No obstante, la gente que lo rodea –operadores, asesores, personas de interés político, estratégico y económico, entre otros– está manchada por la opacidad o por presuntos actos deshonestos.
Por ejemplo, en el equipo de campaña de Anaya, incluidos también los actores políticos que se limitan a apoyarlo, destacan personajes que en cierto punto de sus carreras políticas, fueron denunciados o investigados, formalmente, por algún presunto delito. Algunos de ellos son Dante Delgado Rannauro [MC], Fernando Herrera Ávila [PAN], Marco Antonio Adame Castillo [PAN], Miguel Ángel Yunes Linares [PAN], Rafael Moreno Valle Rosas [PAN] y Santiago Creel Miranda [PAN].
O también está la presencia de individuos implicados, directa o indirectamente, en supuestos casos de corrupción o de irregularidades. Entre ellos destacan Alejandra Barrales Magdaleno [PRD], Édgar Mohar Kuri [PAN], Jesús Ortega Martínez [PRD], Jesús Zambrano Grijalva [PRD], Miguel Márquez Márquez [PAN] y Silvano Aureoles Conejo [PRD].
Para analistas consultados por SinEmbargo, el contraste entre el discurso del político queretano, los escándalos que él mismo arrastra y los señalamientos y denuncias que rodean a su equipo de trabajo rumbo a la “silla grande”, hablan de un actuar utilitario en la política mexicana, por un lado; y por el otro, reflejan el deterioro de los partidos políticos.
“Los partidos, en buena medida, están pensando en el corto plazo. Naturalmente, la estrategia es sumar a los más sumables, en términos de recursos, clientelas, estructuras territoriales, etcétera. [En cambio], a mediano y a largo plazo, estas decisiones de acercarse con los más impresentables, lo que hacen es dañar la credibilidad de los partidos”, comentó en entrevista Juan Luis Hérnandez Avedaño, analista político de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.En la opinión del politólogo, estos personajes “impresentables”, a pesar de significar “un capital simbólico negativo”, son sostenibles por redundar en beneficio de los candidatos y sus coaliciones –porque en los tres frentes, sin excepción, hay “personajes incómodos” y “repudiados por los mexicanos”–.
En ese talante, Hernández Avedaño refirió que “les importa poco” el costo de sacrificar prestigio, o “aquello que eventualmente pudiera representar un capital simbólico positivo”, porque a pesar de que pueden perder votos por el perfil de sus respectivos equipos de campaña, el impulso que ofrecen estos personajes es mucho mayor que la posible pérdida, ya que al final, “representan posibilidades de operación política en las campañas y en el día de la elección”.
Gustavo López Montiel, especialista en partidos políticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), concordó en que “esta configuración que hay ahora de candidatos comunes de varios partidos, les resuelve mucho a los candidatos el tema de que no quieran votar por ellos por la mala fama que tienen ellos y los partidos”. En ese sentido, explicó, los actores políticos “encontraron incentivos en la gente para votar más allá de sus historias”.
LOS RIESGOS
Ambos politólogos observan una situación riesgosa, ya que, como mencionan, el hecho de que personas ligadas a la corrupción y a la falta de rendición de cuentas -sean ciertos o no los señalamientos en su contra- formen parte de las estructuras de apoyo de los candidatos y de las coaliciones, junto con la posibilidad de una eventual integración de los mismos al equipo de trabajo de un nuevo gobierno, pude impedir una lucha verdadera en contra de la corrupción.
“El hecho de que estén rodeados de estos personajes, nos diría que van a entrar con las manos atadas. Nos diría que van a entrar con muchos compromisos y a simular, en el mejor de los casos, un ataque a la corrupción que no será real. El verdadero problema […] son los intereses comprometidos, los intereses creados, los intereses jugados durante todos estos años, que por supuesto, están tratando de ver cómo le hacen para sostenerlos y no perderlos”, comentó Juan Luis Hérnandez Avedaño, quien remató diciendo que la clase política “está haciendo verdaderas aberraciones en términos de representación de intereses”.
Para Gustavo López Montiel, en contraste, “la corrupción obedece a un sistema de incentivos”. Lo que explica que, con independencia del partido o de los actores, en nuestro país existen condiciones que pueden llevarlos “a desarrollar una práctica de corrupción”.
Por ello, dijo, más allá de si se puede luchar o no en contra de la corrupción, con un grupo de personas que pueden ser corruptas, la cuestión radica en que en México “tenemos un sistema que no favorece la rendición de cuentas y la transparencia, que contenga los incentivos que los actores tienen para robar o cometer actos de corrupción”.
El gran problema es que estos políticos manchados “asuman una posición de gobierno en el que pudieran tener más prebendas o malas acciones, y que en ese sentido, no hubiera actos por parte de la o el responsable para contener esos actos”, explicó. Lo ideal es que el nuevo gobierno genere un esquema en donde no haya márgenes de corrupción, situación que ve difícil bajo las actuales circunstancias.
Lo anterior debido a que ni siquiera Ricardo Anaya sale limpio en su balance. El candidato del Frente Ciudadano, quien ha expresado en reiteradas ocasiones que “queda claro que los panistas no nos vamos a doblegar en nuestra lucha contra la corrupción” y que “en el PAN hemos emprendido una lucha frontal contra la corrupción”, también tiene cola que le pisen.
Cuando fue secretario particular del ex Gobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón [2003-2009], por ejemplo, a Ricardo Anaya le fue encomendado el manejo del Programa de Acción Comunitaria (PAC), a través del cual son repartidos materiales de construcción e insumos de mejoramiento urbano. Según las versiones del actual Gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, y de la Diputada panista Raquel Jiménez Cerrillo, hay indicios para pensar que Anaya incurrió en actos ilícitos.
Desde intercambio de predios por permisos, hasta el testimonio de Javier Bosque Urquiza, quien en 2011 fue detenido por defraudar al Gobierno queretano y quien aseguró que Anaya participó del timo al aportar ocho millones de pesos como inversionista de Grupo Boss -la empresa fraudulenta utilizada por Bosque Urquiza-, las acusaciones contra Ricardo Anaya ensombrecen su figura.
Sin embargo, el ahora candidato presidencial ha dicho que, las aportaciones, salieron de su patrimonio personal y no del dinero del erario público.
Por lo demás, Anaya ha sido cuestionado por el lujoso estilo de vida que tienen él y su familia. Según sus propias declaraciones públicas, entre él y su esposa -y gracias a sus inversiones también- tienen ingresos anuales por 4.8 millones de pesos. En contraste, ha reconocido que mantener a su familia en Atlanta, Estados Unidos, le supone un gasto aproximado de 2.5 millones de pesos al año.
Aunque al parecer sus gastos e ingresos corresponden, le es reprochado que los datos incluidos en su declaración patrimonial 3de3 y las versiones públicas de sus declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) no son del todo transparentes. Por ejemplo, la última vez que reveló las proporciones de su peculio ante la SFP fue en 2011, cuando aseveró tener 5.8 millones de pesos en inversiones.SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN)
El actual presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN ha sido Diputado federal [1997-2000] y Senador de la República [2006-2009]. Y dentro del partido que lo abandera, ha participado como Consejero nacional [2004-2013] y como integrante de su Consejo Ejecutivo Nacional [2006-2010], entre otros.
Su acercamiento con Ricardo Anaya Cortés, pues hoy figura como uno de sus asesores más cercanos, no parece antinatural, mucho menos si existe un distanciamiento con el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que este último lo venciera el las elecciones internas del partido en 2005, para obtener la candidatura presidencial.
Creel es un personaje polémico en la política mexicana. El hombre que asegurara que la ciudadanía ya estaba harta del “sistema corrupto y autoritario” en 2006, a los dos años fue denunciado por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD) ante la Procuraduría General de la República (PGR), por conceder seis permisos “discrecionales” para instalar 206 salas de sorteos y 176 centros de apuestas en 2005, unos días antes de abandonar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Entre los beneficiarios, acusaron, estaban Televisa y algunos familiares suyos.En 2005, Creel se vio involucrado, sin haber sido investigado o contar con cargos en su contra, en el caso de Carmen Segura Rangel, a quien la SFP le comprobó compras irregulares con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). Trascendió que, en ese mismo año, Segura Rangel había promovido material de Creel Miranda para las precampañas presidenciales.
En 2008, Gabriel Reyes Orona, entonces ex Procurador Fiscal de la Federación, dijo públicamente que Creel Miranda era investigado por la PGR por supuestos delitos de corrupción durante su periodo como titular de Gobernación. Entre los señalamientos, contó que fue uno de muchos artífices del megafraude al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por más de 500 mil millones de pesos; y haber participado, en los noventas, en el finiquito “irregular” de la empresa aduanera Isosa -que administraba fondos del Derecho de Trámite Aduanero-.
No obstante, Creel nunca ha sido acusado de manera formal. Uno de los últimos escándalos de presunta corrupción en el que se vio involucrado data de 2015, cuando la empresa EZCorp, con sede en Austin, Texas, en la que el funge como integrante del Consejo de Administración, fue investigada por el Buró de Protección al Consumidor Financiero, debido a malas prácticas y violación a la Ley de Valores estadounidense. En México, EZCorp es un consorcio de préstamos por nómina, que al menos hasta hace un par de años, tenía convenios con más de 150 gobiernos locales, sindicatos, dependencias, entre otros.
MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO (PAN)
Su relación con Ricardo Anaya Cortés no es del todo clara. Pero se sabe que durante los comicios internos del PAN en 2005, apoyó al ex Gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia [1991-1995], lo que lo hizo enfrentarse tanto a Felipe Calderón Hinojosa como a Santiago Creel Miranda. Empero, una vez que Calderón salió victorioso en la contienda, Adame Castillo se sumó al equipo de trabajo del ahora ex Presidente.
Durante su gestión como Gobernador de Morelos, Adame Castillo fue señalado de pertenecer a una red de funcionarios locales que protegían al Cártel de los Beltrán Leyva. La cochinada fue destapada en mayo de 2009, luego de que integrantes del grupo delictivo levantaran a 11 personas y que varios sicarios fueran detenidos en la misma calle donde vivía el ex Gobernador.
La ristra de eventos llevó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a investigar y detener a Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez y Francisco Coronato Rodríguez, quienes eran los titulares respectivos de la Secretaría de Seguridad Pública local y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
De acuerdo con con el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, Cabeza de Vaca recibió pagos de hasta 20 mil dólares por concepto de “protección”, de parte de Arturo Beltrán Leyva. De la indagatoria resultó que una cuenta bancaria [Banamex 8100148] a nombre del Gobernador Adame, abierta en una sucursal localizada a dos cuadras del Palacio de Gobierno. Hasta ahí llegó la controversia y el caso quedó estancado.
FERNANDO HERRERA ÁVILA (PAN)
Desde entonces y hasta 1992, ocupó numerosos cargos dentro de su partido, no sólo en las fuerzas juveniles, sino también como secretario de comunicación y coordinador seccional del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.
Su primer puesto clave llegó en 1992, cuando fue designado regidor de Aguascalientes por un periodo de tres años. Concluido su mandato, volvió a las filas del CDE panista, hasta que en 1995 fue designado como Diputado Local [1995-1998]. De nueva cuenta, al finalizar su periodo como legislador, regresó al seno de su partido, en donde desempeño varios puestos hasta 1999, cuando fue nombrado secretario de Desarrollo Social de Aguascalientes.
Un año después, brincaría a las grandes ligas. Primero como Diputado federal [200-2003]; luego como Consejero nacional del PAN [2001-2004]. Posterior a ello y hasta 2011, tuvo varios cargos en las administraciones de Aguascalientes y del PAN local, incluida una candidatura fallida por la presidencia municipal de Aguascalientes.
En 2013, la PGR abrió una averiguación previa en su contra [CAL/018/2013] por los supuestos delitos de peculado, falsedad de declaraciones y falsificación de documentos. Ello debido a que, entre 2012 y 2013, Herrera Ávila y la Diputada local de Aguascalientes Sylvia Garfias Cedillo, utilizaron más de seis millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social local, destinados a los programas “Empleo Temporal” y “Tu Casa”, en beneficio de la campaña electoral de Garfias.
Sin embargo, según Isidoro Armendáriz García, delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en Aguascalientes -dependencia que ahora maneja los recursos de los programas mencionados-, los seis millones que Herrera y Garfias desviaron, forman parte de irregularidades por al menos 55 millones de pesos, mismas que fueron detectadas en la Cuenta Pública de 2012.
Hasta el momento, la investigación no es concluyente y Fernando Herrera Ávila permanece libre de cargos.
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS (PAN)
De 1991 a 2006, Moreno Valle fue un priista de hueso colorado. Aspiraciones políticas más tarde, se uniría al PAN, que junto con la plataforma del PRD, lo llevaron a ser Gobernador. Los datos del SIL refieren que su primer cargo importante data de 1999, cuando fue secretario de Finanzas y desarrollo Social del gobierno poblano. En 2003, dejó el cargo para representar a su estado en la Cámara Baja por un periodo de un año. Luego se hizo Diputado local [2005-2006] y después Senador [2006-2009].
En su último año como Gobernador de Puebla, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 21 auditorías a la Cuenta Pública por diversas irregularidades en los presupuestos de Seguridad Pública, Salud, Aportaciones Múltiples, Fondos Federales, además de los programas para Escuelas de Tiempo Completo y de Obras Públicas.
De casi 700 millones que Moreno Valle no aclaró, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial, mientras que el ejercicio de otros 32.6 millones, que serían destinados al Programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, es también incierto. La resultante fue una deuda enorme para el estado poblano: al menos 46 mil millones de acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Además de la opacidad en las cuentas y la falta de rendición de cuentas, Moreno Valle ha sido señalado por activistas y políticos de ser un “tirano intolerante a la crítica y a movilización social”, “represor” y “persecutor” de estudiantes, maestros, habitantes de juntas auxiliares, comerciantes, ambientalistas, amas de casa y de quienes cuestionaban su gestión.
Hasta marzo de 2015, 134 personas fueron encarceladas en Puebla por encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, reportó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.
MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES (PAN)
Su trayectoria administrativa es larga y data, al menos, de la década de los setenta. Pasó por ministerios públicos; coordinaciones y oficinas de asuntos legislativos; el Tribunal Fiscal de Veracruz; las secretarías locales de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); entre otros.
Además, Yunes Linares ha sido tres veces Diputado: una vez local [1980] y dos veces federal [1991-1994, 2003-2005]. Y en 2016, llegó al culmen de su carrera al convertirse en el Gobernador de Veracruz, abanderado tanto por el PAN como por el PRD.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares tiene acusaciones por haber participado como cómplice de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, quien hoy cumple una condena de 112 años de prisión por ese delito. Incluso, en 2016, organizaciones civiles manifestaron que Yunes obstruyó la justicia para impedir que Kuri fuera procesado.
Asimismo, el panista y dos de sus hijos han sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de enriquecimiento ilícito. Según esto, el Gobernador y su familia poseen más de una veintena de propiedades en Veracruz, Ciudad de México y en el extranjero, y han construido sociedades mercantiles -que datan del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa- aprovechándose de sus cargos públicos.
Inclusive la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, lo denunció ante la SEIDO [averiguación previa FED/SEIDO/VEIORPIFAM-DF/0000445/2016] por haberse apoderado, de manera ilícita, de cientos de millones de pesos cuando fungió, entre 2006 y 2010, como director general del ISSSTE. Las investigaciones en su contra siguen en curso.
MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ (PAN)
De acuerdo con el Gobierno del estado de Guanajuato, que desde 2012 es administrado por Miguel Márquez Márquez, el panista tuvo su primer gran puesto entre 1997 y 2000, periodo en que fungió como Diputado local.
Ha sido presidente municipal de Purísima del Rincón [2000-2003], consejero nacional y estatal del PAN [2005-2006], además de haber ocupado diversos puestos en la administración pública de Guanajuato entre los años 2004 y 2011.
La Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de Guanajuato tiene, en la actualidad, acciones administrativas y denuncias penales del pleno legislativo en contra del Gobernador, por supuestas irregularidades y simulación de reintegros en las cuentas públicas 2013 y 2014, por un monto de ocho mil 491.1 millones de pesos. Inclusive, la Comisión ha solicitado a la ASF que intervenga con revisiones a las cuentas públicas para esclarecer los hechos.
Por otro lado, Márquez Márquez fue acusado, en junio de 2016, de comprar a la empresa JAOS & SGB -ligada a ex funcionarios panistas- un total de 26 predios que abarcan 259.99 hectáreas, para instalar una ensambladora de la empresa automotriz Toyota. La transacción habría sido hecha a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
El problema radicó, además, en que el Gobernador pagó seis veces más dinero de lo que debería de haber pagado por los predios. La información disponible señala que, en un principio, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales asignó un precio de casi 59 pesos por metro cuadrado. En promedio, el gobierno de Márquez pagó 357 pesos por metro cuadrado. Y JAOS & SGB recibió al menos 200 millones de pesos por la transacción.
No obstante, desde 2016, el gobierno de Guanajuato determinó reservar la información de la adquisición de las hectáreas hasta septiembre de 2020, por considerar que de hacer públicos estos datos, estarían en riesgo esta y otras futuras inversiones.
DANTE DELGADO RANNAURO (MC)
Entre los cargos públicos que ostenta destacan, según el Senado de la República, una diputación federal [1985-1986], su paso como secretario general del Gobierno de Veracruz [1986-1988], el cargo como Embajador de México en Italia [1993-1994], una senaduría [2006-2009], entre muchos otros.
En 1996, el líder de MC y socio del Frente Ciudadano, fue encarcelado durante quince meses en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, por delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, peculado y corrupción por un monto de 450 millones de pesos. En su defensa, Dante Delgado dijo haber sido víctima de persecución política por parte del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León [1994-2000]. Fue puesto en libertad tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo absolvió.
Sin embargo, en 2004, la PGR lo investigó por tentativa de fraude, peculado y falsedad de declaración, por el incumplimiento de un acuerdo laboral pactado con integrantes del partido Convergencia, a quienes adeudaba el pago de salarios [averiguación previa número 511/RN/2004].
En otra denuncia [PGR/NEZA/68/2004-II], Delgado Rannauro fue acusado por la presunta comisión del delito de peculado, por la cantidad de 100 millones de pesos provenientes de las prerrogativas que el IFE le dio al partido para las elecciones de 2003. Empero, las investigaciones no fueron concluyentes y el caso no pasó a mayores consecuencias.
El último escándalo en el que Dante y MC se vieron involucrados, tuvo lugar en 2016, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó una multa de 61 millones de pesos en contra del partido naranja, por haber filtrado las listas del padrón electoral en 2013, hecho que “lastimó la confianza ciudadana”, según refirió Edmundo Jacobo Molina, entonces secretario ejecutivo del INE.
SILVANO AUREOLES CONEJO (PRD)
Además ha sido presidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal [1988-1989]; presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán [2002-2003]; y secretario de Desarrollo Agropecuario de Michoacán [2003-2006].
Más allá de los señalamientos en su contra, e inclusive el rumor desmentido de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) había detectado 30 cuentas sospechosas con un monto neto de casi cuatro millones de dólares, Silvano Aureoles negocia con gente de dudosa reputación.
En marzo del año pasado, por ejemplo, se supo que la administración de Aureoles pagaría 121 millones de pesos a la empresa Estrategia en Finanzas e Infraestructura, para que realizara la reestructuración de la deuda estatal. En el caso hubo cuatro elementos sospechosos.
Primero, ese trabajo lo debió de haber realizado la Secretaría de Finanzas estatal sin cargo alguno. Segundo, el dueño de la empresa en cuestión, Octavio Salazar Guzmán, está sancionado por la SFP, por la comisión de negligencia administrativa y violaciones a las leyes de normatividad presupuestal.
Tercero, la contratación de dicha empresa supuso un conflicto de intereses porque es parte del Grupo Financiero Interacciones, misma que administraba dos de los cinco créditos que iban ser reestructurados. Cuarto, la forma en que fue licitado el contrato con Estrategia en Finanzas e Infraestructura se dio de manera “inexplicable”, según dijo Miguel Ángel Villegas, diputado local del PAN en Michoacán.
Por otro lado, en agosto de 2016, El Financiero reveló que el gobierno de Aureoles pagaba de 45 a 70 mil pesos mensuales netos a mandos de la Procuraduría de Michoacán que tenían un pasado delictivo, siendo algunos de ellos ex reos. En la lista figuran Alfredo Becerril, Carlos Alberto Cedano Filippini, Erasmo Castillo de la Rosa, José de Jesús Ortiz, José Luis Caraveo Basaldúa, Olegario Contreras Macías y Rogelio Arredondo Guillén.
En mayo de 2015, asimismo, una serie de fotografías que circularon en redes sociales mostraron al entonces candidato a Gobernador abrazado de una joven, llamada Brenda Landa Ruiz, quien estaba, según las autoridadas locales [averiguación previa 19/2015/mesa], ligada a una banda de secuestradores.
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO (PRD)Ç
Ha sido Diputada local en dos ocasiones [2003-2006, 2009-2012] y federal en una [2000-2003]. También ha fungido como Senadora de la República [2017], titular de las secretarías capitalinas de Turismo [2006-2008] y Educación [2015], entre otros.
Alejandra Barrales es, sobre todo, objeto de polémicas por opacidad y falta de rendición de cuentas. En marzo del año pasado, se dio a conocer que tenía un departamento en Miami, Florida, Estados Unidos, por un valor cercano a los 14.3 millones de pesos. Trascendió porque la ex dirigente nacional del PRD no lo declaró como parte de sus bienes inmuebles. Luego, porque quizo tapar el tropezón diciendo que el departamento estaba incluido en su declaración patrimonial ante el Senado -lo que no fue cierto-.
Como consecuencia, Alejandra Barrales no sólo perdió credibilidad, sino que, ante el escrutinio público, levantó sospechas de corrupción -sean o no ciertas-.
El problema aumentó debido a que ya era conocido que la perredista es propietaria de una casa en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más caras y exclusivas en la Ciudad de México, cuyo valor es de 13.3 millones de pesos.
El corolario para la política de izquierda, fue la determinación del TEPJF en noviembre del año pasado, según la cual, Barrales debía de ser separada de su cargo como presidenta nacional del PRD, por ejercer indebidamente, en paralelo, un cargo de elección popular: el de Senadora.
JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ (PRD)
Entre los puestos importantes que ha ocupado están el haber sido consejero nacional del Sol Azteca [1999-2000] y su presidente nacional [2008-2011]. A partir de 2012, funge como uno de los líderes de la corriente interna del PRD “Nueva Izquierda”, mejor conocida como la bancada de “Los Chuchos” -precisamente por el nombre de sus líderes, Jesús Ortega y Jesús Zambrano-, que en la actualidad conserva el mayor número de integrantes en el CEN del partido. “Nueva Izquierda” es una de las corrientes perredistas que apoyó la creación del Frente Ciudadano con el PAN y MC.
Ortega Martínez, asimismo, ha sido Diputado federal en tres ocasiones [1979-1982, 1988-1991, 1994-1997] y Senador de la República en una [2000-2006].
El otrora legislador, no obstante, ha sido señalado, sin haber prueba suficiente que corrobore los hechos, de ser cliente de un prostíbulo -“El Cadillac”, donde en 2013, 46 mujeres víctimas de trata fueron rescatadas-. Allí, según la periodista San Juana Martínez, el perredista era un generoso cliente de servicios.
Además, Sanjuana refiere que Jesús Ortega es “amigo personal” de Gregorio Sánchez Martínez, ex candidato a Gobernador de Quintana Roo, quien en 2010, a unos meses de las elecciones, fue detenido por la PGR por los delitos de blanqueo de dinero, crimen organizado y tráfico de personas indocumentadas. De acuerdo con Sanjuana, ya en “enero de 2010 la PGR advirtió a Ortega que Sánchez estaba bajo investigación, sin embargo lo denominaron candidato”.
A finales de noviembre de 2014, Jesús Ortega Martínez se vio implicado en una serie de acusaciones en contra del PRD, luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de ese mismo año en Iguala, Guerrero. Según medios nacionales, el perredista era investigado por la PGR -Ortega lo negó-, pues estaba relacionado, por la vía de su partido, con José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala al momento de la desaparición de los estudiantes, quien fuera arrestado por participar en el siniestro. Al final, las aseveraciones en su contra no fueron probadas.
JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA (PRD)
El otrora candidato a Gobernador por Sonora [2003], ha sido Diputado federal en dos ocasiones [1994-1997, 2009-2012]; jefe delegacional de la Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México [1998-1999]; asesor del ex jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador [2004-2005] y subsecretario del Gobierno capitalino con Alejandro Encinas Rodríguez [2005-2006]; entre otros.
En 2014, al igual que su compañero de tribu Jesús Ortega Martínez, Zambrano fue acusado de recibir dos millones de pesos a cambio de darle a José Luis Abarca Velázquez la candidatura a la Alcaldía de Iguala, Guerrero. “Falsa la información”, fue la respuesta del líder perredista. Lo cierto es que no hubo pruebas que respaldaran los señalamientos en su contra.
EDGAR MOHAR KURI (PAN)
Édgar Mohar Kuri, quien en la actualidad es el responsable de avalar y presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) “los informes de ingresos y gastos de los periodos de precampaña, campaña y ordinario” del PAN, fue coordinador de campaña de Ricardo Anaya Cortés en la contienda interna del partido blanquiazul por la dirigencia nacional [2015]; y fungió a inicios del sexenio de Vicente Fox Quesada como director general de Seguridad de Querétaro.
Operador político de confianza del candidato por el Frente Ciudadano, Mohar Kuri es un hombre discreto. Sin embargo, el tesorero del PAN carga con un estigma: en 2002, fue destituido de su cargo como director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Querétaro, como consecuencia de la multiplicidad de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por supuestas violaciones a las garantías individuales cometidas por efectivos de la Guardia Municipal.
Un año después, Mohar Kuri fue designado como secretario de Seguridad Ciudadana en el estado de Querétaro, durante la administración de Francisco Garrido Patrón [2003-2009] -entonces, Ricardo Anaya Cortés era secretario particular de Garrido-. Con ese titulo, en 2004, Mohar Kuri se vio implicado en el asesinato de Marco Antonio Hernández, a quien balearon desde una camioneta BMW conducida por Federico Ruiz Lomelí -empresario quien poseía la concesión de Coca Cola en Querétaro-.
A pesar de que Ruiz Lomelí fue detenido por la policía estatal a cargo de Mohar Kuri, no obstante fue liberado por “órdenes superiores”, según acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el expediente 2005/1372/QRO/1/SQ. En su informe, la CNDH emitió recomendaciones al gobierno del estado por las irregularidades en la indagatoria, en la que además no figuraban detenidos o sentenciados por el homicidio. El caso nunca fue del todo esclarecido.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-02-2018/3384613