Se trata, según informó la propia PGR a través del comunicado 166/18, de “la videograbación íntegra que el sistema institucional de control de acceso registró” el día en que “un aspirante a la Presidencia” ingresó a la SEIDO junto con una comitiva y luego se retiró.
Este comunicado, que junto con el video fue difundido a través de Whatsapp a reporteros y en todas sus cuentas de Twitter, añade que la razón por la que se revela la información es el “interés público mostrado por los medios de comunicación respecto a lo que aconteció el pasado 25 de febrero”
En el video, de poco más de 11 minutos, se incluye una conversación entre Anaya y su abogado Diego Fernández de Cevallos.
Primera diferencia: Sobre la privacidad
Con ninguna otra persona relacionada con lavado de dinero u otro delito que involucre actos de corrupción, se han difundido grabaciones.
La PGR nunca difundió la visitas que hicieron a la procuraduría el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado, así como la visita del gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, éste último quien acudió a la delegación estatal de la dependencia para deslindarse de cualquier vínculo en el caso del presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos que implica al Partido del Trabajo (PT).
Tampoco alguna comparecencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción.
Segunda diferencia: La localización de Barreiro
El 21 de febrero pasado la PGR emitió el comunicado titulado “Investiga PGR hechos posiblemente constitutivos de lavado de dinero”. Esto luego de que dos empresarios revelaron, en una conferencia de prensa, que existía una investigación que involucra a Ricardo Anaya.
En ese mismo comunicado dijo que “había solicitado alertas migratorias” relacionadas con esta averiguación.
La PGR tardó un día en localizar en Canadá a Manuel Barreiro, empresario presuntamente vinculado con este caso, según un cable de Notimex, organismo público desconcentrado.
Esta celeridad contrasta con la de otras personas perseguidas por la justicia y que posiblemente están en el extranjero, las cuales, hasta el día de hoy, no han sido ubicadas.
Es el caso de Moises Mansur, que cuenta con orden de aprehensión desde 2016 por la PGR por su presunta vinculación con el exgobernador Javier Duarte y quien hasta ahora sigue sin ser ubicado ni tampoco hay noticia de su procedimiento de extradición. Se presume que también está en Canadá.
Otro ejemplo: el exgobernador de Chihuahua César Duarte no ha sido localizado o al menos la PGR no ha considerado conveniente informar nada sobre el caso, a pesar incluso de que ya se solicitó su extradición.
En el caso con el que se vincula a Anaya – que no se ha judicializado y sigue en integración–, la PGR ha emitido ya tres comunicados y desde el primero de ellos, el número 140/18, dio a conocer que se trataba de un caso de “posible lavado de dinero” y que había emitido alertas migratorias.
Tercera diferencia: Sobre las responsabilidades
Por la investigación de Odebrechet, el exfiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto, encargado de investigar a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, fue removido del cargo bajo el argumento de violar procedimientos al revelar información respecto a esta investigación.
El exdirector de Pemex fue señalado de presuntamente recibir sobornos en 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investigó el caso por posibles delitos electorales y durante el proceso, el fiscal Santiago Nieto Castillo declaró al periódico Reforma que Lozoya le había enviado una carta en la cual le pedía que hiciera “un pronunciamiento público sobre su inocencia”. Un día después, la PGR lo destituyó del cargo argumentando que esta declaración había violado el código de conducta de la institución al revelar datos de una investigación.
El caso Odebrecht involucra a 12 países en los que supuestamente la empresa entregó sobornos a funcionarios y políticos a cambio de la adjudicación de proyectos de construcción. Sobre esto, el exprocurador, Raúl Cervantes, declaró antes de renunciar en octubre de 2017 que la PGR había concluido las investigaciones respecto a uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional que se haya visto en América Latina y México”. Cuatro meses después no se sabe nada, incluso pese a la solicitud del Congreso exhorto del Sistema Nacional Anticorrupción de conocer los avances.
En este caso, el video fue difundido oficialmente.
Cuarta diferencia: Sobre la celeridad
La celeridad mostrada en la investigación del candidato Anaya contrasta con el tiempo invertido en otros casos donde hay empresas fantasma involucradas con montos millonarios.
La PGR tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con La Estafa Maestra, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la cual involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados, aun cuando desde 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó este esquema.
Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V, la empresa con la que supuestamente se lavó dinero a favor de Anaya, fue señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma sólo 18 meses después de su constitución. La compañía ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V, la mayor beneficiaria en el esquema de La Estafa Maestra, pudo operar durante ocho años hasta que apareció en la lista de empresas fantasma.
ESGER fue la empresa que más dinero recibió en el esquema de desvío documentado en La Estafa Maestra: 683 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La Auditoría señaló a dicha empresa en la Cuenta Pública de 2013 como la beneficiaria de los recursos después de la triangulación. Sin embargo, apareció en la lista del SAT cinco años después, al comprobarse que carecía de capital, infraestructura y empleados que sustentara sus operaciones y, por tanto, no podría cumplir con servicio alguno.
Otro caso fue el de la Estela de Luz. El caso de corrupción más mediático de la pasada administración. La ASF presentó denuncia penal en noviembre de 2012 por simulación de reintegros contra Banjército, y la empresa I.I.I. Servicios S.A de CV, derivado de un millonario daño patrimonial por irregularidades en la construcción de este monumento.
En sus informes, la ASF detectó severas irregularidades como la subcontratación, sin pasar por ningún proceso de licitación pública, de la citada empresa la cual no tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni el personal suficiente para llevar a cabo la obra del monumento, por lo que acabó triangulando 394 millones de pesos entre otras empresas.
La ASF concluyó que esta situación provocó que la obra se entregara un año y cuatro meses después de la fecha prevista para su inauguración, y con un costo adicional del 192%: de 394 millones presupuestados originalmente para la obra, se acabó pagando mil 146 millones de pesos.
A pesar de la gravedad de las irregularidades expuestas por la ASF, la denuncia tardó algo más de dos años en generar algún resultado: de acuerdo con un boletín publicado en la web de la PGR, no fue hasta el 2 de enero de 2015 que la autoridad anunció que se ejercitó “acción penal” contra los integrantes del Comité de Obras Públicas de la empresa I.I.I. Servicios SA de CV, librándose órdenes de aprehensión en su contra.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2018/03/ricardo-anaya-investigaciones-pgr-lavado-corrupcion/