En conferencia de prensa, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, explicó que durante 2017 recibió 11 causas penales (10 estatales y una más de orden federal).
Luego del análisis de cada una, agregó, se determinó que se tramitarían tres causas: dos estatales y una federal; que la PGR se encontraba ya en la etapa final de formulación de conductos diplomáticos para la solicitud de extradición.
Las 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo acusan, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos del erario público durante su mandato en esa entidad. La otra salió desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (Fepade) y lo acusa del desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales.
César Duarte Jáquez es aún miembro del PRI, que mantiene en la congeladora la solicitud para retirarle sus derechos partidistas.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien es el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua, criticó el actuar de la PRG y de Elías Beltrán y mira en el anuncio del día de ayer un comportamiento atípico, irregular e ilegal.
“Da la impresión que estuvieran haciendo todo mal, como que se estuvieran equivocando al propósito, como si estuvieran cometiendo errores de manera deliberada para favorecer que César Duarte se fugue o que una vez que sea extraditado, pueda ser liberado fácilmente con base en algún argumento formal relativo al debido proceso”, dijo a SinEmbargo.Díez explicó que el proceso debió haberse hecho a la inversa. El tratado de extradición México-Estados Unidos en el Artículo 11 establece la facultad de los estados de solicitar al otro estado la detención provisional de la persona que se está requiriendo para efectos de extradición. Eso es lo que permite detener a la persona antes de que ésta tenga noticias de que se ha solicitado su extradición.
Luego de la detención de la persona, el estado que solicitó la extradición, en este caso México, tiene 60 días para presentar la solicitud de extradición.
El Artículo 17 del Tratado establece la regla general en ese sentido: una persona que ha sido extraditada no puede ser enjuiciada ni sancionada en México, por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición.
“Entonces uno se pregunta por qué anuncia el Procurador que solamente solicitará la extradición por tres órdenes de aprehensión y no por las 11 que existen. Es cierto que se pueden presentar en el curso de los próximos días y lo que se debería exigir es que la actuación de la PGR sea apegada a derecho e impecable, porque lo que no queremos es que, como saben que ese proceso en contra de Duarte no será un proceso encapsulado como el de Duarte de Veracruz, decidan ‘equivocarse’ con la extradición y abrirle la puerta a Duarte para que, o se mueva a otro país antes de que exista una solicitud formal de detención suya, o si es que resulta extraditado, pueda promover algunos amparos y salir libre, rápidamente, sin mayores problemas”, agregó Díez en entrevista con SinEmbargo y sostuvo que de entrada, lo primero que debe garantizarse es la detención de Duarte.
El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado reconoció el paso de la PGR, pero con suspicacia por el riesgo que existe de que Duarte logre salir impune.
Javier Corral precisó que el tratado de extradición señala con toda claridad, que la autoridad federal pedirá en ese momento la detención provisional con fines de extradición y en este caso, se le da una oportunidad a César Duarte, al anunciarle lo que se va a hacer y en lo relativo a las tres órdenes de extradición.
“Esperemos que este sea el paso que inicie el proceso para desahogar todas las órdenes de aprehensión, las 10 en total que presentó Chihuahua, toda vez que el criterio de especialidad en materia de extradición señala, que cuando se obtiene la extradición de una persona, solo se le podrá llevar a juicio por los delitos acreditados en el expediente de extradición”, indicó el gobernador.
Explicó que una vez detenido, hay un tiempo para agregar otras causas penales antes de que se dicte el juicio de extradición.
La dependencia encabezada por José Antonio González Anaya negó que castigue a la administración de Corral y ha argumentado insuficiencia de recursos o fallas en el número de cuenta que les fue proporcionada para justificar la ausencia del dinero.
Javier Corral atribuye el “castigo” financiero a las recientes revelaciones en contra del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Gutiérrez, quien supuestamente desvió 250 millones de pesos destinados a las arcas del estado norteño en 2016. De la mano de Duarte Jáquez, ese dinero habría servido para las campañas presidenciales del PRI en 2016.
El desvío de recursos habría sido ocultado con facturas y servicios inexistente.
De acuerdo con el propio testimonio de Gutiérrez, los montos desviados de la Federación fueron entonces avalados por la SHCP, encabezada entonces por Luis Videgaray Caso.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-01-2018/3375167