Un hecho de suma importancia para los capitalinos, ya que los próximos integrantes de este órgano autónomo, serán los encargados de garantizar y ensanchar el ejercicio de los recursos y herramientas de fiscalización ciudadana, base fundamental para el combate a la corrupción en la capital del país.
Lo que está en juego en esta elección es lo que se juega todos los días en México: La garantía de que las instituciones y los funcionarios públicos, en su operación cotidiana, cumplan con sus respectivas responsabilidades en estricto apego a la Ley, refirieron algunos de los candidatos al InfoDF, en entrevista con SinEmbargo.
“Tenemos que tener, no sólo en la Ciudad de México sino como mexicanos, la posibilidad de hacer las preguntas adecuadas a quienes están tomando las decisiones publicas […]. Tenemos que ser muy claros en exigir durante el proceso de gestión y al final de la gestión, qué resultados dieron”, explicó la aspirante, politóloga y activista María del Carmen Nava Polina.
Los comisionados, en ese sentido, “deben de ser como abogados de la ciudadanía”, es decir, tener independencia y capacidades suficientes para “señalar los casos de corrupción y evidenciar lo que no se esté transparentando”, comentó el candidato Francisco Varela Sandoval, egresado de la escuela de asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.
Porque “la transparencia, por sí misma, no va a combatir la corrupción. Se requiere fiscalización ciudadana”, para lo cual, es necesario “que los ciudadanos tengan elementos y herramientas para reclamar y sugerir sobre la lucha anticorrupción”, que es lo que los organismos garantes -como el InfoDF- protegen y procuran, refirió el postulante Oscar Jovanny Zavala Gamboa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El “gran reto” para los nuevos comisionados será lograr que “la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales sean concebidos como derechos humanos y no sólo como un derecho ciudadano”, abundó el jurista.
Por eso, para fortalecer la lucha anticorrupción emanada de la transparencia y la rendición de cuentas, es menester que la elección de los siete nuevos comisionados sea imparcial, de modo que los candidatos electos cuenten con perfiles sustentados en capacidades técnicas y que sean representativos de la participación ciudadana -independientes de partidos políticos e intereses corporativos-.
“Se está integrando el Sistema Anticorrupción Local -que es y debe ser ciudadano- y [los integrantes de] este sistema va[n] a tener una duración de siete años en el caso del InfoDF. Si se toma una mala decisión en este momento, vamos a pagar por ella siete años”, advirtió Francisco Varela Sandoval.
“El proceso del InfoDF es una oportunidad de crear una institución y un mecanismo que le devuelva a los ciudadanos la confianza [en las instituciones]. Y para eso, lo único que nos queda como ciudadanos es presionar”, concluyó.
LA LABOR DEL INFODF
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones establecidos en la propia Ley, en la Ley General, así como en las demás normas aplicables.“Las resoluciones del InfoDF son muy importantes para proporcionar la información y revisar que sea lo más apegado a los estándares de transparencia. Y no sólo en las resoluciones que de manera colegiada se tomen, sino la información que de por sí las instituciones deben de dar por transparencia. El InfoDF es el encargado de revisar el cumplimiento de esa existencia en los sitios web de información, y en dado caso, hacer las calificaciones con objetividad y exhaustividad y completar la información”, señaló María del Carmen Nava Polina.“En el momento en que nosotros proponemos como ciudadanos tener esa información actualizada y completa vamos a poder tener más elementos de valoración del funcionamiento de las instituciones”, recalcó.
El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas urge en nuestro país. Ejemplo de ello fueron los resultados dados a conocer por el InfoDF a finales de 2015, cuando resultó que de las 16 delegaciones capitalinas, 11 no mostraban en sus respectivos portales de Internet lo que estaban obligados a dar a conocer de manera pública. A esta falta de rendición, se sumaron 13 organismos, ocho entes descentralizados y uno autónomo.
Según el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son sujetos obligados “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal” (sic).
Y en el artículo 70, la Ley vigente establece la obligación de los sujetos de mantener actualizada la información que presentan. Inclusive el InfoDF llega a tropezar con este requisito, ya que, por ejemplo, la última vez que actualizaron su lista de acuerdos y resoluciones fue el 9 de agosto de 2017.
Entre la información que deben de publicar los sujetos obligados destacan las facultades, metas y objetivos de cada área; indicadores conforme a sus funciones, incluidos aquellos que “permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados”; remuneraciones y gastos oficiales de los funcionarios; plazas y contrataciones; declaraciones patrimoniales; mecanismos de evaluación, de exigibilidad y de participación social; información financiera; informes de resultados, entre otros.
De acuerdo con Francisco Varela Sandoval, el problema radica en que “el InfoDF está achicado; está concebido en un espectro muy limitado de acción en acceso a la información y protección de datos”. No obstante, refirió, “gracias a la Ley [actual] y con los nuevos comisionados tiene la oportunidad de ser un verdadero agente en la lucha anticorrupción; de documentar los casos de corrupción y de hacer una vocería en contra de la corrupción”.
En esto concordaron María del Carmen Nava Polina y Oscar Jovanny Zavala Gamboa, quienes mencionaron que a través del InfoDF pueden coordinarse diversas instituciones, para que las decisiones que se tomen, en verdad abonen a la mejor calidad de vida de la ciudadanía y al mejor desempeño de las instituciones.
LAS PIEDRAS EN EL CAMINO
A pesar de que existen leyes y protocolos que regulan la designación de nuevos consejeros, señalan candidatos al InfoDF, representantes de la sociedad civil, académicos y políticos, la ALDF ha manejado el proceso de selección de manera opaca e irregular.
“Estamos en un año electoral en el que los miembros de la Asamblea y todos los políticos de la ciudad enfrentan una gran incertidumbre política. Entonces hay una tentación muy grande, para muchos asambleístas de usar estos puestos como parte de negociaciones y repartírselos entre cuotas partidistas a sus cuates”, explicó Francisco Varela Sandoval.
Los sistemas anticorrupción a nivel nacional y local están incompletos, comentó. “Y las deficiencias vienen precisamente de una resistencia de los partidos políticos a soltarle estas instituciones a la ciudadanía”.
Primero hubo problemas con los tiempos de registro. La noche del 21 de diciembre del año pasado, la Asamblea liberó una prístina convocatoria que daba a los interesados solo unas horas para presentar su candidatura. Luego, se echaron para atrás por considerar que dicho periodo era insuficiente para presentar la documentación requerida. Entonces extendieron el plazo al 12 de enero de 2018.
Al concluir el periodo de registro, habían 67 aspirantes alistados. Pero la ALDF, inconforme con la disparidad de género entre los candidatos [19 mujeres y 48 hombres] decidió, sin previo aviso o justificación, extender un plazo adicional de 48 horas para registrar a ocho mujeres más.
En respuesta, Dunia Ludlow Deloya, vicepresidenta de la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias de la Asamblea, catalogó la decisión de la ALDF de “ensuciar y violentar el proceso”. Pero no estuvo sola.
La disconformidad levantó las críticas y reproches de 130 organizaciones civiles, instituciones académicas, comités ciudadanos y asociaciones vecinales, que exigieron que la designación de los siete nuevos integrantes del InfoDF se realizara sólo en consideración de las 67 personas que se registraron en la primera convocatoria -la del 12 de enero-. Sin embargo, la ALDF no hizo caso.
Al mismo tiempo, durante el proceso, se cocieron varios problemas. Los criterios de evaluación, la curricula de los aspirantes y las distintas fases de la selección no fueron del todo públicos. Además, la mayor parte de los candidatos registrados, acusaron algunos observadores del proceso, no son “idóneos por independencia, trayectoria, capacidad y desempeño en las entrevistas”. Y en muchos casos, el “padrinazgo” fue la palanca que los llevó allí, indicaron.
“O estamos siendo con procesos de apertura claros y abiertos, o estamos sólo cumpliendo a bote pronto las presuntas exigencias ciudadanas”, dijo sobre el proceso de selección María del Carmen Nava Polina. “Tiene que haber claridad en los procesos, sustentados en la Ley y sus metodologías, además que los perfiles estén justificados”, abundó.
En una nota anterior, SinEmbargo publicó una lista realizada por uno de los grupos de trabajo que dan seguimiento al tema del InfoDF, según la cual, sólo seis de 66 perfiles fueron considerados adecuados. Ellos son Alejandro Torres Rogelio (actual comisionado), Francisco Varela Sandoval, Judith Minerva Vázquez Arreola, María del Carmen Nava Polina, María de los Ángeles Estrada González y Oscar Jovanny Zavala Gamboa.
La designación de los nuevos comisionados del InfoDF es un tema delicado, no sólo por sus implicaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino también debido a que este órgano garante es uno de los peldaños más importantes para la edificación del Sistema Local Anticorrupción.
El InfoDF está tan ligado al Sistema Anticorrupción que inclusive su presidente forma parte de su órgano rector. Y al igual que el retraso en las designaciones de los comisionados del InfoDF, la ALDF tampoco ha podido elegir a los 164 integrantes del Sistema, incluido al fiscal anticorrupción de la Ciudad de México.
Desde el 18 de julio de 2017, cuando la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los sistemas locales, cuyos ejes centrales son la transparencia y la fiscalización, debieron de haber sido constituidos a plenitud. No sucedió.
Hasta el 2 de septiembre del año pasado, el único avance (sustancial) fue la publicación de las 11 normas que componen al Sistema Local Anticorrupción. No será antes de este mes, que el pleno de la ALDF discuta la designación de los 164 integrantes del Sistema.
En el caso del InfoDF, la Ley vigente establece como plazo límite el 31 de marzo, para que los comisionados y el presidente del organismo -que recién renunció- ocupen sus respectivos puestos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2018/3385020