Este lunes en el seminario “Ley de Seguridad Interior”, reflexionaron sobre las inconsistencias de esta ley, que ya está en vigor y permite al Ejército actuar, aunque el Ejecutivo federal afirmó que no la aplicará.
Pedro Salazar, director del IIJ, expuso que desde su aprobación (en diciembre de 2017) y hasta la fecha han sido interpuestas ocho controversias constitucionales debido a los riesgos que representa, por lo que dicho documento será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Con la estrategia militar para combatir al crimen, la violencia no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Tanto el proceso legislativo, como su resultado (la promulgación), abonan en el terreno de un Estado autoritario de derecho”, dijo en el auditorio Héctor Fix-Zamudio, del IIJ, de acuerdo con un boletín de prensa de la UNAM.
A su vez, John Ackerman, investigador del IIJ, precisó que la Ley de Seguridad Interior implica que nuestro país se encuentra en un golpe de Estado silencioso, que replantee la política impulsada por Lázaro Cárdenas, quien despolitizó a los militares e institucionalizó las fuerzas armadas.
Desde 2002, prosiguió, el país forma parte del Comando Norte, un perímetro de seguridad de Estados Unidos, por lo que la aparente confusión entre la defensa nacional y la seguridad interior responde en realidad a cumplir con los compromisos adquiridos con EU.
A su vez, la senadora por el PAN, Marcela Torres Peimbert, expuso que más allá de los escasos resultados que la intervención militar ha tenido, lo cierto es que su efecto ha derivado en violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de algunos elementos: detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes.
“En promedio se han movilizado 133 mil efectivos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior… actualmente hay nueve cárteles presentes en México, que abarcan 23 entidades federativas, y 2017 ha sido el año más violento de las últimas dos décadas, con 23 mil 101 homicidios en total. Mientras que el gasto público ejercido en funciones de justicia de seguridad interior ha ido al alza en la última década, con 1.8 billones de pesos”, precisó.
Finalmente, los asistentes estimaron necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional esta ley, de lo contrario será evidente que dicho órgano actúa en favor del Ejecutivo y no de la población en general.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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