Constató que hay elementos para asegurar que la fuerzas de seguridad estatal vulneraron las garantías fundamentales de los pobladores, por lo que demandó que se garanticen los derechos a la justicia y la verdad.
La instancia internacional realizó una misión en ese poblado, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, y afirmó contar con “fuertes elementos de convicción acerca de la existencia de violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad durante la operación, lo que resulta profundamente preocupante.
Se recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto al derecho a la defensa, fabricación de pruebas contra algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención, enfatizó.
El representante de esa oficina en México, Jan Jarab, consideró alarmante que la operación –en la que también participaron policías federales y elementos del Ejército– no se llevara a cabo con base en los estándares internacionales de uso de la fuerza.
De acuerdo con los protocolos internacionales sobre derechos humanos, toda muerte causada por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias. Únicamente una investigación profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas, señaló Jarab.
Lamentó el mensaje dado a conocer el miércoles por el goberbador de Guerrero, Héctor Astudillo, en el que criminaliza a los detenidos. Presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia y no aporta garantía alguna de que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial.
La ONU-DH visitó a las personas aprehendidas y constató condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos, lo que contradice lo dicho por las autoridades de Guerrero.
Repudió además las agresiones contra los periodistas que cubrían estos hechos por parte de los cuerpos de seguridad estatal, lo que consideró profundamente preocupante, en particular el ataque al fotorreportero Bernardino Hernández, de las agencias Ap y Cuartoscuro, quien tuvo que ser hospitalizado, y condenó el robo de las tarjetas de memoria que contenían imágenes de la operación policiaca-militar.
Vigilará la policía de Guerrero, asegura
Héctor Briseño Corresponsal
Acapulco, Gro.
Habitantes del poblado La Concepción, en la zona rural de Acapulco, encabezados por el comisario municipal, Florentino Melchor, quemaron muebles de la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con el argumento de que la policía estatal se hará cargo.
Melchor aseguró que los policías comunitarios no cuentan con aval del pueblo y los responsabilizó por el homicidio de seis personas, entre ellas dos menores de edad, cometido la madrugada del 7 de enero durante un enfrentamiento entre civiles armados y comunitarios, quienes perdieron a dos de sus elementos en la refriega.
Vecinos quemaron también ropa, garrafones, cajas y otras pertenencias que se encontraban en el patio trasero.
El inmueble usado como casa de justicia de la policía comunitaria de Cacahuatepec a inicios de 2014 es una de las viviendas muestra que construyó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace 15 años, cuando promovía entre los pobladores la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Papagayo, cerca de La Concepción.
El director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que las autoridades estatales están enturbiando las investigaciones acerca de lo ocurrido en La Concepción y buscan crear temor entre los opositores a la presa hidroeléctrica La Parota.
En entrevista, Barrera señaló que en los allanamientos cometidos en La Concepción participaron un agente infiltrado que los comunitarios mantenían detenido hasta la operación de desarme del domingo, y el comisario municipal de La Concepción, quien señalaba las viviendas de personas afines al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop). También acusó a las fuerzas de seguridad de amenazar a pobladores, incluidos niños y ancianos.
Barrera afirmó que la fiscalía estatal actúa con dolo en la investigación. Acotó que, según diversos testimonios, Marco Suástegui, vocero del Cecop apresado el día 7 y acusado de homicidio, no estaba en La Concepción cuando ocurrieron los hechos.
Agregó que vecinos aseguran que uno de los policías comunitarios estaba vivo cuando terminó la operación y fue visto alzando las manos, ya derribado. Lo siguiente que se supo fue que había muerto.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/12/estados/026n1est