Pero lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua fue también una ausencia total de mecanismos efectivos de control y supervisión del ejercicio de los recursos públicos, subejercicios, pagos sin contratos, adquisiciones con sobreprecios, evasión de impuestos y, entre otros, pagos improcedentes.
Los datos se deprenden de tres auditorías al ejercicio de dinero federal contenidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, todas relacionadas con el rubro de la salud en Chihuahua: Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y Prospera Programa de Inclusión Social Componente Salud.
Las irregularidades se presentaron a lo largo de 2016, por lo que la mayor responsabilidad recae en la administración estatal anterior, la de César Duarte Jáquez, político emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hoy acusado penalmente de peculado en diversas modalidades y prófugo de la justicia. Pedro Genaro Hernández Flores fungió como secretario de Salud durante esa administración. Hoy es uno de los 50 exfuncionarios de Duarte amparados. Ya se han documentado irregularidades graves que lo involucran directamente, como los fraudulentos tratamientos para niños con cáncer.
Desde el 4 de octubre pasado, el gobernador de la entidad es Javier Corral Jurado, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y quien llegó al poder postulado por su propio partido, por el de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. Al frente de la Secretaría de Salud se encuentra hoy Ernesto Ávila Valdez.
Un hoyo en el Acuerdo de Coordinación con la Federación
Sólo en materia de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Chihuahua), la ASF encontró irregularidades por más de 128 millones 782 mil 200 pesos. De ellos, 47 millones 481 mil 900 pesos representan un “probable daño a la Hacienda Pública Federal”. Los otros 81 millones 300 mil pesos corresponden a subejercicios.
El desaseo fue tal que el dictamen de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el ejercicio de estos recursos entregados por la Federación resultó negativo: “En conclusión, el gobierno del estado de Chihuahua no realizó un gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
Las inobservancias a la normativa, que señala la ASF en el dictamen de esta auditoría, se concentran en el destino de los recursos. Y es que el gobierno del estado no dispuso de un “adecuado” sistema de control interno e incurrió en incumplimientos en materia de transparencia.
Mediante este Acuerdo de Coordinación auditado, el gobierno de Chihuahua dispuso de 1 mil 208 millones 989 mil 300 pesos durante 2016. Se trata de recursos que van directamente al programa estatal Cuota Social y al de carácter federal Seguro Popular.
En materia de control, el gobierno del estado no contó con normas generales para garantizarlo. Ni siquiera pudo acreditar haber realizado acciones para comprobar su compromiso con valores éticos. Tampoco realizó acciones de vigilancia ni supervisión.
Por todo el desaseo encontrado en este rubro, la ASF emitió una recomendación para que el gobierno del estado “proporcione la documentación e información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro adecuado de sus objetivos”.
La primera irregularidad encontrada en materia de transferencia de recursos fue por 19 millones 514 mil 300 pesos. Se trata de una cantidad de dinero sin documentación comprobatoria de gasto. Por ello, la ASF presume “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda pública Federal”.
Otro probable daño es por 9 millones de pesos, ya que se compraron medicamentos con sobreprecios y 306 mil pesos por la adquisición de medicamentos no contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
También se registraron pagos efectuados sin contrato por 7 millones 853 mil pesos y la contratación de obra no autorizada por 3 millones 379 mil pesos.
Por la suma de todas las irregularidades, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria “para que el órgano interno de control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de Registro e Información de las Operaciones, Destino de los Recursos y Transparencia, relacionadas con el ejercicio de los recursos del programa”.
Servicios de Salud, caos administrativo
Para los auditores de la ASF, el gobierno de la entidad federativa “registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de Destino de los Recursos y de la Ley de Coordinación Fiscal”. El señalamiento es parte del dictamen de la auditoría financiera y de cumplimiento practicada a los recursos federales que recibió el estado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Tales “inobservancias” generaron “un probable daño a la Hacienda Pública” por 65 millones 957 mil 200 pesos.
Y es que el gobierno del Estado, observa la ASF, “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas e la auditoría”.
Del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (recursos federales), en 2016 el estado de Chihuahua recibió 2 mil 350 millones 490 mil pesos. El gobierno de la entidad, sin embargo, presentó un control de los recursos insuficiente. La Auditoría encontró que los Servicios de Salud de Chihuahua no cuentan con un comité para supervisar la correcta aplicación de los recursos. Tampoco con políticas claras para reclutar al personal idóneo. Ni siquiera tiene claridad sobre las características de los puestos que participan en el manejo de estos recursos.
Los recursos federales fueron depositados en una cuenta bancaria abierta por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua ex profeso para recibir los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Las irregularidades en el manejo de recursos empezaron desde este punto. La Secretaría de Hacienda de Chihuahua recibió los recursos de parte de la Federación en las fechas establecidas y según el calendario señalado. Sin embargo, la dependencia estatal no transfirió el dinero en tiempo y forma a los Servicios de Salud del estado. Lo anterior “generó intereses” por 53 mil pesos, los cuales nunca fueron transferidos a los servicios. Por ello, la ASF presume “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por el monto señalado.
En la ruta que siguen los recursos se encentra otro probable daño, éste por 539 mil 911 pesos. Se trata de dinero ubicado en la partida de servicios personales, es decir, pagos. Se trata de “falta de documentación comprobatoria de nómina pagada”. En este mismo rubro, se registraron “pagos improcedentes” por 14 millones 796 mil pesos a funcionarios que no estaban laborando.
La ASF encontró otro posible daño, éste por 611 mil 477 pesos, por el pago a tres trabajadores comisionados del sindicato que no tenían la autorización que señala la normatividad. Otros 838 mil 474 pesos se pagaron irregularmente a trabajadores “eventuales” sin que hubiera contrato de por medio.
Además, los auditores del máximo órgano de fiscalización del país observaron otro “probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 43 millones 652 mil 222 pesos. Se trata de recursos del Impuesto Sobre la Renta que los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua no enteraron al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Otra irregularidad más. En ese caso por un proceso de licitación por el que las Servicios de Salud de Chihuahua compraron medicamentos con sobreprecios por 5 millones 519 mil pesos. Además, la empresa ganadora no cumplió con una de los requisitos señalados en las bases: licencia sanitaria.
Por ello, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma aplicable en materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino delos Recursos y Transparencia, relacionadas con el ejercicio de los recursos del Fondo”.
Eran las postrimerías del sexenio de César Duarte y los Servicios de Salud de Chihuahua no habían establecido un programa “para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no se definieron las atribuciones y funciones del personal en áreas y/o unidades administrativas que son responsables de los procesos y […] no se definió la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos ni se establecieron actividades de control para las tecnologías de información y las comunicaciones”.
De acuerdo con el máximo órgano de fiscalización del país, los Servicios de Salud de Chihuahua trabajaron sin plan o programa de sistemas de información para dar cumplimiento con los objetivos de la institución. Así, no hubo responsables de elaborar información sobre la gestión de los recursos “y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición de Cuentas”.
En particular, el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichsal) no tiene normas de control interno y, por ello, nunca realizaron actividades de vigilancia y supervisión. Ni siquiera, como institución, estableció alguna vez objetivos y metas estratégicas.
“El Ichsal no acreditó haber realizado acciones para comprobar que cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención.”
Por todo ello, el Instituto de Salud –durante el sexenio de César Duarte– no informó periódicamente ni al titular de la dependencia ni al órgano de gobierno de la situación que guardaba el sistema de control interno institucional.
Tampoco estableció “la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera”, ni la de “realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades”.
Prospera, recursos “guardados”
Los recursos federales en materia de salud se ejercieron irregularmente casi en todos sus rubros. La tercera auditoría realizada por a ASF también encontró violaciones a la normativa. En este caso se trata del Programa de Inclusión Social Prospera (componente salud).
Los auditores encontraron un subejercicio de más del 50 por ciento de los recursos entregados durante 2016. El gobierno del estado de Chihuahua recibió 61 millones 597 mil pesos y no ejerció 31 millones 197 mil 400 pesos.
La auditoría practicada por la ASF arrojó un dictamen negativo. “En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa apegada a la normatividad que regula su ejercicio”.
Y es que las irregularidades no se agotaron en el subejercicio. Otras irregularidades están relacionadas con los contratos de adquisiciones, pues no presentaron fianzas de cumplimiento y no elaboró el programa anual de adquisiciones.
Contralínea solicitó entrevista por varias semanas con la actual administración. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se concretó una respuesta formal del gobierno del estado. Las gestiones se realizaron ante la oficina del gobernador, la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de la Función Pública.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: ZOSIMO CAMACHO