El funcionario afirmó que otros gobiernos estatales no recibieron a finales del año pasado presupuesto adicional al programado y que no fue entregado por falta de recursos, aunque declinó identificarlos.
A principio de esta semana, el gobernador Corral acusó a la SHCP de retener 700 millones de pesos de un convenio pactado el 14 de diciembre pasado. La medida, aseguró el mandatario estatal, fue en represalia por la decisión de su administración de investigar una transferencia ilegal de recursos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por parte de su antecesor, el priísta César Duarte, cuyo paradero se desconoce.
A Chihuahua se le entregaron todos los recursos que se tenían que entregar, en tiempo y forma, hasta el último centavo. Esto implicó que recibiera más de 2 mil millones de pesos en recursos adicionales en el transcurso del año, dijo González Anaya, entrevistado después de participar en el Seminario de perspectivas económicas, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
La entrega de recursos, tanto los programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como los adicionales, está vigilada por la Comisión de Funcionarios Fiscales –integrada por los secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales–, que ya se pronunció en el sentido de que todos los fondos fueron entregados en tiempo y forma, pronunciamiento en el que coincidió la Conferencia Nacional de Gobernadores, añadió.
–¿Qué pretende el gobierno de Chihuahua al asegurar que se condicionó la entrega de recursos por la investigación? –se le preguntó.
–No tengo idea, no entiendo. Siempre ha habido una relación respetuosa con el gobierno de Chihuahua. El gobierno del estado recibió 2 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto. En La Jornada se publica que solicitó un crédito de 2 mil millones de pesos. La pregunta que tienen que hacer es dónde están esos 4 mil millones de pesos. Esa no es una pregunta que me concierne a mí.
El gobierno de Chihuahua, según Hacienda, recibió los 2 mil millones de pesos de recursos presupuestales adicionales como parte de las formas de repartición de fondos aprobadas por el Congreso en el PEF.
Los 700 millones de pesos que, según el gobierno de Chihuahua, fueron retenidos de manera irregular, corresponden a convenios adicionales que firman las administraciones locales con la Secretaría de Hacienda y están condicionados a que existan los fondos a entregar.
El gobierno de Chihuahua, explicó González Anaya, solicitó recursos adicionales por medio de cuatro convenios. Uno de ellos fue pagado; en otro los fondos no fueron transferidos porque la información bancaria que proporcionó el gobierno de Corral era equivocada, y los otros dos no se cumplieron por falta de recursos, agregó.
La Secretaría de Hacienda transfirió los recursos a través de estos convenios con estricto apego a la ley. Estos convenios se vienen usando desde hace mucho tiempo y tienen dos cláusulas que quiero resaltar: se dan cuando hay suficiencia presupuestaria y es responsabilidad del estado, no de Hacienda, ejecutar y vigilar que estos recursos se lleven a buen uso, puntualizó.
El gobierno de Chihuahua, recordó González Anaya, anunció que piensa plantear una controversia sobre la legalidad de estos convenios, pero ahora quiere recibir recursos mediante un convenio que piensa controvertir.
En ningún momento se condicionó la entrega de recursos a la investigación, de ninguna manera (por la transferencia de fondos al PRI); nosotros estamos siempre en favor de la transparencia, pero en estos últimos días pues ha venido saliendo la razón: se cuestionó el mecanismo, el convenio. El convenio que está cuestionado hoy es el mismo mediante el cual el gobierno de Chihuahua quiere que se le den recursos otra vez. Imagínese, otra vez.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ROBERTO GONZALEZ AMADOR
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/12/politica/003n1pol
