Pero a 11 años de esa barbarie, esas 11 mujeres han logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atienda su denuncia; escuchando sus testimonios de agresiones y violación sexual, víctimas también de impunidad por órdenes de Peña en complicidad con los poderes Legislativo y Judicial. La investigación debe llegar hasta Peña. Y no solamente contra policías, médicos y ministerios públicos que directamente acataron las instrucciones superiores para cortar de tajo las demandas penales. Pero no lo lograron y finalmente la CIDH abrió el expediente para que las quejosas fueran escuchadas.
Lo cierto es que en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo del 2006, siendo Peña desgobernador, policías enviados por Calderón y policías peñistas, arremetieron como trogloditas contra quienes vendían flores; y en especial contra todas las mujeres que encontraron en su paso. Hubo heridos. Hubo muertos. Y las mujeres fueron encarceladas y vejadas sexualmente, como forma de tortura. Las golpearon dentro de los penales. Y médicos legistas, ministerios públicos y jueces las tildaron de mentirosas. Luego, la Suprema Corte desconoció las pruebas y les denegaron justicia. Peña debe recordar todo eso; y si no, el veredicto de la Corte Interamericana hará que recuerde su maldad, abuso del poder y complicidad con los ministros de la Suprema Corte.
La guillotina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apunta al cuello de los policías federales, estatales y municipales (éstos dos últimos del Estado de México); y sobre todo, al de Peña, los once ministros de la Suprema Corte y los funcionarios que despreciaron las quejas y demandas de esas mujeres que fueron doblemente violadas: sexualmente y en sus derechos humanos por agresiones, encarcelamiento, tortura y denegación de justicia. Y siendo que el entonces desgobernador Peña ordenó la brutal represión, no se trata de sancionar por tan salvaje represión sólo a los policías y a los jueces que no dieron entrada a las denuncias, sino de responsabilizar a Peña que ordenó la represión y sus infames secuelas en las cárceles donde remitieron a todas las mujeres que se encontraban en el área donde las vendedoras de flores fueron agredidas… ¡por vender flores!
Al escuchar a 11 de esas 46 mujeres ofendidas físicamente y en sus derechos, la Corte Interamericana ha tomado nota de que el entonces desgobernador, de nombre: Enrique Peña Nieto, sabiendo del conflicto, permitió y después confirmó ese salvajismo. Se ha querido minimizar ese hecho, pero están las pruebas de que efectivamente eso sucedió; y que durante estos 11 años las víctimas siguieron insistiendo en pedir justicia.
Se habla de que ante la audiencia en la CIDH, Peña acepta pagar los daños y sancionar a los 46 detenidos por esos hechos, con la mira de silenciar el dictamen de esa Corte; pues nunca creyó que las 11 mujeres de Atenco seguirían con su demanda hasta las últimas consecuencias. Pero no es una demanda contra el Estado, como se ha dicho, sino contra Peña y sus gobiernos, en el Estado de México y ahora en Los Pinos. Ha sido la gestión legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien logró la audiencia ante la CIDH para que atendiera el caso que exhibe de lo que ha sido capaz el peñismo para ejercer un poder autoritariamente policiaco. Y cínicamente despreciando a la Constitución. En términos generales, el fallo internacional será una censura contra el gobierno peñista. Y contra la Suprema Corte porque no quisieron cumplir con sus respectivas obligaciones y, en complicidad, denegaron la justicia.
Siendo Peña y los 11 ministros los principales acusados por las violaciones a las mujeres de Atenco, deberían pagar al menos con sus renuncias; aunque al cometer un catálogo de delitos probados, merecen ser privados de su libertad. Y aunque la Comisión Interamericana no haga referencia a la Suprema Corte ni a Peña directamente, estos serán exhibidos como violadores de la Constitución y sus leyes. Pues sistemáticamente se negaron a darle curso a las acusaciones de esas mujeres; quienes merecen exigir pago de daños y sanciones drásticas contra los policías y funcionarios implicados. Fue una brutal, salvaje y abusiva conducta del entonces desgobernador mexiquense, junto con la complicidad judicial del presidencialismo de Peña y los ministros de la Suprema Corte.
FUENTE: CONTRALÍNEA
AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI