En un comunicado, el colectivo expresó que en los últimos 12 años la violencia en México se ha incrementado, la estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del Ejército en las calles ha resultado un fracaso y la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, solo agravará las condiciones de violencia e inseguridad.
“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”, señaló.
Apuntó que ante esta legislación un número histórico de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo han sido promovidos por decenas de actores, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la del gobierno de Chihuahua.
Los municipios de Nezahualcoyotl, Ocuilan y Cocotitlán, en Edomex; Oxkutczab, Tepekan y Hoctun, Yucatán; Ahuacatlán, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, Puebla, así como Hidalgo del Parral, Chihuahua, también se han manifestado contra esta ley.
Además, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos en el país, y periodistas, han solicitado el amparo de la justicia federal contra la Ley de Seguridad Interior, ya que su aplicación obstaculiza e inhibe su labor al propiciar condiciones que vulneran su seguridad.
Si bien el colectivo dijo compartir la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, consideró que “la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas”.
Contrario a esto, explicó, la Ley de Seguridad Interior contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y generan una serie de preocupaciones.
- No distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles.
- No establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención.
- No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley.
- La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
- Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos.
Por lo anterior, Seguridad Sin Guerra, hizo un llamado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a “fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la Seguridad Pública”.
También consideró que se debe “corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUADENCIA VARGAS ORTIZ.
LINK: https://aristeguinoticias.com/1302/mexico/suprema-corte-debe-declarar-inconstitucional-la-ley-de-seguridad-interior-seguridadsinguerra/