En un comunicado, la Coparmex señaló que cada año el Gobierno federal desatiende y se aparta de lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el gasto ejercido.
Según el más reciente análisis elaborado por México Evalúa referente al Ramo 23, estas diferencias son posibles debido a la flexibilidad normativa de este rubro de gasto que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contiene “obligaciones y responsabilidades del Gobierno federal que, por su naturaleza, no es posible preever en otros ramos administrativos o generales”.
La Coparmex destacó que al permitir “adecuaciones presupuestarias” para cumplir los objetivos de los programas, “el Ramo 23 se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad en el gasto público, generando graves distorsiones”.
“Se utiliza en un instrumento de control político del Gobierno federal sobre los gobiernos estatales; se permite el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral, y se erosiona el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes para los gobiernos federal y locales”, puntualizó.
En 2017, el Ramo 23 tuvo un incremento seis veces mayor que el incremento del gasto en educación y en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, cerca de 318 mil millones de pesos, un equivalente al 30 por ciento de los nuevos ingresos, derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a solo tres programas del Ramo 23, indicó Coparmex.
Retomando el análisis de la organización México Evalúa, la Coparmex destacó que el Ramo 23 tiene un sesgo electoral y partidista y en un fenómeno que no es exclusivo de los gobiernos de una extracción partidista en particular.
“Un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República, (2011 y 2017, respectivamente), las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno”, precisó.De acuerdo con DATA Coparmex, que da seguimiento a indicadores que reflejan qué tan responsables es la deuda pública estatal, menos de la mitad de los estados cuentan con un endeudamiento sostenible.
El indicador #deudasinsentido ha detectado que entidades como Quintana Roo, Chihuahua o Coahuila, por ejemplo, tienen deudas estatales per cápita, que rondan los diez mil pesos por habitante, monto que representa hasta veinte veces más que la deuda de los estados menos endeudados, como Querétaro o Guerrero.
La Coparmex exigió que se respete íntegramente la legislación en materia presupuestaria y de finanzas públicas, así como una regulación inteligente del Ramo 23.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-03-2018/3396244