Al final, luego de más de seis horas de labor, el vehículo fue sacado a la superficie, pero los dos hombres que lo ocupaban habían perdido la vida por asfixia. Desde entonces han pasado ocho meses, las familias de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero recibieron una indemnización del gobierno federal y la empresa constructora, como reparación por la muerte de sus familiares, y nada más.
A partir de que ocurrió el socavón han sido denunciadas una serie de irregularidades y anomalías en la planeación, licitación, construcción y financiamiento de la obra, mismas que no se han investigado, tampoco se han corregido los problemas de la construcción, ni se ha castigado a los involucrados.
Es más, a pesar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició entonces una investigación y luego hubo una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR), ambos procesos están prácticamente congelados y ocho meses después no hay ningún resultado.
De acuerdo con Alejandro Smith Vázquez, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos (FCAP), desde hace más de un mes se encuentran congelados los procesos en contra de funcionarios y exfuncionarios, así como contra las empresas involucradas, lo que “es totalmente reprochable”.
Por ello, exigió que lo más pronto posible, incluso antes de iniciar las campañas electorales, lo que ocurrirá en dos semanas, se deslinde responsabilidades de aquellos que permitieron la construcción, licitación y operación del Paso Exprés de Cuernavaca.
“Es totalmente reclamable a la autoridad investigadora, que debe rendir ya los informes y determinaciones y, en su caso, las sanciones que deben de aplicarse a quienes incumplieron o quienes tengan alguna responsabilidad. El congelamiento del asunto no da confianza a la sociedad civil de que se está buscando verdaderamente a los responsables, quienes quiera que sean”, señaló Smith Vázquez.
Por el contrario, en lugar que las cosas sean más trasparentes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reservó “ilegalmente” toda la información relativa a la licitación y ejecución de la obra.
En respuesta, el Colectivo por el Rescate del Paso Exprés de Cuernavaca presentó un recurso ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para que esta decisión sea revertida y la sociedad tenga acceso a esa información.
De acuerdo con Larisa de Orbe, del Colectivo, a pesar de que han tenido varias reuniones con los funcionarios federales, a los encuentros no han invitado a los representantes de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Y el último acuerdo, de corregir los perfilados, rayado de la carretera, no sólo no ha sido cumplido, sino que además se realizaron más en otros lugares.
El problema es que los perfilados provocan que los vehículos zigzagueen, lo que combinado con las velocidades superiores a 110 kilómetros por hora, convierten a algunas partes de la vía rápida en una trampa mortal, según los propios especialistas.
Ocho meses después de ocurrido el socavón, no hay ningún funcionario castigado. La SCT lo más que hizo fue relevar al entonces delegado, mientras que el gobierno de Morelos, el principal aplaudidor de la obra, simplemente se mantiene el silencio respecto de una construcción con enormes riesgos para la población.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/525918/a-ocho-meses-del-socavon-la-impunidad-persiste