Es el estado de los 43 y de otras decenas de estudiantes desaparecidos y asesinados en las últimas décadas. Es también el de la matanza impune y atroz de campesinos en el vado Aguas Blancas; de la masacre de El Charco; de la matanza de copreros…
Y es el de la tala clandestina, el tráfico de maderas preciosas; el de la represión para someter a las comunidades que no quieren represas en el Río Papagayo; el del encarcelamiento y tortura contra defensores de las selvas y los bosques…
Zonas de Guerrero fueron entregadas al crimen organizado y a caciques con ejércitos privados para combatir la organización y la insurgencia. Es el estado donde opera el Cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación, los Rojos, los Ardillos…
Y es la entidad en la que priístas, perredistas y panistas (a nivel estatal y municipal) han gobernado con nepotismo, ineptitud, corrupción, negligencia e impunidad. La diferencia entre los políticos de esos partidos sólo ha resultado la de los colores de las camisetas que reparten como limosnas.
A la interminable lista de agravios se deben sumar los casos de violencia extrema contra las mujeres. Sólo durante el primer mes de 2018, se cometieron 28 feminicidios en la entidad. Sí: 28 en enero de este incipiente año.
En un recuento del reconocido internacionalmente Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se reporta tal número de casos y se advierte que tal fenómeno sólo es posible por la negligencia y la falta de voluntad de las autoridades para prevenirlo y combatirlo.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los protocolos de investigación y la tipificación del feminicidio en todo el país son letra muerta en Guerrero. La violencia feminicida se agudiza e incrementa.
Datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan cuenta de que la ciudad capital de la entidad, el puerto de Acapulco, se ubica en el número 9 de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios.
No es sólo negligencia e ineptitud. Es el machismo homicida encaramado en las estructuras del gobierno que encabeza el priísta Héctor Astudillo. Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, ha sido exhibido por su propia boca. Ante la ola de crímenes, aseguró que los feminicidios ocurren porque “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio inmediatamente han condenado la “postura misógina y revictimizante”. No se trata sólo de palabras. Las declaraciones de Olea Peláez evidencian la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones. Y, lejos de actuar de manera diligente, el fiscal fomenta la falta de acceso a la justicia.
La postura del gobierno del estado, además, promueve un escarnio irresponsable contra las víctimas, que las denigra y termina por victimizar también a sus seres queridos. ¿Luego de esas declaraciones, los familiares de las víctimas podrán confiar en que las autoridades harán investigaciones serias y responsables para castigar a los responsables y hacer justicia a las víctimas?
Las organizaciones defensoras de derechos humanos comprobaron que, incluso, muchos de estos 28 feminicidios no son investigados como tales sino como homicidios. Mucho menos aplican los protocolos de investigación correspondientes. Todo a pesar de que, por ejemplo, algunas de mujeres y asesinadas habían denunciado previamente violencia doméstica. Claro, ninguna institución garantizó la seguridad de las denunciantes. Se les dejó en total indefensión. Hoy están muertas. ¿No hay responsables tampoco de esto?
Es urgente que el personal adscrito a las unidades de atención a mujeres de la entidad cuente con perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos. Y también que la Fiscalía General, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia familiar, cuente con personal suficiente e infraestructura para asegurar medidas de prevención a mujeres que denuncian violencia familiar cuando son amenazadas con privarlas de la vida. Es lo menos que se debe exigir.
Sí, Guerrero es todo lo que dijimos anteriormente. Pero no es todo. Guerrero es el hogar de generaciones de resistencia indígena, campesina, estudiantil, obrera, popular. Es la casa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la Organización Campesina de la Serra del Sur, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, de la Organización para el Futuro de los Pueblo Mixteco, de los ecos de Partido de los Pobres y de la Asociación Nacional Revolucionaria… Y de mujeres y hombres dignos que no se arredran y que construyen otra realidad.
Guerrero es también la esperanza.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO