Nuestra realidad es que no hay familia en el país en donde alguno de sus miembros, por lo menos, haya sido víctima de alguno de esos delitos. Y todo lo anterior motivado por la corrupción gubernamental (en sus tres poderes y en sus tres niveles), así como el abuso de poder y el tráfico de influencias solapados por la impunidad.
Esto significa que cualquiera que sea el próximo presidente de la República, tendrá que cambiar las políticas de gobierno para darle un nuevo rumbo que dé seguridad a los 120 millones de mexicanos que hasta ahora viven con miedo y preocupación tanto en la calle como dentro de sus viviendas. Tratar de insistir acabar con los cárteles de la droga mediante la confrontación armada con el Ejército en las calles, es más de lo mismo que año con año se ha repetido la última década y los resultados son negativos: una pulverización de los grupos delincuenciales que se han vuelto más violentos y más independientes de los grandes grupos del crimen organizado.
Se necesitan nuevas políticas de gobierno que permitan disminuir la violencia y dar confianza a la población para empezar la recomposición social en todo el país, pues hasta ahora sigue quebrada por las pésimas decisiones de los últimos gobiernos. Por lo pronto tendrán que pasar 20 años para empezar a ver avances en la seguridad y confianza de la población, en donde los delincuentes abandonen los grupos y se reintegren a la sociedad de manera pacífica y haya un cambio en la actuación de los gobernantes.
Son muchas las acciones a emprender. En el aspecto social, mejorar y elevar la educación y asegurar la salud; en la cuestión económica, crear más fuentes de empleo y aumentar las inversiones, mejorar sustancialmente los salarios; y en la parte política, cambiar todo el esquema de confrontación armada que sólo ha provocado mayor violencia. De empezar con esto se podrá vislumbrar un mayor bienestar de vida y mejores y nuevas oportunidades para todos los mexicanos.
Dos sexenios de violencia han demostrado las equivocadas decisiones que han enviado a las Fuerzas Armadas a una confrontación sin fin, pues siempre habrá alguien quien sustituya de la de los criminales a sus caídos, por la simple razón que está es una industria pujante en todo el mundo, que genera miles de millones de dólares y euros.
La desgracia para nosotros es que nuestro país ha sustituido a Colombia para que los cárteles que controlan la droga se asentaran aquí, principalmente por tener al lado (Estados Unidos) al mayor mercado consumidor de todo tipo de estupefacientes y son las autoridades estadunidenses las que han provocado que la guerra contra las droga se libre de este lado de la frontera, con las consecuentes víctimas que ya todos sabemos.
Dicho lo anterior no suena irracional tener que negociar con los líderes del crimen organizado, como lo dijo el líder de izquierda y aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pues esas negociaciones ya se han hecho en otros países como Colombia, Estados Unidos, Italia e incluso aquí en México.
Veamos por qué. En Colombia, por ejemplo, toda la política de confrontación militar que dictaban desde Estados Unidos y que permitía a ese país expandir su mercado armamentista hacia Sudamérica, mantuvo hace 40 años a ese país en la peor crisis de violencia en su historia, al tratar de combatir sólo mediante las armas a los conocidos cárteles colombianos de la droga colombianos. Esa política de sumisión y obediencia a Estados Unidos fracasó hasta que el gobierno colombiano se dio cuenta que no era ese el camino para pacificar la región y decidió cambiar la estrategia para sentarse a negociar con los dos principales grupos de narcotraficantes: los cárteles de Medellín y de Cali, con Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orihuela.
El resultado de esa negociación permitió meter presos a los principales líderes del narcotráfico, decomisarles bienes y cuentas bancarias, y a cambio el gobierno colombiano aceptó no extraditar a sus connacionales a Estados Unidos, petición que este país del Norte había establecido como una condición mantener sus asesores y armas en ese país sudamericano. Está negociación fue clave para que en los últimos tres decenios la violencia y el narcotráfico disminuyeran considerablemente en esa nación y ya en los últimos 20 años se empezará a recomponer el tejido social que había sido roto.
En el caso de Estados Unidos, el gobierno estructuró hace muchos años lo que ahora se conoce en todo el mundo como la figura legal de testigos protegidos, que no es otra cosa que negociar con líderes de las mafias para que den información que permita el exterminio de bandas delincuenciales y a cambio el gobierno les otorga el perdón, les proporciona identidades nuevas para que puedan rehacer su vida y les paga pensiones vitalicias con vivienda y hasta protección en algunos casos. Si esto no es negociar con el crimen organizado y otorgarle el perdón, entonces qué es, pregunto a los “doctos” que en los últimos días han salido a gritar insultos y descalificaciones sin dar un solo argumento de sus dichos.
En México, en donde nuestros gobernantes también son muy afectos (igual que en Colombia) a hacer lo que dictan en Estados Unidos, copiamos la figura de esos testigos protegidos y llevamos por lo menos 20 años negociando con delincuentes (narcotraficantes) y haciendo lo mismo que hace el país vecino. Varios ejemplos de esos testigos protegidos se han escrito en esta columna, pero uno de ellos que aún la atención fue aquel narcotraficante nieto del dictador cubano Fulgencio Batista que se apegó a dicho programa y fue enviado a París con nueva identidad y un salario mensual. Mayor perdón no puede haber y lo otorgó el gobierno mexicano.
Entonces tanto gobiernos de países en desarrollo y desarrollados siempre han negociado con el crimen organizado como una posibilidad para reducir la violencia y disminuirlo. Así que para aquellos que se suman a la descalificación sin argumentos estaría bien que leyeran un poco de historia y su análisis partiera del conocimiento de lo que ha ocurrido sobre ese fenómeno social.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: MIGUEL BADILLO