Ese mismo reporte le llegó al diputado local de Morena José Alfonso Suárez del Real, quien le solicitó a Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública, que revisara estas cámaras de videovigilancia. Todas corresponden a la empresa Seguritech S.A. de C.V.
Estas cámaras inservibles forman parte de las 501 mil “alarmas vecinales” cuyo contrato le adjudicó desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018 el gobierno de Miguel Ángel Mancera a esta empresa.
El documento señala que para la “adquisición de alarmas vecinales con servicio integral de enlace, monitoreo y mantenimiento de las mismas” se le entregará a Seguritech un total de 2 mil 318 millones de pesos.
Cada una de las 501 mil alarmas vecinales de Seguritech se cotizó en casi 4 mil pesos (3 mil 989), según la copia del contrato administrativo, cuya copia tiene Proceso. Esta misma alarma vecinal se cotizan en otras empresas, como Rivata Telecom, en 350 pesos por casa y con el mismo servicio de Seguritech: sirena por cada 10 casas, botones de pago, asesoría, garantía y mantenimiento por un año.
A pesar de las fallas en la mayoría de las alarmas vecinales y del escandaloso sobreprecio y elevado costo del mantenimiento de los aparatos de Seguritech, el gobierno de Mancera planea adjudicarle otro multimillonario contrato para la adquisición y sustitución del equipo de videovigilancia del C5, en el marco del proyecto México Ciudad Segura, que inició en 2009. Originalmente, el gobierno de Marcelo Ebrard le adjudicó este proyecto a Telmex y a su socio tecnológico, la empresa francesa Thales.
Este contrato incluyó un centro de comando, control, comunicación, cómputo y calidad (C5), cinco centros regionales de monitoreo y vigilancia (C2), 15 mil cámaras, 9 mil 800 botones de auxilio, 10 mil altavoces y 850 cámaras de reconocimiento de placas vehiculares. Fue en el Centro Histórico y en las colonias aledañas de la Delegación Cuauhtémoc donde se desplegó este proyecto.
El contrato con Telmex-Thales venció en noviembre de 2017 y el gobierno de Mancera ha tenido diversos acercamientos con representantes de Seguritech, empresa que también ha acaparado el 80% de las adjudicaciones directas en el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública.
La bonanza de Seguritech ha ido de la mano de la peor temporada de violencia y de inseguridad pública en el país. Mientras los homicidios dolosos y los delitos que más afectan a los ciudadanos han llegado a niveles históricos en este sexenio, tan sólo en 11 entidades Seguritech ha obtenido contratos por 22 mil 307 millones de pesos, según la investigación realizada por las bancadas de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados.
Tan sólo para formarse una idea del crecimiento de Seguritech, en el Estado de México el gobierno de Eruviel Ávila le otorgó un contrato para instalar 10 mil cámaras de videovigilancia por 6 mil 379 millones de pesos, en diciembre del 2013, y para mayo de 2014 le modificó el contrato original para incrementarlo a 6 mil 721 millones de pesos, según la copia de los documentos con la que cuenta este semanario.
Según ese multimillonario contrato –el más grande que tiene Seguritech en las 22 entidades donde opera–, la empresa privada le propuso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense abarcar 30 municipios durante 49 meses para dar servicios de “solución integral de enlace y monitoreo de vigilancia urbana” para la entidad.
Esa “solución integral” incluye videovigilancia urbana, arcos carreteros, red de transporte de datos, administración de video, sistema de posicionamiento GPS, sistema de atención a llamadas de emergencia, administración y consolidación, adecuación y equipamiento del C4 estatal, adecuación de centros de mando regionales y municipales, así como “mantenimiento preventivo y actualización tecnológica”.
Las quejas por el mal servicio de Seguritech se han multiplicado en el Estado de México, en especial en municipios altamente poblados como Ecatepec y Tlalnepantla.
Seguritech ha acaparado otros millonarios contratos por adjudicación directa, como el de Michoacán, por 5 mil 500 millones de pesos y con las mismas características que el proyecto de “solución integral” del Estado de México; otro por 2 mil 400 millones en Sonora por el arrendamiento de un C5; mil 307 millones por videovigilancia y botones de pánico en Sinaloa, durante el gobierno de Mario López Valdez (2011-2016) y 2 mil 727 millones en Guanajuato, donde el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó irregularidades en la adjudicación directa que le dio el gobierno de Miguel Márquez para echar a andar el Programa Escudo, que fracasó.
De igual manera, Seguritech recibió 800 millones de pesos en Colima, por videovigilancia y operación de un C4; así como 2 mil 407 millones del gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo por botones de pánico, un C5 estatal y otros sistemas.
“Reputación cuestionada”
A partir del pasado enero, en la Comisión Permanente del Congreso, diputados federales como Vidal Llerenas, de Morena, así como legisladores del PAN están investigando seis denuncias por presuntas irregularidades en los contratos de Seguritech.
Llerenas prometió que “si hay acuerdos entre los legisladores, en breve se enviarán oficios a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República para auditar e indagar el caso”.
El legislador de Morena advirtió en julio de 2017, en un artículo publicado en El Economista, que la “nueva partida secreta” en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto ha sido la 33701 sobre “seguridad pública y nacional”, lo mismo que la nueva partida 33905, creada el 27 de junio de 2017, que incluye los contratos en materia de seguridad. Más de 40 mil millones del presupuesto se han ejercido a través de estas partidas sin auditar.
Con estos antecedentes, el diputado de la Ciudad de México José Alfonso Suárez del Real promovió un punto de acuerdo apoyado por todas las bancadas, incluyendo a los dos del PAN, cuatro del PRD, uno del PRI y uno de MC, para que el gobierno de Mancera entregue “un informe pormenorizado del contrato suscrito por la empresa Seguritech, atingente a la adquisición y sustitución de equipo de videovigilancia para el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México (C5); y a que en el mismo se expongan las razones por las que los servicios correspondientes ya no son provistos por las empresas que gozaban de la concesión de manera previa”.
Consultado al respecto, Suárez del Real enfatiza: “No estamos hablando de un simple servicio sino de un derecho. La seguridad pública es un derecho omnigarante y por eso la ciudadanía debe ser informada”.
El punto de acuerdo incorpora reportajes publicados por El Financiero, Nación 321 y Proceso el 25 de marzo de 2017, donde se documentan los vínculos de Seguritech con el excomisionado nacional del agua David Korenfeld, desde que éste fue titular de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) en el gobierno estatal de Peña Nieto.
Desde diciembre de 2010 Korenfeld benefició a Seguritech, que nunca antes había instalado ni vendido radares meteorológicos, en una licitación donde su oferta fue más del doble de cara que la de su competencia: 58.7 millones de pesos frente a 24.1 millones de la empresa Rossbach de México.
Korenfeld también benefició a Seguritech para cambiar el radar meteorológico en Guerrero a raíz del paso del huracán Manuel. Se desconoce el monto de esta adjudicación directa, pero lo peor es que ese radar no funciona correctamente. En noviembre de 2015 Conagua benefició a Seguritech en la licitación de 299 estaciones meteorológicas automáticas por un total de 289 millones de pesos. La Conagua tuvo que anular este procedimiento licitatorio porque el Banco Mundial no aceptó el fallo y retiró la línea de crédito por 100 millones de dólares que estaban destinados para la modernización del Servicio Meteorológico Nacional.
Una ficha interna de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México destaca otros puntos negativos relacionados con esta empresa, que pretende hacerse cargo del proyecto México, Ciudad Segura:
“La reputación de Seguritech ha sido muy cuestionada por su falta de capacidad técnica, altos precios, así como poca transparencia en los procesos de adjudicación en los que ha participado. Sus principales referencias, Estado de México y Guanajuato, no han cumplido con las expectativas considerando las altas inversiones realizadas”, se advierte en la ficha técnica.
Reemplazar la plataforma tecnológica del C5 de la Ciudad de México para beneficiar a Seguritech “implicaría un retroceso a la madurez lograda a la fecha con la solución actual… Ninguno de los proyectos en los que Seguritech ha participado contempla el alto nivel de integración de sistemas, niveles de servicio, desempeño, estabilidad y resultados positivos con que cuenta el C5 actualmente”, se argumenta.
Además, “Seguritech no tiene una plataforma integral de seguridad urbana. En todos sus proyectos de C4, la empresa se ha limitado a adquirir productos informáticos fabricados en serie y no desarrollados para proyectos específicos como es el caso de la plataforma actual de Seguridad Segura. Esto impide una personalización de los requerimientos particulares del proyecto adecuados a la infraestructura existente, como es el caso de los enlaces de comunicación”.
Bonanza política
Seguritech y su filial Comunicación Segura S.A. de C.V. fueron creadas en 1996 como pequeñas empresas que vendían alarmas vecinales y botones de pánico. Su fundador original es el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, quien posee el 51% de las acciones y tenía socios, como el general retirado Gonzalo Miguel Adalid Mier, quien falleció en 2013, y la notaria pública Alicia Rebolledo Terrazas.
En menos de 20 años la firma ya cuenta con recursos para ofrecer vehículos blindados, helicópteros, aviones, servicios de telecomunicaciones, arcos carreteros de seguridad, lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones, vigilancia satelital y hasta sistemas de metrología para la Conagua.
Dio el gran salto de la mano de la guerra contra el narcotráfico, decretada durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2007 Seguritech comenzó a tener contratos de mayor trascendencia con el municipio de Guadalupe, en Nuevo León; con la delegación Iztacalco, en la Ciudad de México; y con el gobierno de Yucatán, al que le vendió equipo de radiocomunicación.
En 2011 obtuvo su primer contrato por más de mil millones de pesos con el gobierno de Sinaloa y después, en 2013, el gobierno de Eruviel Ávila le adjudicó sin licitación alguna un contrato por 6 mil 376 millones de pesos, el más grande que ha tenido hasta ahora.
El periódico Noroeste publicó el pasado 29 de enero una amplia investigación sobre los negocios de Seguritech en Sinaloa, donde opera a través de su filial Comunicación Segura. La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes que sumaron un total de 1 mil 307 millones 218 mil pesos, los cuales se pagaron durante el gobierno de Mario López Valdez, entre 2011 y 2016.
Con el crecimiento han surgido varias denuncias por las irregularidades en sus contratos, los incumplimientos y fallas. Por ejemplo, el excontralor del ayuntamiento de Acapulco, Antonio Sebastián Ortuño, promovió una sanción económica de 1 millón 750 mil pesos en su contra por cobrar 5 millones de pesos por un servicio que no cubrió en la operación y mantenimiento de las cámaras y los botones de pánico.
A Seguritech le fue tan bien en el sexenio de Peña Nieto que su propietario original, Ariel Zeev Picker, concursó en la licitación de una de las dos cadenas de televisión abierta y quedó entre los seis finalistas, junto con Olegario Vázquez Aldir y el magnate minero Germán Larrea, del Grupo México.
Su salto más importante fue incorporarse al negocio de las licitaciones del negocio del agua durante el periodo de David Korenfeld, amigo de Peña Nieto, extitular de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Actualmente la empresa tiene cinco divisiones: seguridad, defensa, telecomunicaciones, aeronáutica y construcción. Incluso, presume en su sitio de internet que participa en el Teletón, de la fundación dirigida por Fernando Landeros, así como en el DIF, presidido por Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto.
Este reportaje se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/522874/seguritech-servicio-deficiente-ganancias-millonarias