Integrantes de la comunidad universitaria, consultados por Proceso, coinciden en que la máxima casa de estudios del país carece de una política integral en materia de seguridad, pese a que sus esfuerzos formales por combatir hechos delictivos en su interior datan de 1985, cuando se creó una Comisión Especial de Seguridad en el seno de su Consejo Universitario (máximo órgano de autoridad colegiada), así como subcomisiones en la materia en cada una de sus facultades, escuelas e institutos.
Para el experto en temas de defensa y seguridad nacional Javier Oliva Posada, exacadémico del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, el problema está en que las acciones de las autoridades universitarias han surgido como “medidas reactivas” que son modificadas por el rector o los directores de las facultades en turno.
“Las medidas que se han tomado no son intensas, tampoco sistemáticas ni continuadas. Por otro lado, aterrizar políticas específicas de seguridad en la universidad es un procedimiento bastante complicado (…) no veo objetivos”, consideró el también excoordinador del diplomado Defensa y Seguridad Nacionales, de la FCPyS.
Tras asumir la Rectoría de la UNAM en noviembre de 2015, Enrique Graue Wiechers presentó su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, integrado por 17 programas estratégicos; en el último, apenas aborda el tema de la seguridad.
En cuatro líneas de acción y seis proyectos estratégicos, el rector plantea atender las necesidades de los laboratorios y talleres para prevenir accidentes en materia de protección civil, fortalecer la cultura de la prevención y del autocuidado, alumbrar espacios “críticos” de la universidad, fortalecer las capacidades de vigilancia, optimizar el sistema de transporte y continuar con el fortalecimiento de vigilancia en los alrededores de los campus mediante convenios con las autoridades. De ahí en fuera, no hay más planteamientos.
De acuerdo con una revisión que este semanario hizo de los reportes del exrector José Narro Robles –actual secretario de Salud–, que datan de 2008, y de los informes públicos de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, de 2013 a 2017, las principales acciones de seguridad en las dos últimas gestiones fueron la puesta en marcha de los programas Sendero Seguro y Transporte Seguro, la total renovación de los programas locales de protección civil, la aprobación de un programa de seguridad y protección civil para los periodos de asueto académico y vacaciones y la firma de convenios de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.
De esos esfuerzos destacó la creación, en diciembre de 2011, de una Agencia de Atención Especializada en Ciudad Universitaria.
Actualmente los programas Sendero Seguro y Transporte Seguro siguen vigentes. Sin embargo, la agencia especializada, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia capitalina, ubicada a un lado del Metro Universidad, en la delegación Coyoacán, cerró luego de que un policía de investigación disparó su arma contra un alumno, en noviembre de 2014.
El plan actual
Desde noviembre de 2015, la estrategia de seguridad de Graue Wiechers se ha basado en la “firma de convenios” para el incremento de patrullaje en los alrededores de Ciudad Universitaria, así como de los 14 planteles de bachillerato y los cinco campus de las Facultades de Estudios Superiores en Aragón, Acatlán, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza.
Además, en agosto de 2016 se compraron 30 vehículos de vigilancia, seis camionetas de doble cabina para utilizarlas en los cinco turnos de vigilancia de la UNAM, dos camionetas para el cuerpo de bomberos y de protección civil, 10 cuatrimotos para monitorear zonas consideradas “puntos rojos” y de difícil acceso, y se lanzó la aplicación PUMAPP, para denunciar delitos.
De acuerdo con una fuente cercana a la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, el hallazgo del cuerpo de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, atado por el cuello a una cabina telefónica, en mayo de 2017, fue un parteaguas para la actual administración del rector.
Desde entonces, específicamente en Ciudad Universitaria se puso en marcha un programa de 10 puntos que incluyen el control de acceso vehicular, la instalación de 700 luminarias y botones de emergencia, la renovación de las bases de vigilancia y el incremento de cámaras de seguridad. Aún no concluye la ejecución de todos los puntos de ese plan.
Además de Javier Oliva, Gustavo de la Vega Shiota, expresidente del Consejo de Sociólogos, e Imanol Ordorika Sacristán, director general de Evaluación Institucional, consideraron que para analizar hechos violentos como el del 23 de febrero es necesario tomar en cuenta la “naturaleza de la UNAM”, la extensión de Ciudad Universitaria (unas 730 hectáreas) y la facilidad con la que se puede entrar a sus instalaciones
“La UNAM hace lo máximo posible y se adapta ante cada situación que está viviendo, con esa posibilidad de mejorarlo todo. Uno no puede decir que la UNAM es como una isla en la que todo está bien. En el actual contexto de las políticas de seguridad, el Poder Judicial, la procuración de justicia y el comportamiento de los cuerpos policiacos ha sido completamente malo, es imposible pretender que la UNAM resuelva, como si fuera una isla, lo que afuera no se puede resolver por condiciones particulares.
“Como decía Barros Sierra, ‘la UNAM es el espejo del mejor México posible’, donde se muestran buena parte de las mejores cosas que hay en el país, pero también muchos de los defectos que ocurren en el país”, comenta Ordorika, también líder estudiantil y organizador del Consejo Estudiantil Universitario durante la huelga de 1987.
Los entrevistados coinciden en que atender el tema de seguridad es complejo; por ejemplo, según el artículo 16 del Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad de la UNAM, esta comisión debe atender asuntos relacionados con protección civil y de seguridad.
Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y organizaciones estudiantiles comentan que hace falta la inclusión de alumnos y empleados en la toma de decisiones en materia de seguridad.
En entrevista, Ángel Cervantes, alumno de la Facultad de Derecho, y miembro de la Central de Estudiantes Universitarios, criticó la falta de inclusión de la comunidad estudiantil en las comisiones locales de seguridad, comentario que coincide con el de Héctor Maya Castro, integrante de la Comisión de Legislación Universitaria, del Consejo Universitario, y representante de los trabajadores administrativos y del STUNAM.
Maya Castro insiste en que el diálogo debe abrirse a toda la comunidad puma, y que, por ejemplo, se debería dejar participar a los administrativos en los Consejos Técnicos de las facultades, para registrar cómo cada sector universitario padece la inseguridad.
Temor en CU
Los integrantes del cuerpo de vigilancia de la UNAM son parte central de su esquema de seguridad. Al respecto, Maya y Ordorika critican su “estigmatización”, cuestionan la imagen que se ha propalado en medios de comunicación respecto de que estos empleados son cómplices o aliados del narcomenudeo.
Cifras obtenidas por este medio dan cuenta de que sólo hay 80 personas de seguridad en cada uno de los cinco turnos en que trabaja el cuerpo de vigilancia de la UNAM, es decir, 800 vigilantes están asignados para una población ambulante de 200 mil personas.
Fuentes que solicitan que no se revele su identidad, revelan que “gran parte” del gremio de vigilancia está “atemorizado” y “amedrentado”, especialmente por células de narcomenudistas, que regresan a confrontar y a amagar a los trabajadores cuando son puestos en libertad.
Incluso, uno de los entrevistados relata que hay casos en que al llegar al Ministerio Público los vendedores de droga acusan a los vigilantes de la UNAM de secuestro y violaciones a sus derechos humanos.
En este punto, Ordorika subraya la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la procuraduría capitalina, pues aseguró que la universidad “jamás” ha impedido el ingreso del Ministerio Público para investigar o realizar sus diligencias dentro del campus.
“La PGR y la PGJ-CDMX han sido omisas, enteramente deficientes e intencionalmente ausentes, por ejemplo, en la solución expedita y en el castigo al asesino de Lesvy. Para eso no hace falta tener policías armados en CU, hace falta que hagan bien el trabajo que tengan que hacer cuando entren a las instalaciones universitarias”, expone, a título personal.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de Seguridad de 2015, el más reciente donde se exponen cifras en materia de seguridad, de diciembre de 2007 a julio de 2015, la UNAM presentó dos mil 955 denuncias penales ante instancias de procuración de justicia federal y local.
El mismo documento da cuenta de que había 769 averiguaciones en trámite: 573 ante la PGR y 196 en procuradurías locales; 32% de las averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República correspondían a daño a patrimonio federal. Otros delitos que se enlistan son “uso de violencia”, robo, posesión de droga y acoso sexual.
Maya también pone énfasis en las condiciones laborales. El personal de vigilancia, sobre todo el de la categoría de operadores móviles, no cuenta con otro instrumento para hacer frente a los delitos que su “voz” para intentar disuadir a, por ejemplo, narcomenudistas y “eso es un elemento que favorece la entrada de delincuentes al campus”.
Sin embargo, dice que si bien en el Contrato Colectivo de Trabajo se establece que la UNAM tiene la obligación de dar a sus trabajadores todos los instrumentos necesarios para sus actividades, “el gremio no exige que se les arme o que se les forme para enfrentar a los delincuentes.
“No queremos que a nuestros vigilantes se les den aditamentos para que de manera directa puedan confrontar al delincuente; lo que estamos diciendo es que necesitan capacitación para que cuando detecten en flagrancia al delincuente, puedan saber qué hacer de manera jurídica”.
Oliva, Ordorika y Maya mencionan que urge un programa de profesionalización de los vigilantes que no sólo implique un salto en el tabulador de salarios, sino que se les capacite en materia legal, como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de derechos humanos, que se les den más responsabilidades y también se les exija un mayor grado académico. Actualmente se les pide como mínimo la secundaria.
Maya dice que el STUNAM desde hace tiempo tiene la propuesta de echar a andar un “Protocolo de Seguridad” en el que se establezca de manera clara cómo debe ser el proceder jurídico de estudiantes, académicos y sobre todo vigilantes, cuando encuentren que alguien está cometiendo un delito. “Un protocolo de seguridad ayudaría a saber cómo tiene que actuar la comunidad, los trabajadores, cuando ven a estas personas, que les digan qué tienen que hacer, porque ante estos escenarios tan difíciles nadie sabe cómo actuar”.
Así enfrentan al narcomenudista
Maya, representante del STUNAM en el Consejo Universitario, advierte que actualmente no se cuenta con un protocolo y que los trabajadores actúan con base en lo que ellos consideran pertinente.
“Lo que hacen cuando ven este hecho es que se comunican a la Dirección de Protección Civil y a la Dirección General de Servicios Generales para que lleguen y en mayoría cerquen el lugar y traten de disuadir en grupo al vendedor de droga para retirarlo. Si pueden, lo retiene para de manera inmediata llevarlo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que ellos a su vez lo remitan al Ministerio Público”.
El clima general de los universitarios es la oposición a la entrada de cuerpos policiacos y de cuerpos armados para combatir el narcotráfico en Ciudad Universitaria. De la Vega Shiota califica de “absurdo” optar por pedir la presencia de elementos de la Policía Federal o del Ejército, pues recordó que está comprobado que su ejercicio no termina con el problema, ha demostrado no tener capacidad para su combate y, por el contrario, deviene en violaciones a los derechos humanos y en más violencia.
También dice que la memoria de la universidad recuerda que cuando se ha dado la entrada de cuerpos castrenses o federales han resultado “experiencias muy tristes y desastrosas”.
Este reportaje se publicó el 4 de marzo de 2018 en la edición 2157 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARELI VILLALOBOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/525007/en-cu-hasta-el-personal-de-seguridad-esta-en-riesgo