También plantea prohibir la compra-venta de celulares usados que no cuenten con algún documento que muestre la legalidad de su adquisición.
Con la intención de frenar el incremento de robo de teléfonos celulares, Edmundo Garrido Osorio, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), propuso regular el mercado de móviles usados, mediante la emisión de una Norma Oficial Mexicana.
El funcionario opinó que es necesario firmar acuerdos de cooperación con las compañías proveedoras de los equipos, que permitan facilitar la investigación del ilícito, según se detalló en un comunicado.
Consideró que el problema constituye un desafío para las instituciones de seguridad de todo el país, por lo que también es necesaria una Norma Oficial Mexicana y la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que, en el ejercicio de sus atribuciones, se cerciore de la procedencia de los aparatos, haciendo que quienes los expenden emitan comprobantes o facturas.
Sugirió también prohibir la compra-venta de celulares usados que no cuenten con algún documento que muestre la legalidad de su adquisición, o bien, dar de baja en definitiva este tipo de aparatos, de modo que quede inhabilitado para usarse con otro chip.
Expuso el imperativo de fortalecer el marco jurídico para impedir o regular el comercio de teléfonos celulares usados y, de esta manera, imposibilitar o disminuir su uso en la comisión de otros delitos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 73.6 por ciento de la población mayor de seis años cuenta con un teléfono inteligente.
El robo de teléfonos celulares representa para las víctimas una afectación de manera individual de siete mil 538 pesos, en promedio.
Por ello, Garrido Osorio planteó a los fiscales y procuradores del país, se instale en breve un grupo de trabajo que elabore otras propuestas de prevención, investigación y persecución de este tipo de ilícito.
Informó que en la capital del país se iniciaron en 2016, siete mil carpetas de investigación relacionadas con este tipo de delito, mientras que el año pasado el volumen de indagatorias casi se duplicó al iniciarse casi 14 mil.
Ante el incremento del robo de teléfonos celulares que se pudiera estar dando también en el resto de las entidades federativas, es oportuno implementar acciones de prevención y combate efectivo, entre las cuales está la de inhibir su comercio irregular.
Entre las estrategias sugeridas por el funcionario destacan: identificar los puntos de mayor incidencia a través de la georreferencia de zonas de riesgo, modus operandi, así como días y horarios de su comisión.
A través de labores de inteligencia en campo, se pueden ubicar zonas de comercio informal, además de implementar operativos que deben ir de la mano con campañas de sensibilización y prevención dirigidas a la sociedad con el objeto de inhibir la compra-venta de equipos celulares robados.
El procurador llamó a quienes son víctimas del robo de sus teléfonos a denunciar ante la autoridad, a fin de evitar cualquier eventual responsabilidad en caso de que sus equipos sean utilizados para cometer ilícitos como extorsiones, secuestros, homicidios y robos.
Fuente: Aristegui Noticias
Autor: Redacción
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