL PRI, ¿“EL GANÓN”?
Las mujeres y los jóvenes pueden tener un peso importante al elegir Presidente en el 2018. Si salen a votar de manera masiva, definirían al ganador. Y es que nada más la población de entre 18 y 39 años –la mayoría integrantes de la generación denominada “millennial”– abarca el 50.43 por ciento del listado nominal de electores.
Un panorama así, de asistencia, convendría a los partidos que no cuentan con reservas de votos duros. Sin embargo, en un país en el que no se ha superado el 65 por ciento de participación en el nuevo siglo, no parece probable. Y si se le agrega la violencia, el abstencionismo podría aumentar, escenario ideal para el partido tricolor.
“En general el abstencionismo históricamente beneficia al Revolucionario Institucional, y a sus candidatos. Y en particular, algunas de las prácticas no legales y no perseguidas durante las elecciones es la de buscar por todos los medios que los opositores que hacen competencia al PRI desistan”, expone Espinoza Toledo, de la UAM.Guevara, por su parte, matiza: será el miedo, el hartazgo, el que haga que la gente salga para exigir un cambio de régimen.
“La mayoría de la población va a optar por asumir que este proceso electoral es la mejor oportunidad que se le ha presentado en mucho tiempo a la gente que, a través del voto, podrá exigir un cambio, un cambio real. No un cambio de persona. Un cambio en el hacer, en compromiso y en la voluntad de resolver las cosas”, comenta.
La violencia en 2018 no sólo podría inhibir el voto, también podría alcanzar a los candidatos (como lo ha hecho en años recientes). Eso sí, cualquiera que ofrezca terminar con ella a corto plazo, estará mintiendo, subraya Edgar Cortez, pues es necesario trabajo, acciones que necesitarían años para poder dar resultados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CARLOS VARGAS SEPÚLVEDA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-01-2018/3364368