Marinos y policías ejecutaron a 3 ciudadanos de EU y a un mexicano en Matamoros, concluye la CNDH

El 13 de octubre de 2014, tres hermanos de ciudadanía estadounidense pretendían cruzar la frontera para volver a su casa en Texas; iban  acompañados por un mexicano. Todos fueron detenidos de manera arbitraria por marinos y policías debajo del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco. Sus cuerpos aparecieron 16 días después con un impacto de bala en la cabeza. La CNDH refirió que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) “levantaron” y ejecutaron a un ciudadano mexicano y tres estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la indagatoria que lleva el organismo nacional, los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014, cuando dos hermanos de nacionalidad estadounidense salieron de la casa de su papá, en el poblado de Control, en Matamoros, para reunirse con su hermana, quien estaba acompaña de un mexicano, cerca de Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.


Ese día, los jóvenes cruzarían la frontera para regresar a su casa en Progreso, Texas. Sin embargo, justo debajo del Puente fueron interceptados por elementos de la Primera Zona Naval de la Semar y policías del Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros (“Grupo Hércules”, conformado por la entonces Alcaldesa).


Los uniformados detuvieron de manera arbitraria a los cuatro jóvenes, pues no existió orden de aprehensión en su contra, como constató la CNDH. Además, les incautaron los tres vehículos en los que viajaban.

Al ser indagadas en ese momento, las corporaciones de seguridad que operaban en la región negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas.

Los cuerpos de los cuatro jóvenes fueron localizados días después, el 29 de octubre del mismo año 2014. Según el reporte forense, murieron por “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.

El organismo nacional refirió que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y de origen violento.

Por las características, objetos y forma en que fueron encontrados los cadáveres, se constató que la última vez que fueron vistos con vida fue durante la detención arbitraria, lo que hace responsables a las fuerzas federales y municipales de su desaparición.

 “La detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya llevado a cabo la detención, configuran los elementos del hecho violatorio de la desaparición forzada de las cuatro personas”, señaló en un comunicado la Comisión Nacional.

Al acreditar violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas, la CNDH emitió una recomendación al Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; al Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al Presidente Municipal de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante.


Solicitó a dichos funcionarios reparar el daño a los familiares de los jóvenes e investigar la actuación de los elementos de la Policía Federal que presenciaron la detención, pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a su superioridad.

Asimismo, les solicitó proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo.

De igual forma, al Gobernador del estado le exigió el cumplimiento de las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender integralmente el problema de la desaparición forzada de personas.

“La CNDH recomienda a las cuatro autoridades destinatarias de la Recomendación procedan, de manera coordinada, a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas de los hechos (familiares de los agraviados), en términos de la Ley General de Víctimas, así como para que se les otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran. También deberán proporcionar a la Procuraduría General de la República toda la información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo”, dijo en un comunicado.

También demandó “colaborar en las denuncias y quejas que este Organismo Nacional presente ante diversas instancias, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas que correspondan por las violaciones a derechos humanos cometidas, impartir cursos de capacitación con énfasis en las disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y en los deberes que tienen los servidores públicos con respecto a la denuncia de ilícitos, así como dirigir una circular a los servidores públicos que realicen labores de seguridad pública, para que en el desempeño de su encargo actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.

Al Gobernador del Estado de Tamaulipas se le está solicitando el cumplimiento de las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender integralmente el problema de la desaparición forzada de personas en Tamaulipas y conjuntamente con el Presidente Municipal de Matamoros, se les está pidiendo la observancia y cumplimiento de lo previsto por la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-01-2018/3375060