Al mismo tiempo, el hoy candidato presidencial del PRI consideró que ese tribunal con sede en La Haya no iba a tener necesidad de ejercer acciones penales contra Peña Nieto y otros funcionarios de su administración por el caso Ayotzinapa, ya que el Estado mexicano había mostrado “convicción, voluntad y capacidad” para resolverlo.
Es claro que Meade se equivocó. La investigación del gobierno de Peña sobre la desaparición de los 43 normalistas en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala no ha producido, hasta ahora, ninguna sentencia contra presuntos responsables que están detenidos y sometidos a procesos penales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el crimen entre marzo de 2015 y abril de 2016 por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se enfrentó durante su estancia en México a una serie de ocultamientos de información y obstáculos a sus labores.
Los responsables de entorpecer esa investigación conducida por cinco profesionales de las ciencias penales, la criminología y los derechos humanos del más alto nivel fueron funcionarios del gobierno mexicano tanto del ámbito judicial como del político y del militar, según han denunciado exintegrantes del GIEI.
Lo que ellos creen es que el gobierno de Peña Nieto se empeñó en defender una conclusión que es insostenible de acuerdo con las evidencias: la de la “verdad histórica” proclamada en enero de 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, según la cual los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El pasado viernes 2, durante una audiencia de la CIDH en Bogotá, en la que se abordó el caso Ayotzinapa, los abogados de los padres de las víctimas llamaron a esa versión oficial de los hechos la “mentira histórica”.
Si bien hay elementos para suponer que Guerreros Unidos participó en el hecho, también hay pruebas que descartan que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y que ubican al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en esa escena del crimen, en una diligencia ilegal que, según padres de los desaparecidos, habría tenido como propósito “sembrar” evidencias.
Relatores de la CIDH consideran que hay fundamentos para suponer que el Estado mexicano no ha tenido la suficiente voluntad para esclarecer la desaparición de los estudiantes, dar con su paradero y sancionar judicialmente a los responsables. Mucho menos a los eventuales cómplices políticos de Guerreros Unidos, más allá de las autoridades municipales de Iguala ya encarceladas.
A estas alturas –41 meses después de la desaparición forzosa de los normalistas y a nueve meses de que termine el sexenio de Peña Nieto–, Meade debe saber que el gobierno en el que fue canciller, secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda no ha mostrado ni voluntad ni capacidad para resolver ese caso.
Y, por lo tanto, eso configuraría una causal para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue y sancione penalmente a los funcionarios mexicanos que, por negligentes o eventualmente por entorpecimiento, impidieron la posibilidad de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso Ayotzinapa.
La CPI interviene en los casos de crímenes de lesa humanidad o de guerra que los sistemas de justicia de los países son incapaces de investigar y, por tanto, pueden queden impunes.
“Lo que busca la CPI es la no impunidad de delitos de este tipo. A diferencia del Sistema Interamericano de Justicia (la comisión y la corte de derechos humanos), no establece responsabilidades a los Estados, sino a los funcionarios de esos Estados que buscaron la impunidad, por acción u omisión, en un crimen de lesa humanidad”, explica un experto en derecho internacional humanitario.
De hecho, organizaciones mexicanas de derechos humanos ya enviaron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un expediente sobre el caso Ayotzinapa en el que se incluyen los informes del GIEI sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y las evidencias de que se trató de un operativo coordinado en el que participaron delincuentes y diferentes autoridades.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y quien el pasado viernes 2 estuvo en Bogotá, en la sesión de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa, dijo a Apro que lo que ahora procede es entregar a Bensouda información que demuestre que el crimen contra los 43 normalistas forma parte de una situación sistemática y generalizada en México: la desaparición forzada de personas.
“Lo que nosotros buscamos es que el caso Ayotzinapa se valore en el conjunto de las más de 30 mil personas desaparecidas en México desde el sexenio pasado. Y lo que planteamos es que Ayotzinapa es un claro ejemplo de este fenómeno de macrocriminalidad en la que hay un claro vínculo entre el crimen organizado y el poder público, que se convierten en lo mismo”, dijo Patrón.
De acuerdo con el abogado, será la CPI la que decida a quiénes se investiga, y eventualmente, si la denuncia prospera, contra qué funcionarios mexicanos se formulan acusaciones penales.
“Lo que sí decimos es que se tendría que investigar a todos los eslabones de la cadena de mando, desde la base hasta el más alto nivel, ya sea por sus acciones u omisiones”, señaló.
En diciembre, como precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “se revisó en las diferentes instancias jurisdiccionales” y “habrá de seguirse revisando”.
Falta ver si, como candidato, Meade sostiene lo que dijo como canciller.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/524857/meade-pena-ayotzinapa-y-el-acecho-de-la-corte-penal-internacional