Entre los funcionarios que serán llevados a la Corte se encuentran los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como los entonces funcionarios federales Francisco Ramírez Acuña, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado.
De igual forma el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores Jorge Franco Vargas, Manuel Teófilo García Corpus, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, Alma López Vásquez, Sergio Segreste Ríos, Manuel Moreno Rivas, Daniel Camarena Flores, Pedro Hernández Hernández, así como Alejandro Barrita López y Aristeo López Martínez (estos dos últimos asesinados).
Para la Defensoría, durante los años 2006 y 2007, las instituciones de seguridad del Estado (cuerpos federales, estatales y municipales de policía) cometieron crímenes graves, en particular asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse como parte de una política criminal que se evidencia por el uso de patrones definidos y por el carácter organizado de su accionar.
En conclusión, la defensoría resumió que hubo un patrón persistente de ilegalidad en actuaciones de autoridades en sus diferentes niveles de gobierno con respecto al conflicto del 2006 y 2007 que conllevaron a que hasta ahora persista la impunidad, dado que no ha habido responsabilidad penal contra los autores de violaciones a los derechos humanos pese a que se cuenta con elementos suficientes para inculpar, detener, procesar, a diferentes personas como responsables, el Estado sólo ha consignado averiguaciones.
Además, agregó, las denuncias que se presentaron en el ámbito de lo administrativo, no han sido resueltas, lo que siguen siendo actos que continúan violando los derechos humanos de las víctimas y así manteniendo una situación de impunidad.
“Para este organismo de derechos humanos, lo sucedido durante 2006 y 2007 en Oaxaca son crímenes de lesa humanidad que agravian no sólo a las víctimas directas de esos sucesos, ni a sus familiares, ni a sus comunidades, son fenómenos que atentan contra la humanidad entera pues niegan a la persona su derecho de ser y existir, por lo tanto, por justicia, por dignidad y por humanidad, si queremos evitar que en cualquier lugar del mundo esto se repita, no debemos permitir que ninguno de estos crímenes quede impune”.
Es por ello, que la Defensoría presentará en próximos días una denuncia ante la Corte Penal Internacional buscando con ello restituir la deuda histórica que el Estado mexicano tiene respecto al derecho a la justicia de las personas directa e indirectamente afectadas.
“Crímenes que no obstante su gravedad, los gobiernos tanto federal como estatal, han omitido investigarlos o haciéndolo lo han hecho de manera fraudulenta buscando exculpar a los responsables de tales hechos, quienes se encuentran en completa impunidad”, se puntualizó.
El ombudsman Arturo Peimbert Calvo declaró que ya se sometió esta información a la Fiscal de la CPI para su conocimiento con miras a la adopción de una decisión según el artículo 53 del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que el Estatuto de Roma entró en vigor en México el 1 de enero de 2006 y la información que se presenta se refiere a crímenes cometidos durante el período de 2006 a 2007 en el territorio mexicano, por lo tanto, estas conductas entran en la competencia temporal y territorial de la Corte Penal Internacional.
Y es que durante los años 2006 y 2007, el Estado empleó a las instituciones encargadas de la seguridad pública para la formación y el empleo de grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme. Dichos grupos, lo mismo tomaron la forma de porros infiltrados en el movimiento social, que de caravanas de la muerte que atacaban durante la noche a la población civil.
Explicó que el movimiento social de 2006 y 2007 en Oaxaca inició con las demandas del magisterio, luego se fue alimentando de la inconformidad de amplios sectores de la población hasta convertirse en una insurrección en contra de la forma de ejercer el poder por parte del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
La administración de Ruiz Ortiz se caracterizó por la violencia y amenazas contra las personas opuestas a sus planes económicos y políticos, la corrupción y la falta de políticas públicas para enfrentar problemas estructurales como la pobreza y desigualdad, así como el incremento de la marginación y la exclusión de los servicios públicos, la falta de transparencia en el gasto público, el nepotismo, entre otros elementos autoritarios.
A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento social se fortaleció y se vio apoyado por más personas inconformes. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes.
El movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones.
Sin embargo, la estrategia del Estado, primero a nivel estatal y después federal, fue la de combatir al movimiento social a través de tácticas antisubversivas, a pesar de que este se condujo de forma civil y rechazó expresamente la opción armada. En contraparte, el Estado empleó a las instituciones encargadas de la seguridad nacional —como el Cisen, AFI, PFP, Sedena y Semar— para idear e instrumentar planes que contemplaron varios operativos de seguridad.
Dentro de estos planes de seguridad no se escatimó la formación y el empleo de grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme.
Las autoridades instrumentaron los siguientes operativos: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias.
De esta forma, señaló, el Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Peimbert Calvo recordó que en el conflicto social de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes, de las cuales 24 fueron en el año de 2006 y tres en 2007. De estos casos, 9 asesinatos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales. Además, se mantiene la desaparición forzada de los miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, que desaparecieron en el contexto del movimiento social en Oaxaca en 2006 y 2007.
Mientras que a 149 personas detenidas el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Oaxaca se le sometieron a tortura y tratos crueles y degradantes.
Entonces, los asesinatos, la privación grave de la libertad física, la tortura, y la desaparición forzada de las víctimas, no son hechos fortuitos o casuales, sino que provienen de una innegable política de estado que busca eliminar a todo aquel que pudiese ser considerado un obstáculo.
Como pruebas para la presentación de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional está la propia información de la DDHPO documentada en esos años y las conclusiones, así como el Informe realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de su Facultad de Investigación 1/2007; la Recomendación 15/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca.
En todos estos informes, se señala como responsable a nivel estatal de la violación sistemática a los derechos humanos en Oaxaca durante el conflicto de 2006 y 2007 al entonces gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, quien generó todas y cada una de las condiciones necesarias para la operación de grupos armados ilegales, los cuales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura, así como también ordenó y encubrió el uso excesivo de la fuerza cometido por sus subordinados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/526984/denunciaran-a-fox-calderon-y-ruiz-ante-la-corte-penal-internacional-por-crimenes-de-lesa-humanidad