El 6 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la Procuraduría General de la República (PGR) y las Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades del país, para iniciar la investigación de “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”.
Pero, dijeron las expertas en el tema, la medida no significa un avance sustancioso, debido a que desde que se tipificó el delito de feminicidio, todos los homicidios dolosos deben investigarse con perspectiva de género para descartar que se trata de una feminicidio.
“Cuando hablamos de muertes violentas, son aquellas que no son naturales: un suicidio, un accidente, un homicidio doloso. Llevo 20 años en la lucha y no tendría que limitarse la investigación de feminicidios a homicidios dolosos”, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
A finales de noviembre del año pasado, por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida y, que de 2007 a 2016, el homicidio violento de mujeres se incrementó 152 por ciento, pues el año pasado cerró con 2, 735 homicidios en toda la República.
El Inegi también arrojó que las niñas de 15 a 17 años presentan altos niveles de violencia, pues 38.6 niñas de cada 100 han sufrido violencia sexual; 43.3, emocional y 28.1 por ciento, violencia física.
72% DE SUICIDAS SE AHORCAN Y ESTRANGULAN
En cuanto a los suicidios los datos revelados por el Inegi en septiembre del año pasado con motivo del “Día Mundial para la Prevención del Suicidio” indican que en 2015 (sus cifras más recientes) se suicidaron 1,251 mujeres. Seis de cada 10 eran jóvenes menores de 30 años.
El 72.7 de las mujeres suicidas falleció por “ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación”, informó el instituto.
Pero Estrada precisó, que a pesar de los datos, en México existe una resistencia de las autoridades para investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, porque implica más trabajo, recursos y la necesidad de reconocer que existe un problema de violencia de género en el país.
“Se tratara de un avance [el acuerdo publicado en el DOF], si dijera muertes violentas, incluidos los suicidios de perdida. La realidad nos está diciendo que los agresores como ya saben que las autoridades no investigan están asesinando a mujeres y lo hacen ver como un suicidio. Hay una resistencia porque es más trabajo, no tienen estructura y tienen un cultura machista. ¿Cómo vas a decir que en México matan a las mujeres? Tiene que ver con una mirada machista de ‘yo protejo a mis mujeres, no me vengas a decir que las están matando’. La autoridad prefiere que se diga que hay tantos asesinatos de mujeres, pero no son feminicidios”, explicó.Xóchitl Arzola Vargas, de Mujeres en Cadena, dijo que en el Estado de México del 1 de enero al 7 de febrero de este año van 20 feminicidios.
La activista reconoció que desde hace tiempo las organizaciones han insistido a la autoridad que vincule las cifras de suicidio al feminicidio.
“Estamos conscientes de que muchos de los suicidios de mujeres se dan por el contexto social. Si la mujer se suicida después de un proceso de violencia constante, eso debe ser considerado como un feminicidio. Pero dicen ‘se suicidó y listo’, no hay una investigación de si había presentado denuncias por algún tipo de violencia”, explicó.
Arzola Vargas recordó que en el pasado la mujer debía aparecer asesinada en la calle, semidesnuda y con signos de violencia sexual para que se investigara como feminicidio. Eso cambió; sin embargo, precisó “ahora las matan adentro de su casa, se roban una licuadora y ya por eso lo tipifican como homicidio doloso, porque entraron a robar, se les atravesó y la matan”.
Mariel Guzmán Cortés, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en Puebla, indicó que en esa entidad –uno de los estados donde los feminicidios han ido en escalada durante 2015, 2016 y 2017–la Fiscalía General se comprometió hace dos años ha investigar todos los homicidios como feminicidio, pero no fue así.
“Habría que ver si ahora, con este acuerdo se va a respetar esa disposición, porque en la práctica no se ha visto reflejado en las averiguaciones. Está el caso emblemático de Mara [Castilla] en el que se inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, cuando ya tenían un cuerpo. Tardaron un par de semanas en investigar como feminicidio, y ahora están pidiendo una prórroga porque no hay evidencia necesaria para que sea feminicidio”, explicó.
Mara Castilla desapareció el 8 de septiembre del año pasado en Puebla tras abordar un taxi Cabify y fue encontrada asesinada el 15 de septiembre en Tlaxcala.
Desde entonces el chofer Ricardo Alexis N es procesado por el crimen, sin que hasta el momento haya sido sentenciado.
“El feminicidio tiene que ver con una especie de crimen de Estado, lo que significa que el Estado no propicia las condiciones adecuadas para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia”, argumentó la activista.María de la Luz Estrada agregó que el Observatorio conoce varios casos en los que la familia de la mujer que se suicidó, duda que la muerte se haya dado de esa forma.
“Nos estamos enfrentando a que muchos casos de suicidio son feminicidio. Pero todo queda hasta el dicho del feminicida que dice que llegó y la encontró ahorcada. Vemos que la autoridades cuando llegan al lugar del hallazgo, las mujeres ya fueron bajadas y el criminal dice que la encontró colgada y la bajó, y que los golpes que tiene son porque se le cayó. Las autoridades, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], deben hacer esfuerzos adicionales cuando se trata de violencia contra las mujeres”, dijo.
Uno de los casos más recientes es el de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, cuyo cadáver apareció el 3 de mayo de 2017 en una caseta telefónica en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria y en un principio las autoridades de la Ciudad de México aseguraron que se trataba de un suicidio.
Lesvy se habría ahorcado con el cable de teléfono de una caseta telefónica. El único testigo era el novio.
Para sustentar el suicidio a Lesvy se le hizo una “necropsia psicológica” y así determinaron que era depresiva reveló Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF, en entrevista con SinEmbargo en noviembre del año pasado.
Pero la familia de Lesvy y su defensa apeló esa resolución, argumentando que la condiciones del lugar no permiten que una persona se prive de la vida de la forma en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aseguró y lo lograron: ganaron la apelación y ahora el novio de Lesvy, es procesado por feminicidio.
Para María de la Luz el caso más emblemático de un caso de suicidio que derivó, seis años después, en un feminicidio es el de Mariana Lima.
MARIANA, HISTÓRICA RESOLUCIÓN DE LA SCJN
Mariana Lima era una abogada de 29 años de edad asesinada en 2010 por Julio César Hernández Ballinas, su esposo, un ex agente judicial en Chimalhuacán, Estado de México.
En un principio el caso fue cerrado sólo con la declaración del esposo, quien afirmó que Mariana se había suicidado colgándose con un cordel colgada de una armella.
La madre de Mariana, la señora Irinea Buendía Cortés, llevó el caso de su hija hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo de 2015. La Corte, por las inconsistencias en la reconstrucción de los hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses, ordenó que se reabriera el caso y se investigara como un feminicidio.
“La Suprema Corte fue más allá en el caso de Mariana Lima, pues estableció que todos los órganos de investigación deberían investigar con perspectiva de género a toda muerte violenta. Aquí entra el suicidio. En el caso de Mariana se manipuló la escena, eso es lo que estamos enfrentando en los casos; no es por capricho lo que pedimos”, dijo la directora del OCNF.En junio de 2016, seis años después de su crimen, el feminicida de Mariana fue detenido y ese mismo mes un juez le dictó auto de formal prisión por asesinar a la joven.
Sin embargo, la familia de Mariana ha recibido amenazas de muerte. A finales de 2017 Irinea Buendía le escribió una carta difundida por el Observatorio a su hija asesinada.
En la carta la mamá denuncia que su familia ha sido agredida porque no se ha “detenido en alzar la voz en la búsqueda de justicia”.
“Estas agresiones se han intensificado desde que cambiaron de penal a tu asesino. Ahora el feminicida sigue teniendo su red de apoyo, poder y control en la zona oriente, situación que nos afecta como familia, pero tal parece que están más protegidos los derechos del asesino que los nuestros”, escribió la madre de Mariana.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2018/3385226