Un ejemplo de ello es que la Secretaría de la Defensa Nacional canceló el convenio de colaboración que tenía para la vigilancia de carreteras en San Pedro Cholula, Puebla, y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio, señaló el colectivo.
Los integrantes de la agrupación aseguraron que tales decisiones gubernamentales “pueden traducirse en afectaciones a la seguridad y derechos de las personas”.
“El ejercicio del legítimo derecho que tienen para controvertir, no debe ser inhibido ni castigado por nadie, mucho menos, si de por medio se vulnera la seguridad y la vida de los gobernados”, expresaron en una carta al presidente Enrique Peña Nieto.
Entre los municipios que impugnaron la Ley de Seguridad Interior por representar un riesgo para los derechos humanos al permitir que las fuerzas armadas intervengan en la seguridad pública, se encuentran Nezahualcoyotl, Ocuilán y Cocotitlán, del estado de México, Oxkutczab, Tepekan y Hoctun, de Yucatán, Ahuatacán y Tepeyahualco, de Puebla, Morelia y Michoacán; Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Oxchuc, de Chiapas.
La Ley de Seguridad Interior aún se encuentra vigente, a pesar de las múltiples advertencias y condenas que emitieron organizaciones internacionales y no gubernamentales.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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