El aspirante a fedatario, Gabriel Escobar, pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar al juez Breyman Labastida Martínez por posibles actos de corrupción para sobreseer el amparo contra la designación de los últimos 12 notarios del exgobernador Eruviel Ávila.
El abogado constitucionalista Oscar Valdés, patrocinador del amparo, advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno estatal haya incidido en la decisión, pues el pasado martes 26 de diciembre, Sergio Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, visitó al juez.
Además, destacó la necesidad de indagar la presencia del magistrado y la relación de la visita con las declaraciones de un testigo en el sentido de que, después de que Medina Peñaloza abandonó el edificio de juzgados, fueron entregadas al juez un par de maletas que supuestamente contenían 2.5 millones de pesos cada una, conforme a lo que escuchó.
Dos días después, el jueves 28, el juez sobreseyó la demanda 1219/2017 sin siquiera entrar al fondo, a pesar de que un tribunal colegiado ya había reconocido el interés jurídico del promotor.
En la sentencia, emitida el Día de los Santos Inocentes por la mañana, el juez determinó que “al no acreditarse el interés jurídico ni legítimo del quejoso, resulta improcedente el juicio”, por tanto, consideró innecesario “estudiar las diversas causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables ya que el examen de éstas resultaría ocioso y a nada practico conduciría, pues en nada cambiaría el sentido de esta resolución”.
Labastida Martínez consideró que el aspirante a fedatario no aspiraba a la designación directa que, en contraste, es una facultad jurídica del gobernador.
“El quejoso no desea contender en el procedimiento de designación directa”, esgrimió en el fallo, por lo que, desde su punto de vista, tampoco existe una afectación directa o indirecta.
El juez también rechazó subsanar las deficiencias de la demanda, al considerar que no fueron señaladas como actos reclamados.
Por estas razones, Escobar Ceballos promovió un recurso de queja, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer la facultad de investigación del juez -a través del Consejo de la Judicatura Federal- por la gravedad del tema y remitir el recurso al tribunal colegiado para su debida sustanciación y resolución.
“Fui víctima de una fabricación de Estado en la que participaron diversas autoridades en colusión con particulares, lo cual está debidamente probado con las constancias que obran en autos expediente”, arguyó el interesado en el recurso de queja, tras insistir en que los nombramientos incumplen los requisitos de ley.
El 14 de julio de 2017, en Gaceta de Gobierno del Estado de México, el entonces mandatario mexiquense promulgó la designación como nuevos notarios públicos de Erasto Martínez Rojas, exsecretario de Infraestructura y amigo de Ávila Villegas; y Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del entonces secretario general de Gobierno, José Manzur.
También designó a Luz María Alatorre Carbajal, esposa del diputado panista Ulises Ramírez; Lorena Garate Mejía, hija de Francisco Gárate, entonces representante del PAN ante el INE; y Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, entonces secretario de Asuntos Electorales en el CEN del PRD.
Además, nombró a Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; Beatriz Mercedes Corona, hija del secretario auxiliar de Presidencia, Jorge Corona; y Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino de Erwin Lino, secretario particular del presidente Enrique Peña.
De igual manera fueron ungidos Gustavo Fernández Sauri, subdirector de Asistencia Alimentaria con Javier Duarte y Karime Macías en Veracruz, excoordinador de asesores en Consejería Jurídica de Presidencia; el verde ecologista Alejandro Agundis Arias; Francisco Xavier Borrego Hinojosa, vicepresidente jurídico de Grupo Salinas; y Marcelo Rosseto Armida, exdirector jurídico de la empresa ICA.
Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
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