La figura del asesor jurídico obtuvo una calificación de 6.9 por debajo de las que sacaron jueces (7.8) , ministerios públicos (7.8) y defensores públicos (7.6).
Según testimonios recogidos por MUCD, éstos desconocen los casos debido a que las carpetas de investigación se les entregan minutos antes de la audiencia o hay retención de las mismas. Reportan que sólo 5 de cada 100 veces llegan a las audiencias con total conocimiento de dichas carpetas.
Además, pese a lo que señala la ley, no solicitan al Ministerio Público participar en algún acto de investigación por lo que no pueden intervenir lo suficiente para aportar pruebas a favor de las víctimas.
El informe de resultados sobre el monitoreo ciudadano del sistema de justicia, llevado a cabo por México Unido Contra la Delincuencia, detectó como una de las deficiencias más graves, que los policías preventivos que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México sean el primer contacto con los usuarios.
“Esto no es oportuno porque el policía no está ahí para realizar esas funciones, está ahí para resguardar la seguridad de la agencia del ministerio público”, comentó Alfredo Peña de MUCD.
“Además no cuenta con la capacitación necesaria e identificamos que los policías abordan a los usuarios y tratan de disuadirlos para que no inicien la denuncia y disminuya el índice delictivo del sector en donde está ubicada la agencia del MP”, denunció.
Otra de las irregularidades que se advierten en el informe es que no existen los protocolos adecuados para dar la atención necesaria a las víctimas de agresiones sexuales ya que éstas relatan lo sucedido a más de un servidor público (orientador jurídico, agente del Ministerio Público, psicólogo forense, médico forense, policía de investigación), lo cual provoca una “revictimización”.
“Es importante que la autoridad ministerial lo tome en cuenta porque la víctima no puede estar reviviendo los hechos traumáticos sólo porque no existen los protocolos adecuados para que se les de la atención como merecen”, dijo Peña.
Parte de las deficiencias señaladas por MUCD es la falta de personal. A pesar de la incorporación de oficiales secretarios y agentes del MP, éstos siguen siendo insuficientes si se considera que son 71 agencias del MP desconcentradas.
Alfredo Peña, quien es director de Cultura de la Legalidad de MUCD, dijo que entre las exigencias de la organización está “la posibilidad de incluir a todo el personal necesario para que la calidad del servicio sea adecuada y las víctimas no tengan que estarse trasladando de una agencia del MP a otra para contar con los servicios que de inicio deberían estar en la agencia donde se dirige la denuncia”.
El objetivo del programa de monitoreo ciudadano es verificar el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mediante la evaluación del desempeño de las personas encargadas de llevar a cabo los procesos en las audiencias de las Salas de Oralidad de la Ciudad de México. Dicha evaluación se realiza a partir de tres ejes: ¿Cumplen con la Ley?, ¿Hacen su trabajo con calidad?, ¿Cumplen con los principios y objetivos de la Reforma al Sistema Penal?
Es la segunda vez que MUCD realiza la encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad del servicio en dicho sistema, se aplicó a más de 1 500 denunciantes en Agencias del Ministerio Público y se destinaron 692 guías de observación de audiencia en las Salas de Oralidad de los Juzgados Penales.
El documento señala también que el tiempo para realizar un trámite es excesivo y 3 de cada 10 usuarios afirman que les tomó al menos 5 horas.
Ante estas irregularidades, la organización México Unido Contra la Delincuencia hizo una serie de peticiones para ser consideradas en las agencias, fiscalías y centros de justicia que se muestran a continuación, tal y como se presentan en el informe.
1. Solventar la falta de personal ministerial para la atención de los usuarios (Ministerios Públicos, Auxiliar Ministerial, Orientadores Jurídicos y Asesores jurídicos públicos).
2. Retirar vehículos puestos a disposición que obstruyen la visibilidad alrededor de las Agencias del Ministerio Público.
3. Identificar y sancionar a servidores públicos que generen actas apócrifas.
4. Denunciar a policías preventivos que, en la entrada, persuaden a los usuarios para no iniciar denuncias.
5. Contar con un espacio apropiado para realizar las entrevistas a las víctimas, donde deben estar presentes: Agente del Ministerio Público, Policía de Investigación, Médico Forense, Psicólogo Forense.
6. Agilizar el proceso de investigación.
7. Dar mantenimiento constante a las Agencias y Fiscalías, incluyendo equipos de cómputo, equipos de fotocopiado e impresoras.
8. Que la Jefatura General de Policía de Investigación de la Ciudad de México provea a las Agencias y Fiscalías de suficientes policías de investigación.
9. Que la Coordinación General de Servicios Periciales de la Ciudad de México provea a las Fiscalías suficientes peritos en todas las materias.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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