Explicaron que la imposición de proyectos extractivos trae como consecuencia “el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales”.
Recordaron que quienes se oponen a las empresas y proyectos gubernamentales son víctimas de hostigamiento, persecución e incluso asesinato, así como de “estrategias de violencia que las empresas y el gobierno –que- han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades”, así como para controlar los yacimientos mineros “a través del crimen organizado”.
“La militarización y presencia de la gendarmería, son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio”, señalaron.
Por otra parte, rechazaron los programas del gobierno federal que buscan privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades, y reafirmaron que rechazan cualquier imposición por parte de las empresas extractivas y las autoridades mexicanas.
“Alzamos la voz para denunciar y detener estos proyectos extractivos que, con el falso discurso del progreso, desarrollo o generación de empleo están minando la vida”, explicaron las comunidades, acompañadas de 33 autoridades comunitarias y 36 organizaciones defensoras del territorio.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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