La violencia se desató luego de que policías comunitarios capturaran a Iván Soriano Leal, un exmilitar vinculado a la venta ilegal de armas. Un grupo armado junto con policías estatales y soldados irrumpieron en el poblado de la zona rural de Acapulco, donde se enfrentaron con los comunitarios, dejando un saldo de 11 muertos y 38 detenidos.
El gobierno de Héctor Astudillo rescató al presunto delincuente y detuvo solo a miembros de la autodefensa, entre ellos el líder de la guardia comunitaria de San Pedro Cacahuatepec y opositor al proyecto hidroeléctrico de La Parota, Marco Antonio Suástegui.
En un comunicado, la Fiscalía de Guerrero informó que el Juez de Control vinculó a proceso a Marco Suastegui, Vicente Suastegui, Javier “N”, Maximino “N” y 21 imputados más como presuntos responsables en el homicidio calificado cometido en agravio de habitantes de La Concepción el pasado 7 de enero.
Así mismo, el Juez señaló un plazo de seis meses de investigación complementaria el cual concluye el 14 de julio del presente año.
En tanto el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que duré el proceso en contra de los procesados.
Los enfrentamientos armados se registraron en dos momentos el pasado 7 de enero en el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco.
El primero ocurrió la madrugada de ese día, cuando ingresó un comando a la ranchería y los policías comunitarios se enfrentaron con los hombres armados. En la balacera murieron ocho personas (cinco del grupo armado y tres comunitarios).
Horas después, cerca del mediodía, más de un centenar de policías estatales, federales y soldados irrumpieron en el lugar donde se registró un segundo enfrentamiento con un saldo de tres comunitarios asesinados, uno de ellos había sido sometido y quedó tirado boca abajo con las manos cubriendo la cabeza, indicaron testigos.
De las 11 víctimas mortales, cinco forman parte del grupo armado y seis eran guardias comunitarios, según reportes oficiales.
Además, siete reporteros fueron golpeados y despojados de su equipo de trabajo, entre ellos el fotógrafo Bernardino Hernández, para impedir que documentaran el violento operativo encabezado por el titular de la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP), el general en activo Pedro Almazán Cervantes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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